Nuevo toque de atención al PSOE por utilizar el Gobierno con fines electoralistas. La Junta Electoral Central admite parcialmente la denuncia de Esquerra Republicana presentada contra la campaña insitucional lanzada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el nombre Spain #EverybodysLand y suspende, hasta pasadas las elecciones, la difusión de dicho vídeo.
El partido que lidera Oriol Junqueras solicitaba la retirada del vídeo de la Secretaría de Estado España Global, de su página web institucional y de las redes sociales, por no adecuarse a la normativa electoral.
Así, el informe de la Junta Electoral Central, al que ha tenido acceso diario16.com, especifica que pese a las alegaciones de la Secretaría de Estado de Comunicación, “esta Junta considera que nos encontramos ante un video organizado y financiado con recursos públicos, que comienza a emitirse en el curso de un proceso electoral y en el que todos sus protagonistas son ministros del Gobierno en funciones, a la par que candidatos en las elecciones generales del 10 de noviembre o destacados líderes de una de las formaciones políticas que se presentan a dichas elecciones, razones por las que claramente está afectado el principio de igualdad en el ejercicio del derecho de sufragio pasivo”.
Además, también considera que el video no se acompaña de ningún mensaje que justifique la exclusión de otros protagonistas de la vida política y social, por lo que el mensaje positivo de la realidad española se asocia fácilmente al partido político que sustenta al Gobierno. No se aclaran las razones por las que no se concedió ese protagonismo a otras personas que no fuesen líderes políticos del partido que apoya al Gobierno, ni candidatos a las próximas elecciones generales, lo que determina una mayor incidencia en ese principio.
La Junta Electoral Central especifica que el video denunciado vulnera el artículo 50.2 de la LOREG, en tanto que con el mismo se produce un resultado publicitario elogioso y electoralmente favorable para una parte de los candidatos, lo que, a juicio de este organismo, “provoca la patrimonialización de la campaña en beneficio de una de las formaciones políticas contendientes”, con la consiguiente quiebra del principio de igualdad (art. 8.1 de la LOREG), a la par que se quebranta el principio de neutralidad que deben respetar los poderes públicos durante todo el periodo electoral.
