La Agencia Nacional contra la Delincuencia de Reino Unido rechaza tramitar la euroorden

La Agencia Nacional contra la Delincuencia de Reino Unido ha rechazado tramitar la orden de detención europea contra la Consejera Clara Ponsati por considerar que es «desproporcionada con arreglo a la legislación del Reino Unido». Así lo han especificado en la documentación remitida al Ministerio del Interior español por parte de las autoridades británicas. Solamente han pasado 24 horas desde que recibieron la notificación de la euroorden procedente desde España.

Literalmente, el texto dice lo siguiente: «La orden de detención europea ha sido revisada por un abogado especializado del Reino Unido en nombre de la Agencia Nacional contra la Delincuencia. Han determinado que es desproporcionado con arreglo a la legislación del Reino Unido».

De esta manera, la euroorden no consigue pasar ni siquiera la primera fase, que es la de ser admitida por la oficina de Sirene (Sistema de Petición de Información Suplementaria, que depende del Ministerio de Interior), que es quien se encarga de validar la información que contienen las solicitudes de extradición.

Precisamente, las autoridades policiales británicas han explicado en la documentación que han enviado desde el Ministerio del Interior británico a España, que la euroorden del Tribunal Supremo no ha sido certificada y que, en consecuencia, Reino Unido «no tomará ninguna otra medida en relación con la euroorden Ponsatí».

Solicitan también a las autoridades españolas que faciliten la información de la que dispongan sobre los antecedentes de Clara Ponsati, sobre su historial delictivo previo o «cualquier otra información adicional relativa a la gravedad de la infracción» mediante los formularios correspondientes. En el momento en que reciban dicha información, las autoridades anuncian que estudiarán y evaluarán la decisión.

El juez Pablo Llarena cursó la euroorden en paralelo ante la justicia escocesa y ante el sistema Sirene.

Comunicado de Aamer Anwar, abogado de Clara Ponsati

Precisamente, esta tarde desde el despacho del abogado que lleva la defensa de Ponsati, se publicaba un comunicado.

Lo anunciaba Aamer Anwar, el abogado de Clara Ponsati a través de un comunicado en su página web. En él señala que «la ex Consejera de Educación de Cataluña en el exilio, la profesora Clara Ponsati, debía entregarse a las autoridades procesales el jueves 7 de noviembre, fecha que ha sido pospuesta.» En su escrito explica que lo normal es que la euroorden se revise antes de ser enviada, y que el incumplimiento por parte de España de los procedimientos establecidos hizo que se retrasase la aceptación por parte de Bélgica respecto al requerimiento de Carles Puigdemont y de Toni Comín.

Explica Anwar que han pasado las últimas 24 horas traduciendo la orden española emitida por el juez Pablo Llarena y que «parece haber contradicciones evidentes» en una orden en la que hay «divagaciones» y que ocupa 59 páginas en las que se salta de «rebelión a sedición», cuando Ponsati es acusada por sedición (lo que solamente se menciona en dos páginas), sin claridad en cuanto al papel que ella ha desempeñado.

Continúa el letrado explicando que han observado que la orden «comienza con las actividades del movimiento independentista en diciembre de 2012 y, sin embargo, Clara Ponsati regresó para ser Consejera de Educación en el año 2017».

«La orden ha sido devuelta a España en busca de aclaraciones, lo que supone que Clara Ponsati no se presentará ante la Oficina de Policía de Edimburgo en la fecha prevista inicialmente» anunciaba su abogado. Provisionalmente, añadía, se espera que Clara se presente ante las autoridades el día 14 de noviembre.

El abogado considera que «los descarados intentos arrogantes de extradición por parte de España deberían producirles una profunda vergüenza, pues es el tercer intento por su parte de intentar extraditar a Clara y están acusados de abusar de usar del proceso de uso de la orden de detención europea».

También ha anunciado en su comunicado que su equipo legal está estudiando las declaraciones del presidente Pedro Sánchez donde se ha jactado públicamente de controlar la fiscalía en el proceso de extradición. Consideran que estas declaraciones suponen «una burla total» respecto a la separación de poderes en España. Han apuntado que Pedro Sánchez será citado como testigo en los tribunales para responder a preguntas sobre su presunta interferencia en el poder judicial español, la falta de imparcialidad y cualquier motivación política sobre el proceso de extradición.

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