Tras una denuncia del sindicato Comisiones Obreras, la Inspección de Trabajo de Madrid ha dictado una resolución reconociendo que los colaboradores externos de las agencias de seguros Santalucía son falsos autónomos, según fuentes de esta organización sindical. Esta estrategia que “descentraliza los riesgos para la empresa trasladándolos a las personas trabajadoras” está muy presente en el sector asegurador, tal como viene denunciando CCOO. 

El objetivo compartido entre Gobierno y sindicatos de aproximar el Estatuto de los Trabajadores a las necesidades del siglo XXI debe definir con claridad las fronteras entre el trabajo asalariado y el trabajo por cuenta ajena, “cuestión imprescindible para acabar con el fraude de los falsos autónomos”. Este fraude, que precariza las condiciones laborales de las personas trabajadoras sustrayéndoles garantías básicas como la aplicación del convenio colectivo o la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se lleva practicando en el sector seguros desde hace muchos años, insiste Comisiones. Así lo está constatando la Inspección de Trabajo tras las denuncias sindicales.

El pasado año, la Inspección de Trabajo de Valencia ya obligó a la empresa Asnor (agencia exclusiva de Seguros Santalucía) a formalizar contratos laborales para el personal comercial. Ahora es la Inspección de Trabajo de Madrid la que resuelve en el mismo sentido.

¿En qué se basa esta resolución? La Inspección de Trabajo de Madrid visitó el pasado año algunos centros de trabajo de la empresa Centro Técnico de Agentes de Seguros (CTAS, SA), que es una agencia exclusiva de Santalucía. En dichas visitas, la Inspección de Trabajo ha podido comprobar que el personal que presta servicios vendiendo seguros para Santalucía mediante un contrato mercantil con la agencia, teniendo que cotizar en el Régimen de Autónomos, en realidad desempeñan una relación laboral común, “donde se dan todos los requisitos de ajenidad, dependencia y subordinación, pues desarrollan su trabajo en las propias oficinas de la empresa, utilizando herramientas y medios proporcionados por la empresa”, bajo las órdenes de un “monitor” o “inspector” que supervisa su trabajo, que además les indica dónde y cómo deben realizar sus visitas para la captación de seguros. No disponen de cartera propia, no emiten factura por sus comisiones de ventas, sino que es la empresa quien lo hace e incluso cumplen con un horario de trabajo concreto, debiendo solicitar a la empresa sus vacaciones  o permisos.

Tras constatar esta práctica fraudulenta, la Inspección de Trabajo ha practicado un Acta de Liquidación de cuotas por la que obliga a la empresa a abonar las cuotas al Régimen General de Seguridad Social correspondientes a las cotizaciones pendientes de su personal desde octubre de 2015 hasta enero de 2020, lo que asciende a 1.326.304 euros.

“Desde CCOO se va a seguir combatiendo activamente estas prácticas fraudulentas que no surgen con la digitalización ni son fruto de nuevas realidades laborales, sino de la mala fe de algunas empresas que cimentan sus beneficios sobre la base de la precariedad laboral”, añaden fuentes del sindicato. El fraude detectado en los falsos autónomos viene siendo denunciado por Diario16 desde hace años. La Asociación Liberados de Mapfre (ALM) interpuso una serie de demandas laborales contra la compañía aseguradora del Íbex 35 tras detectarse la contratación masiva de falsos autónomos en las 3.000 sucursales que la multinacional tiene repartidas por todo el país. Las denuncias fueron presentadas por delegados responsables de las oficinas, así como por los conocidos como APM (Agentes Profesionales Mapfre). “Desde entonces los acontecimientos se han precipitado”, asegura Ángel Díaz, presidente de la asociación de damnificados, “y la Inspección de Trabajo está investigando el caso”. Sin embargo, según ALM el Gobierno no estaría informando con absoluta transparencia sobre el resultado de las inspecciones que se están llevando a cabo, lo que ha infundido las sospechas en el sector.

Diario16 se ha puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo para tratar de recabar más información sobre el asunto de los falsos autónomos de Mapfre, pero fuentes de este departamento se negaron a facilitar el número de denuncias actualmente interpuestas contra la empresa del Íbex 35. Tampoco la compañía ha mostrado su predisposición a la transparencia, ya que ha declinado facilitar cualquier dato al respecto.

¿Qué está pasando con los falsos autónomos?, se pregunta la asociación de afectados de Mapfre. “Nos queda la duda de que exista un trato de blanqueamiento de la situación, al ser Mapfre una multinacional del Íbex. O incluso de que estén negociando alguna fórmula para adaptar su estructura comercial a la legalidad. Algún directivo de Mapfre ha comentado que van a convertir las sucursales en franquicias. Sea lo que sea lo que hagan, nosotros vamos a exigir que cumplan la ley y también justicia por el daño y la ruina que han generado en cientos de familias”, asegura el presidente de la asociación, que insta a los sindicatos y a los partidos políticos a tomar cartas en el asunto. “Espero que si algún responsable de CCOO o UGT lee este artículo se decida a apoyarnos, al igual que los partidos políticos. Hemos enviado información a todos ellos”, alega.

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