ONU: «La tolerancia de la comunidad internacional hacia Israel ha permitido que la impunidad socave la rendición de cuentas»

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Michael Lynk, ha presentado su sexto informe a la Asamblea General, al que ha tenido acceso Diario16.

Este documento se basa fundamentalmente en información aportada por víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y organismos de las Naciones Unidas. En el informe se tratan diversas preocupaciones suscitadas por la situación de los derechos humanos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y en Gaza, y se analiza en profundidad la responsabilidad y la actuación de los agentes internacionales.

Según el documento, en los últimos años, la ocupación israelí de Palestina, que dura ya 54 años —‍siempre represiva, siempre adquisitiva—, ha metastatizado en algo mucho más hostil y arraigado: la dominación extranjera permanente de un pueblo sobre otro que se ve atrapado en un sistema de dos niveles desiguales en cuanto a leyes y derechos políticos.

Más de 680.000 colonos israelíes viven en asentamientos segregados y privilegiados en un entorno caracterizado por la presencia de 5 millones de palestinos, guerras asimétricas, fragmentación geográfica, una economía asfixiada que depende enormemente de la ayuda internacional, redes separadas de carreteras y servicios públicos, guetos empobrecidos y cercados únicos en el mundo moderno, un entorno coercitivo, la violencia cada vez mayor necesaria para mantener la ocupación; la negación del derecho a la libre determinación y el profundo desequilibrio en el acceso a la propiedad y en el goce de los derechos sociales, sanitarios y laborales. «Todo ello basado enteramente en la nacionalidad y la etnia. Todo ello debería ser inconcebible en el siglo XXI», afirma el informe.

Los juristas, incluidos académicos israelíes, han confirmado que, según el derecho internacional, una ocupación debe ser de corta duración y temporal, debe llevarse a cabo estrictamente de buena fe y atendiendo al interés superior de la población ocupada, la Potencia ocupante no adquiere absolutamente ningún derecho a asentar a su población civil en el territorio ocupado ni a anexionarse ninguna parte de este, y el territorio debe ser devuelto en su totalidad al soberano —el pueblo ocupado— tan pronto como sea razonablemente posible. Israel, por tanto, incumple desde hace mucho tiempo todos estos principios fundamentales, y su ocupación ha cruzado una clara línea roja de la ilegalidad según el derecho internacional.

Incomprensiblemente, la comunidad internacional se ha mostrado reacia a cuestionar de forma significativa los cambios trascendentales que Israel ha estado generando sobre el terreno, y más aún a actuar con decisión para invertirlos. Se trata de un fracaso político de primer orden. Esa misma comunidad internacional, por conducto de los principales órganos políticos y jurídicos de las Naciones Unidas, ha establecido el ampliamente aceptado y detallado marco basado en derechos para la supervisión y solución de la ocupación israelí de Palestina.

En consecuencia, según indica el documento, la prolongada ocupación israelí debe terminar definitivamente. Tanto los palestinos como los israelíes tienen derecho a vivir en paz y seguridad y a disfrutar del derecho a la libre determinación, lo cual incluye Estados soberanos, seguros y viables, dentro de los límites del Mandato de Palestina, sobre la base de las fronteras de 1967.

Anexionarse un territorio ocupado es ilegal. El informe de Naciones Unidas es contundente en este sentido. Los más de 280 asentamientos israelíes en Jerusalén Oriental y Cisjordania constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional. Israel se ha anexionado ilegalmente Jerusalén Este, que sigue siendo territorio ocupado. Los refugiados palestinos, a causa de las guerras de 1948 y 1967, tienen derecho a regresar a su patria si así lo deciden.

Gaza es una parte integral de Palestina y sigue ocupada, y el bloqueo israelí constituye una forma prohibida de castigo colectivo. «El deber político y jurídico de rendir cuentas conlleva que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de combatir y hacer cesar las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional, para lo cual dispone de vastas atribuciones políticas y jurídicas para sancionar a los infractores hasta que cumplan con sus obligaciones», señala el informe de Naciones Unidas.

Insistir en el derecho internacional y en un marco basado en derechos como fundamento para supervisar la ocupación israelí y ponerle fin, y con vistas a concebir una solución justa y duradera para palestinos e israelíes por igual, no supone evadirse de la realidad ni representa un impedimento inflexible para una labor diplomática comprometida. Por el contrario, según indica el informe, «dicho marco establece límites políticos claros que determinan qué comportamientos son o no son tolerables, límites que todos los Estados y agentes internacionales —grandes y pequeños, fuertes y débiles, democráticos y autoritarios— se han comprometido a respetar al ratificar los tratados, convenios, convenciones y pactos modernos y asumir la condición de miembros de las Naciones Unidas».

Además, obedecer el derecho internacional no solo es un deber de los agentes internacionales; también ha sido una práctica generalizada entre los Estados, como ponen de manifiesto el flujo internacional de las inversiones y el comercio, el respeto de las fronteras y la soberanía, la proliferación de instituciones internacionales que vigilan el cumplimiento y promueven la cooperación, y la regulación de aspectos tan cotidianos como los viajes, el correo, los derechos de custodia y la tecnología.

Sin embargo, la «notable tolerancia de la comunidad internacional hacia la excepcionalidad israelí en su gestión de la ocupación ha permitido que la realpolitik se imponga a los derechos, que el poder suplante a la justicia y que la impunidad socave la rendición de cuentas», afirma el informe del Relator de Naciones Unidas.

Este ha sido el hilo conductor manifiesto de todo el proceso de paz Madrid-Oslo, que comenzó en 1991. Israel, sin apenas oposición de los principales agentes internacionales, ha podido insistir con éxito en que las negociaciones con los palestinos deben tener lugar fuera del marco del derecho internacional aplicable y del consenso internacional predominante, a pesar de los imperativos del orden internacional basado en normas.

Así pues, Israel ha podido mantener una postura de negociación obstinada con el fin de formalizar su reivindicación de Jerusalén Oriental y la mayoría de sus asentamientos en Cisjordania, si no todos, mientras tolera un simulacro de Estado para los palestinos que no estaría dotado ni de territorio significativo ni de soberanía.

«Para la comunidad internacional, esta situación ha propiciado una paradoja desconcertante: pese a que no hay ninguna zona de conflicto en el mundo sobre la que las Naciones Unidas se hayan pronunciado con tanta frecuencia y detalle acerca del marco para la solución del conflicto, este marco rara vez ha fundamentado las diversas iniciativas del proceso de paz relacionadas con Oslo —a saber, la Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional de 1993, los Acuerdos de Oslo II de 1995, las negociaciones de Camp David de 2000, los Parámetros de Clinton de 2001, los principios del Cuarteto de 2003, la fórmula de Annapolis de 2007, la iniciativa de Kerry de 2013/2014 y el plan Paz para la Prosperidad de Trump de 2020—, que han ido fracasando sucesivamente ante la falta de un andamiaje jurídico sólido y de voluntad política para sostener una solución basada en los derechos», afirma el documento de Naciones Unidas.

La incapacidad de la comunidad internacional para insistir en su propio marco basado en derechos y hacer cumplir sus numerosas resoluciones ha hecho que se evaporen las posibilidades que pudieran quedar para alcanzar una auténtica solución biestatal.

En su lugar ha surgido lo que la Unión Europea ha reconocido como una realidad de un solo Estado en el que hay desigualdad de derechos, y lo que los grupos de derechos humanos regionales e internacionales han calificado como apartheid.