La justicia italiana deja en libertad sin medidas cautelares a Carles Puigdemont, esperando a que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que se pronuncie sobre la cuestión que había realizado previamente el juez de instrucción Pablo Llarena.
Un galimatías jurídico que es sencillo de describir en términos coloquiales: el juez Llarena se habría «disparado en su propio pie».
En el momento en que la justicia belga dejó claro que no entregaría a Lluis Puig a España, al considerar que no le esperaba un juicio con todas las garantías necesarias, que no tendría un juez natural, el juez de instrucción del Supremo, Pablo Llarena, planteó una cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE, precisamente sobre la vigencia de las euroórdenes de Comín, Puigdemont y Ponsatí.
Lo que viene a denominarse en Derecho «cuestión prejudicial» debe ser resuelto por el TJUE, y mientras tanto, la cuestión objeto de la pregunta, quedaría en suspenso. Por lo tanto, la euroorden está en suspenso mientras el TJUE delibera sobre la pregunta hecha por el propio juez Llarena.
Es lo que había pedido la fiscalía esta mañana a la juez italiana. Y además, la defensa de Puigdemont se habría sumado a esta petición: esperar la respuesta del TJUE.
Sin embargo, Llarena parece querer demostrar una y otra vez que desconoce el hecho de que, mientras espera respuesta, la euroorden en cuestión no puede surtir efectos. Algo que afirmó la Abogacía del Estado ante el TGUE, que consideraba que no se podía activar la detención del president ni de los dos compañeros eurodiputados, precisamente por este motivo: porque estaban suspendidas mientras respondiera el TJUE.
El juez instructor no ha perdido la oportunidad en estos días de ir por libre, ajeno a lo que establece el Derecho Europeo y ajeno al posicionamiento de la Abogacía del Estado, que es la única que puede representar a España ante el TGUE.
Hoy ha ido incluso más lejos, solicitando por escrito la detención de Clara POnsatí y de Toni Comín, afirmando que sus euroórdenes estaban en situación parecida a la de Puigdemont. Queda claro que para la justicia italiana, todas ellas están en suspenso.
Supone esta decisión un varapalo más para la justicia española.
Si éste, su parienta, Lesmes, Marchena, Ferrer, etcétera, cogiesen sus ahorros y fuesen a tomar por culo donde dejen de avergonzar a todo un continente, tanto nos valdría. No sólo están caducados en su mandato, sino como personas.
Qué puedes decir si desconocen su propio cometido?
Yo me canso de decir que no valen para nada. Y es todavía más sospechoso que su declarada militancia que no haya dentro del alto tribunal quien ponga en evidencia a esta cabaña de cabestros. Lo que quiere decir que son todos cornudos.
Por favor; márchense e múrchanse. Ya!