Lo contaba ayer Quico Sallés para El Món. Dos documentos clave en la instrucción del caso sobre los contratos menores de la Institución de Letras Catalanas, cuando Laura Borrás -actual diputada de JxCAT y ex consejera de Cultura- era la responsable de la institución, dejarían claro que no hubo irregularidad alguna en su gestión.

Estas pruebas fueron presentadas ayer por sus abogados ante el Tribunal Supremo: corresponden al informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas relativo al año 2018 y otro informe relativo a todos los contratos menores que firmó la institución durante los años 2016 y 2017 y además, otro sobre los ejercicios 2015 y 2016 realizado por la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural.

De estos informes se desprende que el Pleno de la Sindicatura de Cuentas ha concluido que «no hay ninguna actuación perseguible ni administra ni penalmente» en las contrataciones.

Según los abogados de Borrás, «si el Pleno de la Sindicatura de Cuentass hubiera tenido la más mínima duda sobre la posible existencia de una irregularidad constitutiva de una acción perseguible en vía administrativa o penal, lo habría hecho constar así en su informe. No lo hizo porque no existe ninguna irregularidad».

Laura Borrás fue citada a declarar ante el Tribunal Supremo, que anunció una investigación contra ella el pasado mes de diciembre. Le acusaban de haber adjudicado a dedo varios contratos cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas entre 2013 y 2017. La Sala de lo Penal abrió una causa conra ella porque creía que había indicios de haber cometido cuatro delitos: prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad. El instructur del caso Eduardo de Porres advertía en un auto que la valoración penal de los hechos era «muy provisional».

Fue la Fiscalía quien solicitó al Supremo que se investigase a Borrás. Según consideraban, hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática aprobados y asignados por esta institución a favor de Isaías Herrero, que había colaborado anteriormente con Borrás en un máster que impartía en la Universidad de Barcelona. Acusaban a la diputada de haber aprobado contratos por importes inferiores a 18.000 euros para poder adjudicarlos de forma directa y sin necesidad de concurso público. La investigación estudiaba un supuesto fraude de 260.000 euros en total.

El Supremo citó a declarar a Borrás en el mes de febrero. Al ser diputada, se tendría que proceder a solicitar al Congreso un suplicatorio. El juez instructor, Eduardo Porres comunicó a Borrás la citación para el 14 de febrero, con carácter voluntario. La diputada se negó a comparecer y explicó que, de hacerlo, supondría «validar todas las irregularidades que hace más de un año estoy denunciando», y afirmaba que la causa «ha vulnerado mis derechos desde el primer día».

Borrás siempre ha defendido su gestión al frente del ILC, asegurando incluso después de que el Supremo le acusara, estar «muy orgullosa del trabajo hecho con los contratos que son objeto de investigación», con los que «se hizo un trabajo pionero y muy bien valorado por los usuarios». Tanto Borrás como su entorno están seguros de que esta causa contra ella no habría tenido lugar si no se tratase de una referente para el independentismo catalán.

La información que acaba de conocerse, por parte de la Sindicatura de Cuentas avalaría lo que Borrás siempre defendió: una gestión sin atisbo de duda ni de posible irregularidad por su parte.

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2 Comentarios

  1. La vieron candidata a la Presidencia de la Generalitat y …. fueron a por ella !!! Mas de lo mismo !! Es muy triste saber que algun dia la justicia europea pueda castigar tanta injusticia pero ya habran pasado muchos años de privación de libertad

  2. NI EN ALCALA MECO SE ENCONTRARIA TANTO HIJO DE PUTA COMO HAY EN EL TRIBUNAL SUPREMO, ORGANIZACIÓN CRIMINAL,NIDO DE FASCISTAS CÓMPLICE DE LOS GOLPISTAS Y LOS CORRUPTOS.

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