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Objetivo del pacto: dignificar el degradado, precario y salvaje mercado laboral español

Subir el salario mínimo, potenciar el empleo de calidad, acabar con el fraude en las contrataciones y blindar derechos en un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI son algunas de las grandes medidas del programa suscrito por PSOE y Unidas Podemos

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El pacto PSOE-Unidas Podemos tratará de combatir la precariedad del mercado laboral español, uno de los más degradados de la Unión Europea. Con las medidas suscritas, los dos partidos firmantes esperan lograr una política económica orientada a reducir la desigualdad, mejorar la cohesión social en todo el territorio nacional y fomentar las políticas de empleo.

La medida estrella será sin duda la derogación de los puntos más lesivos de la reforma laboral de Mariano Rajoy. “Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos”, establece el documento firmado. Las medidas concretas se centrarán en derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad; acabar con las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo; y liquidar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. En general, el acuerdo PSOE-Podemos contempla revisar las causas del despido para hacer más precisa la “definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción” e intentará reforzar el papel de la Inspección y de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos y en otros expedientes de regulación de empleo (ERE).

Otro pilar fundamental del descontrolado mercado laboral levantado por Rajoy, las subcontratas en precario, también parecen tener los días contados: “Asimismo, modificaremos el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa”. El pacto tratará de limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa. Buena parte del acuerdo es un manifiesto en favor de la recuperación de los convenios colectivos, una herramienta de negociación que el PP enterró en sus sucesivas reformas.

Otro punto novedoso será la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI que “compagine la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos” con la necesaria competitividad empresarial y el papel de la negociación colectiva como elemento de reequilibrio necesario. A tal efecto, se podrá constituir un grupo de trabajo para la redacción del nuevo Estatuto, que estará integrado por expertos y expertas de reconocido prestigio del ámbito académico y profesional.

En cuanto a la mejora del salario mínimo interprofesional (SMI) se irá aumentando hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España tal como recomienda la Carta Social Europea. Esta medida permitiría a los trabajadores ir ganando poder adquisitivo hasta acercarse a los 1.200 euros de SMI.

Sobre los modelos de contratación, se revisarán los contratos formativos y se aprobará y desarrollará el Estatuto del Becario para que su uso responda a finalidades exclusivamente formativas. “Impulsaremos la mejora de sus retribuciones y limitaremos el encadenamiento de períodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios y becarias en las empresas”.

El documento PSOE-Podemos busca “simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo”. “Reforzaremos el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo, promoviendo las reformas legislativas necesarias para ello. Exploraremos las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales”.

En cuanto a la contratación a tiempo parcial se reforzarán los controles, en especial en lo relativo a la distribución irregular del tiempo de trabajo contratado. Para ello, “revisaremos la normativa sobre trabajo a tiempo parcial, para prevenir su uso fraudulento y para garantizar efectivamente que las condiciones de trabajo y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial son iguales a los de los contratados a tiempo completo. Intensificaremos las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, particularmente en materia de tiempo de trabajo y de economía irregular. También se endurecerá el régimen de infracciones y sanciones aplicables frente a eventuales incumplimientos por parte de las empresas. Reforzaremos la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial”, añade el pacto.

Uno de los grandes problemas del mercado laboral español es su inmensa bolsa de fraude. Para luchar contra ella, el pacto apuesta por incluir el uso de las nuevas tecnologías, automatizando y conectando procesos y Big Data de diversas unidades administrativas y reforzando el sistema de control y sancionador. Los esfuerzos se centrarán en tres áreas: 1) el abuso de la contratación temporal concatenada sobre un mismo trabajador o trabajadora, o un mismo puesto de trabajo; 2) el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas y 3) los falsos autónomos, falsos cooperativistas y falsos becarios. “Perseguiremos el fraude de los falsos autónomos, prestando especial atención a las situaciones en las que los ingresos obtenidos por los trabajadores y las trabajadoras procedan de un único cliente o empleador”.

El documento apuesta por potenciar políticas activas de empleo y simplificar las prestaciones por desempleo. “Garantizaremos una atención individualizada, profesional e integral a los desempleados y desempleadas, dirigida a su rápida reincorporación al mercado de trabajo, prestando especial atención a los jóvenes, parados de larga duración y a los supuestos de exclusión social. Las políticas activas de empleo garantizarán que las ofertas de colocación sean adecuadas a las aptitudes y los perfiles formativos de las personas desempleadas. Mejoraremos el sistema de protección por desempleo mediante una reordenación y simplificación que refuerce la protección de las personas desempleadas que lo necesiten”.

Economía Social

Otras medidas serán lanzar un Plan Nacional de Emprendimiento Social; apoyar a las empresas de economía social; actualizar la legislación de prevención de riesgos laborales; avanzar en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y corresponsabilidad en el tiempo de trabajo; introducir el derecho a la desconexión digital y a la adecuada gestión del tiempo de trabajo; y luchar contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Algunas medidas van especialmente dirigidas a colectivos en situación de especial vulnerabilidad como las empleadas del hogar; personas emigradas (programas para recuperar a quienes salieron de nuestro país en busca de un empleo, especialmente jóvenes e investigadores); y trabajadores de la función pública, con especial atención a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

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