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Nuevo golpe de Casado a la democracia: saca al PP del pacto antitransfuguismo

El acuerdo, vigente desde el año 1998, tenía por misión velar por la limpieza de la democracia en los partidos políticos

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Desde la Operación Murcia, en la que el PP logró comprar las voluntades de tres diputados tránsfugas de Ciudadanos para derrotar la moción de censura del PSOE y mantener en el poder a López Miras, el pacto antitransfuguismo estaba herido de muerte. Hoy se ha consumado el certificado de defunción. El PP ha abandonado oficialmente ese pacto que tiene por objetivo garantizar la limpieza de nuestro sistema democrático. Los populares han remitido una carta al Ministerio de Política Territorial y Función Pública de Miquel Iceta informando de su salida, el pasado mes de abril, de un pacto en el que llevaba desde 1998 y que fue renovado por última vez el año pasado. Génova 13 recalca que, habiendo salido del pacto, este ya no puede emitir informes o dictámenes sobre los cargos electos de su formación política. Aun así, abre la puerta a volver en el futuro.

Era la crónica de una decisión anunciada. El partido de Pablo Casado no podía seguir, ni por un minuto más, en el pacto antitransfuguismo. No solo por razones políticas, también por razones éticas. Sería una auténtica hipocresía que una formación política que es capaz de urdir la oscura trama de Murcia siguiese manteniendo la apariencia de que respeta las reglas del juego democrático.

La misiva, según fuentes de TVE, está firmada por la responsable de política local del partido, Raquel González Díez-Andino. En ella, el partido argumenta que el motivo se debe a la negativa de Iceta de convocar la comisión de seguimiento del pacto en un plazo de 48 horas tal como había solicitado el pasado 30 de marzo y 8 de abril. Así, en ambas ocasiones ya anunció que el PP “daría por denunciado el pacto”, entendiendo que “a partrir de dicha fecha carecería de validez al no estar suscrito por una mayoría cualificada de representantes de las Cortes Generales”.

“Habiéndose incumplido por ese ministro su obligación de convocar la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional, haber hecho caso omiso a las peticiones que se le hicieron, y utilizar torticeramente los acuerdos suscritos, la formación política que represento, y ello desde el pasado mes abril de 2021, no forma parte del mencionado pacto”, establece la misiva.

Pacto antitransfuguismo y estabilidad

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También asegura que “nunca” ha sido su deseo abandonar el Pacto por la Estabilidad Institucional, pero lo hace dada la “instrumentalización política del mismo, su utilización partidista y la existencia de unas profundas lagunas jurídicas en su marco regulador” que, dice, ya han denunciado.

Todo ello, prosigue, “nos obliga a denunciar la falta de imparcialidad y la ausencia de neutralidad en el funcionamiento del pacto que no podemos ni asumir ni aceptar por ser ambas contrarias al espíritu fundacional del pacto alcanzado en 1998”.

“Sirva por tanto la presente para trasladarle la extrañeza de mi formación al recibir un informe evacuado en el seno de un pacto cuyos informes, acuerdos y resoluciones carecen de validez al no contar con la mayoría necesaria de representantes de las Cortes Generales, tras la denuncia del mismo por parte de mi partido”, prosigue.

Adriana Lastra ha lamentado que el PP quiera “hacer saltar por los aires” este acuerdo del año 1998

A continuación, considera que se hace “un uso torticero de la Comisión de Expertos”, ya que una vez que el Partido Popular no forma parte del Pacto, dicha Comisión, “aplicando su reiterada doctrina, no podía emitir dictamen o informe alguno sobre los cargos electos del Partido Popular”, ya que “las directrices y normas que emanan del pacto sólo son aplicables a los actores políticos de aquellas formaciones que han aceptado y suscrito su contenido”.

“Señor ministro, el Partido Popular cree firmemente en la necesidad de garantizar la estabilidad en las instituciones y por tanto siempre tendrá la mejor de las predisposiciones para retornar al mismo”, prosigue la carta, pero señala que “para ello deben darse las condiciones de objetividad” que exige el partido.

El PP cree que para “garantizar la neutralidad del Pacto por la Estabilidad Institucional” se debe “despolitizar” el mismo, así como la Comisión de Expertos, que debería estar formada “por profesionales de reconocido prestigio e independientes de los partidos políticos que ahora los designan”.

Por su parte, María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, asegura que “desde el Gobierno lamentamos una última noticia que hemos conocido hace unos minutos en donde el PP nos comunica que abandona el pacto antitransfuguismo. Una triste noticia porque este pacto es fundamental para evitar la compra y venta de cargos públicos que se puedan dar entre las formaciones políticas. Por tanto, una decisión impropia del partido de la oposición y que constata la deriva que ha tomado el PP de Pablo Casado”. La ministra añade que “es algo fundamental para evitar la corrupción y la compra y venta de escaños entre las formaciones políticas”. “El PP estaba jugando al despiste para seguir jugando y seguir haciendo política con este transfuguismo”, insiste Montero.

A su vez, Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, ha lamentado que el PP quiera “hacer saltar por los aires” este acuerdo antitransfuguismo del año 1998. “El pacto ha dado sus frutos durante mucho tiempo y este nuevo pero tan viejo PP, renovado de caras pero no de ideas ni de actitudes, lo intenta dinamitar y hacer saltar por aires”, censura la portavoz socialista en rueda de prensa.

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