Es un nombre femenino poco escuchado. Aunque una acepción la defina como “conflicto o contradicción entre dos leyes, principios racionales, ideas o actitudes”, es un término empleado en la lógica y la epistemología. Significa paradoja o contradicción irresoluble. Filósofos como Kant, el pensador preferido de Albert Rivera, sostenían que, “cuando la razón rebasa la experiencia posible a menudo cae en varias antinómias”.
El Gobierno del PP, en su tenacidad por evitar confesarse un incompetente negociador político frente a la cuestión catalana, está llevando a las instituciones de este país a enfrentarse a la antinomia entre la gestión política y la gestión judicial del conflicto. Dentro de la lógica en la que su base filosófica nos retrotrae a la España predemocrática, parece obvio que los principios constitucionales se están sometiendo a unas pruebas de esfuerzos poco aceptables. En Twitter, el TL de Mariano Rajoy Brey nos hace regresar a 1968, por lo visto sus conocimientos y valoración de los tiempos históricos nos llevan a esos años, cuando aún en este país estábamos bajo el terror franquista: “Mañana cumple 50 años SM el Rey Felipe, medio siglo en la Historia de una nación centenaria como es España. En homenaje, comparto con vosotros mi artículo ‘50 años de la mejor Historia de España’ http://bit.ly/2Envhqg
Un titular del medio digital El Plural dice que “Sánchez pide en Twitter la dimisión de Mariano Rajoy”. Creo que se produce un evidente conflicto entre dos actitudes, entendiendo por tal “a la predisposición a actuar”, pero no la actuación en sí, entre el espacio apropiado del Parlamento y la dimensión neutra de las Redes Sociales. El señor Sánchez Castejón creo que ha alcanzado límites tan paradójicos, como la decisión consensuada con sus JJSS, por el que evitaba declarar al PSOE republicano. Recordemos que en la tarde de la primera jornada del XXXIX Congreso del PSOE, las nuevas generaciones socialistas dieron la sorpresa cuando, en la comisión que debatía las grandes líneas políticas que el partido asumirá en los próximos cuatro años, lograban el 20% mínimo de votos para que esa enmienda a la Ponencia Marco pasase a ser votada en el Pleno. Luego del “pánico” suscitado, según testigos presenciales, y gracias a una directa implicación del flamante Secretario General, el PSOE finalmente no apostó por avanzar hacia la III República. El equipo de Pedro Sánchez consiguió pactar finalmente con las JJSS una redacción alternativa en la que se suprimió la aspiración de llegar a una III República y se limitó “sólo a fortalecer los valores republicanos”, según informó entonces Europa Press. El texto de los jóvenes socialistas decía que, el “proyecto de futuro” para España, era avanzar hacia el sistema republicano. Concretamente: “Una sociedad libre, justa, donde todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, y donde todos tengan los mismos derechos, pasa por un proyecto republicano para nuestro país”, se señalaba en la propuesta, con lo que ingresaba en la antinomia República-Monarquía. O el hecho de cantar la Internacional en la campaña de las primarias a Secretario General y evitar la moción de censura a M. Rajoy en lo que va de legislatura. La serie de antinomias es interminable antes y después del conocido reportaje en “Salvados” con Jordi Ebole (http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/pedro-sanchez-me-equivoque-al-tachar-a-podemos-de-populistas-el-psoe-tiene-que-trabajar-codo-con-codo-con-podemos_2016103058165c550cf2d6cc9cc54188.html)
Para el ministerio público se debe aplicar la doctrina Botín en el caso de la destrucción de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas. Según dicha institución, no ha quedado acreditado cuál era la información que contenían ni que fuera “relevante” en el caso Gürtel y, además, el afectado se ha retirado del proceso. Ello justifica, sostiene, el archivo de la causa en la que el PP es el acusado. Los ordenadores destruidos estaban en una sala de juntas de la sede central del PP donde trabajaba tras dimitir como senador al difundirse los papeles con la contabilidad paralela del PP que llevan su nombre. La doctrina Botín, emanada del Tribunal Supremo, implica que la acusación popular sólo puede actuar en un asunto cuando afecte el interés general en el caso de que no exista la acusación particular; esto es, la persona directamente afectada por el delito. En su escrito de conclusiones, el ministerio público considera que las acusaciones populares carecen de legitimación para pedir la apertura de juicio oral por un delito de daños informáticos, en el que no concurre interés general que proteger. ¿A quién defiende la Fiscalía? A ojos de la buena gente, ¿esto podría encajar en la idea de antinomia, no? Aún recuerdo vagamente a un Fiscal Anticorrupción que disponía de cuentas en paraísos fiscales, siendo sostenido por un gobierno elegido por la mayoría del parlamento. La Justicia se está aficionando a adoptar decisiones con una base jurisprudencial que presenta flancos para el debate. La Democracia debe ser defensora de las libertades civiles y existe con el único fin de perfeccionar la vida de las personas. No se ha concebido para la protección de las camarillas.
Va siendo hora que elijamos de qué lado de la Antinomia nos ubicamos. ¿No crees?
