En los últimos años, la crisis económica, el aumento del paro, el incremento de los precios del alquiler, y el escaso parque de viviendas sociales han sido algunas de las causas que han provocado que crezca el número de ocupaciones de viviendas en España.
Estos hechos, reflejados en los medios de comunicación con noticias como “La presión popular desaloja a los okupas que dejaron sin casa a una anciana de 94 años en Portugalete” “Una joven madrileña okupa la casa de su abuelo aprovechando que estaba de viaje” “Así actúan las mafias de la okupación: «Le devuelvo su casa por 10.000 euros»” “Asesinado a puñaladas y golpes en una «corrala okupa» de Anchuelo: «La pelea fue por un lío de pisos»” “Infierno vecinal en Parla: okupados 260 pisos, con coches quemados, reyertas y aguas fecales”, están generando debate social.
Al mismo tiempo, que una demanda ciudadana de respuesta por parte de las administraciones, en la doble vertiente de acabar con la ocupación ilegal y hacer efectivo el derecho a una vivienda a los ciudadanos.
Pero ¿Cuál es la magnitud del fenómeno de la ocupación en España? Porque la primera cuestión que hay que conocer y considerar es la dimensión de este problema. Aquí, hay que señalar que, aunque algunas fuentes afirman que hay en torno a 100.000 viviendas ocupadas ilegalmente, se desconoce el número en España.
Aun así, vistos los datos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nos encontramos ante un conflicto serio que hay que solucionar, ya que la ocupación ilegal de viviendas ha crecido un 58 por ciento en el periodo comprendido entre 2013 y 2018.
Concretamente, durante el año 2018, los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tuvieron conocimiento de 12.214 ocupaciones ilegales, lo que equivale a un promedio de 33 casos al día. Una cifra, que contrasta con las 7.739 ocupaciones de las que tuvieron conocimiento durante el año 2013.
Existe cierta alarma en la sociedad ante este fenómeno, especialmente cuando son mafias las que primero ocupan las viviendas y posteriormente las realquilan principalmente a personas o familias son pocos recursos. Tal es así, que cuando se pregunta a los ciudadanos como piensa que debería actuar el Estado ante las “okupaciones”, un 39 por ciento opina que expulsando inmediatamente a los okupas; un 31,3 por ciento dando soluciones habitacionales alternativas a los okupas; y un 22, 7 por ciento dialogando con los okupas para encontrar soluciones, según los datos del barómetro del CIS de junio de 2019.
Pero estos datos, son aún mayores, cuando se especifica si se ocupa una vivienda habitual de una persona después de pasar unos días fuera, por vacaciones o por otros motivos. En estos casos, un 57,8 por ciento de los ciudadanos piensa que hay que desalojar a los okupas inmediatamente; un 27,3 por ciento en un plazo de 48 horas una vez que hayan sido denunciados, y un 8,2 por ciento otras respuestas.
La opinión de la ciudadanía es clara en relación con este tema. Es cierto, que la ocupación encierra distintas problemáticas. Pero no lo es menos que es preciso que las administraciones se den las herramientas legislativas necesarias para acabar con la ocupación ilegal de una manera más rápida, y al mismo tiempo, dar una alternativa habitacional a aquellas personas o familias que necesitan una vivienda digna para vivir.
No es de recibo que la falta de una vivienda lleve a familias en situaciones de necesidad a dar una patada a una puerta o a ponerse en manos de unas mafias, a las que hay que combatir con todos los medios.
Mientras tanto, el 90,2 por ciento de la población cree que el derecho de todos los españoles a tener una vivienda digna debe ser protegido de manera activa por el Gobierno español.
La actua legislación y, lo que es peor, la ausencia de proyecto para modificarla favorece claramente al «okupa» y perjudica «claramene» al propietario legal. Se podría estar ante un problema que acaba de aparecer pero no es así. Hace muchos años que existe. Crece gracias a la pasividad de las autoridades legislativas. Otra muestra de inoperancia de las mismas. En muchas ocasiones el «delincuente» va delante y los legisladores detrás. Tarde pero «reaccionan». En este caso no hay «reacción» con lo que el problema de la «okupación» por mafias, etc. crecerá. Y, naturalmente, perjudicará a más propietarios legales. La nueva ley, si un día llega, no sólo debe expulsar inmediatamente al «okupante» sino sancionarle y obligarle a pagar los desperfectos. Cuando eso suceda se lo pensarán mucho más. Es incomprensible que el problema crezca y no haya «reacción» por quien tiene la responsabilidad.