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El próximo viernes 14 de abril realizaremos un homenaje a todas las víctimas de las inoculaciones COVID y en honor a la responsable y valiosísima labor realizada por la médico Nadia Popel. Se hará delante de la Consejería de “Salud” en la plaza de España de Palma de Mallorca entre las 12 y las 14h.

El ministerio de sanidad, la consejería de salud y todos los institutos y agencias que de ellos dependen, así como todos los colegios profesionales de sanidad, han dejado patente, especialmente en los últimos años a raíz de las medidas y protocolos COVID, que su actividad no se traduce en la mejora y el mantenimiento de la salud de las personas.

Prácticamente la totalidad de sus imposiciones mediante normativas varias y los protocolos implantados desde marzo de 2020 les desautorizan y les desacreditan como servicios públicos.

Su negligencia ha llevado a una gran parte de la población a dudar de los servicios y recomendaciones sanitarias «oficiales» y les ha conducido a buscar fórmulas fuera de su ámbito. Y no me refiero a dejar la sanidad pública para dirigirse a la privada porque ésta se ha doblegado mayoritariamente a la dictadura sanitaria impuesta por las instituciones públicas. Me refiero a que una gran parte de la sociedad ha comenzado a investigar y a descubrir que existen formas de vida saludable y remedios “caseros” enormemente eficaces que curan y que nos protegen de los daños provocados por la actuación impositiva de las administraciones públicas. Todo ello lejos de los intereses financieros de las grandes farmacéuticas y de grandes empresas que contaminan nuestros hábitats, con los que se han aliado la política y los gestores públicos,

Esas personas también han descubierto gastos muy elevados envueltos en grandes tramas corruptas y no quieren participar en su financiación por estar plenamente en desacuerdo con su finalidad. Nombremos aquí, por ejemplo, las compras masivas de “vacunas” que se promocionan a través de una costosísima propaganda en medios de comunicación y que se inoculan “gratuitamente” sin receta ni prescripción alguna, algo parecido con las mascarillas, la contratación de personal controlador en puertos y aeropuertos, los “ingenios” digitales inventados para discriminar a las personas y vulnerar sus derechos fundamentales…

Existen en estos momentos acciones judiciales en distintos ámbitos, así como reclamaciones ciudadanas no atendidas por esas entidades oficiales de «salud». Actuaciones planteadas con seriedad y con sólidos argumentos científicos que finalmente son juzgadas por juristas y funcionarios que no sólo no han investigado la realidad científica sino que además se ven obligados a aplicar normativas y protocolos redactados y aprobados por los mismos a los que se denuncia. Todo formalismo oficial pierde sentido. Por eso es preciso salir a la calle y explicar abiertamente lo que ocurre.

Si en algún momento dichas instituciones estaban llamadas a tener autoridad, hoy la han perdido. Los abusos cometidos por ellas y la actitud irresponsable de cara al servicio de salud que se les  encomendó les desacreditan plenamente para continuar asumiendo esa responsabilidad.

La autonomía del paciente se impone ante la negligencia de los entes oficiales de salud.

Todo mi apoyo a las víctimas de la dictadura sanitaria y a la responsable y valiente acción de Nadia Popel.

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