El ex tesorero del PP Luis Bárcenas sigue tirando de la manta. El hombre que durante años llevó la caja B y la doble contabilidad del partido declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que durante su primera estancia en prisión preventiva, en 2013, “había en marcha una operación del Ministerio de Interior” para “amedrentarle”. Tal es así que las conversaciones que mantenía en la cárcel con su abogado, Javier Gómez de Liaño, se grabaron sin que mediara orden judicial.

“Mis circunstancias en prisión preventiva en esta ocasión no tienen nada que ver con mis circunstancias en prisión preventiva en esos diez/nueve meses, como consecuencia de que −ahora lo sabemos− había en marcha una operación en el Ministerio del Interior para amedrentarme. Eso existía entonces, ahora no existe”, declaró Bárcenas ante el instructor. Cada nueva revelación del sumario Kitchen es más grave que la anterior. En este caso estamos hablando de espionaje a un preso en la cárcel mientras mantiene conversaciones con su letrado, algo prohibido por la legislación penal. El propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha señalado en la sentencia de 14 de setiembre de 2010 (Caso Azko y Akcros/Comisión) que “el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión”.

La confidencialidad de las relaciones entre el imputado y su letrado defensor, que naturalmente habrán de estar presididas por la confianza, resulta un elemento esencial en cualquier democracia. Así, en la sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos de 5 de octubre de 2006, caso Viola contra Italia, se dice que “el derecho para el acusado de comunicar con su abogado sin ser oído por terceras personas figura entre las exigencias elementales del proceso equitativo en una sociedad democrática y deriva del artículo 6.3 c) del Convenio. Si un abogado no pudiese entrevistarse con su cliente sin tal vigilancia y recibir de él instrucciones confidenciales, su asistencia perdería mucha de su utilidad”.

Cabe recordar que un asunto similar costó la inhabilitación al juez Baltasar Garzón. En febrero de 2012, la Sala Penal del Supremo decidió condenar al magistrado por un delito de prevaricación consistente en interceptar las conversaciones que los imputados del caso Gürtel mantuvieron en prisión con sus abogados, interceptación que ordenó y prorrogó a sabiendas de que vulneraba el derecho fundamental de defensa. La condena a 11 años de inhabilitación, apoyada de forma unánime por la Sala, supuso la expulsión de Garzón de la carrera judicial.

Según informa Europa Press, en su declaración del 21 de febrero de 2019 ante el magistrado por la investigación de la Operación Kitchen, el extesorero Bárcenas se ratificó en lo que ya había declarado ante el juez Pablo Ruz el 15 de julio de 2013 en el marco de la causa abierta por sus apuntes manuscritos sobre la presunta ‘caja B’ del Partido Popular, cuando ya denunció supuestas maniobras para espiarle.

Interrogado directamente por el fiscal sobre si tenía algún dato nuevo para hacer tal afirmación, Bárcenas se mostró “absolutamente convencido” de que sus reuniones con Gómez de Liaño en prisión habían sido grabadas. “De todos los locutorios que hay en ese centro, hay tres que están preparados para grabar conversaciones, y una prueba clarísima de que eso es así es que yo me iba a otro y un funcionario salía y me decía: colóquese en este, siempre en esos tres”, contestó.

Bárcenas deslizó que la orden para que esas conversaciones quedaran registradas podría haber partido de Jorge Fernández Díaz. “Esas grabaciones existen y no están hechas por autorización judicial, evidentemente, con lo cual, ahora que conocemos la existencia de esa operación, no me extrañaría que el ministro de Interior diese las instrucciones correspondientes a Instituciones Penitenciarias”, comentó.

El extesorero explicó que esa operación obedecía a que en el PP “suponían que existían grabaciones y vídeos” de distintos dirigentes con Bárcenas que éste se habría encargado de registrar a modo de seguro. En concreto, en la declaración de ese 21 de febrero salen a colación dos reuniones: una con Javier Arenas en un restaurante de Sevilla y otra en la sede del PP en la que estarían presentes el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Bárcenas confirmó ante García Castellón, y siempre a preguntas de la Fiscalía, que esas dos reuniones existieron y sobre la que se produjo en el despacho de Rajoy en Génova narró que se quejó al entonces inquilino de la Moncloa de “la forma en que María Dolores de Cospedal llevaba esos temas, porque filtraba permanentemente a la prensa”. “Y llegó un momento que le dije a Mariano Rajoy: O paras a María Dolores de Cospedal y le dices que deje de intoxicar o te quedas sin secretaria general, algo así’”, relató.

No obstante, al mismo tiempo fue enfático al declarar que “jamás” ha grabado una conversación, “ni en vídeo ni en audio”, y achacó la preocupación en el PP por ese material a “la realidad paralela que habían creado los medios en cuanto a la existencia de determinadas pruebas”. “Había mucha preocupación. A mí me enviaron una persona a Soto del Real para ofrecerme negociar a cambio de no declarar”, apostilló.

Apúntate a nuestra newsletter

2 Comentarios

  1. Nada nuevo; se hizo con Garzón y ya sabemos lo que ocurrió.
    Ya éste respecto o asunto,sigo preguntando que pasó,ha pasado o está pasando con la numerosa documentación que Bárcenas depositó en dos notarios de Madrid «por si le pasaba algo».
    Dicho personalmente y en público por su abogado,según se publicó.

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre