Nueva condena del Caso Gurtel contra Correa y Crespo. Así,La Audiencia Nacional ha condenado a Francisco Correa y a Pablo Crespo a tres años de cárcel y 7 de inhabilitación por delitos continuados de falsedad cometida por funcionario público y prevaricación por la adjudicación de tres contratos a las empresas del Grupo Correa en relación con la participación de la ciudad de Jerez en Fitur 2004.
En una sentencia, los magistrados de la Sección segunda de la Sala Penal absuelven por prescripción de los delitos a los cinco funcionarios del Consistorio gaditano que fueron enjuiciados en esta pieza del denominado caso Gürtel.
Además de a Correa y Crespo, la Sala condena a dos años y 3 meses de prisión a Javier Nombela y a un 1 año y 2 meses de cárcel a Felisa Isabel Jordán, por el mismo delito de falsedad cometido por funcionario público. Los cuatro condenados lo han sido como cooperadores necesarios de ese delito y la Sala les ha aplicado a todos ellos la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Absuelve
El Tribunal absuelve a los nueve acusados -tanto los cuatro del Grupo Correa como los cinco funcionarios- del delito de fraude a la administración pública que les atribuían las acusaciones. Respecto a los cuatro responsables del Grupo Correa, también resultan absueltos del delito de falsedad en documento mercantil por el que fueron a juicio.
Los hechos probados de la sentencia relatan cómo Correa, aprovechándose de su amistad con el fallecido Isidro Cuberos, quien estaba relacionado con cargos públicos del Ayuntamiento de Jerez, “obtuvo ilícitamente” a favor de sus empresas Special Events y Down Town Consulting, la adjudicación de tres contratos por importe de 214.028,71 euros, referidos a la Feria Internacional de Turismo, celebrada entre el 28 de enero y 1 de febrero de 2004.
Dichos actos consistían en el montaje del expositor de Fitur, un espectáculo ecuestre celebrado en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez en el madrileño parque de El Retiro.
Adjudicación vulnerando la normativa
“La adjudicación se llevó a cabo en el seno del Instituto y Desarrollo de la Ciudad de Jerez -organismo autónomo, dependiente del Ayuntamiento de Jerez- y se hizo directamente vulnerando la normativa de contratación pública y sus principios de publicidad, concurrencia, igualdad, objetividad y transparencia, que exigía la tramitación de un concurso público”, señala el Tribunal.
Una vez obtenido el negocio para las empresas del Grupo Correa, se iniciaron las gestiones y actuaciones necesarias para la ejecución de los eventos, todas ellas entre diciembre de 2003 y primeros de enero de 2004, “con anterioridad a la fecha de la supuesta adjudicación formal de dichos contratos, el 15 de enero de 2004”.
También en la localidad de Jerez se celebraron reuniones los días 18 y 25 de noviembre de 2003 por personal del Área de Turismo del Instituto de Promoción y desarrollo de la Ciudad (IPDC) en las que participó Isidro Cuberos donde se abordaron la organización, publicidad, presupuestos, reparto de tareas e incluso las formas de contratación, tomando la decisión de celebrar tres eventos y transmitiendo después las directrices a las empresas, explica la Audiencia.
Una vez prestados los servicios y terminada la feria, con el fin de encubrir la directa adjudicación y dotarla de una apariencia de legalidad, se procedió a confeccionar formalmente los correspondientes expedientes de contratación antedatando las actuaciones e “incurriendo en sucesivas infracciones de la normativa administrativa”.
Para ocultar que el órgano contratante no había dispuesto de la documentación necesaria al emitir las resoluciones formales de adjudicación de 15 de enero de 2004, los empleados del Grupo Correa Isabel Jordán y Javier Nombela, siguiendo instrucciones de Correa y Crespo, confeccionaron la documentación relativa a sus ofertas plasmando unas fechas anteriores (12 de enero) a las de su elaboración real y su entrega efectiva al organismo competente, que tuvo lugar a partir del 20 de febrero.
Además de todo ello, destaca el Tribunal, “los expedientes confeccionados están plagados de ilegalidades arbitrariedades para sortear los controles de legalidad”.
La sentencia explica que el caso concreto de Jerez es una manifestación más del modus operandi del llamado “ Grupo Correa” en el periodo investigado entre 1999 y 2009, donde cada uno de los acusados ejercía un papel, bajo las órdenes de Francisco Correa. Él era quien captaba el negocio para que sus empresas lo ejecutaran. Al igual que en piezas anteriores de la trama Gurtel ya juzgadas, en la pieza de Jerez, Francisco Correa prestó sus empresas y su personal para una contratación, “ absolutamente ilegal en beneficio de las mismas y en definitiva, en el suyo propio”.
