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No es moral gobernar a cualquier precio

Alberto Vila
Alberto Vila
Analista político, experto en comunicación institucional y economista
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análisis

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Geofrey Wheatcroft en su magnífica crítica al ensayo “Churchill. Retrato de un imperialista”, de Lawrence James, ofrece la siguiente conclusión refiriéndose a los modos del estadista británico: “Aún peor fue la espantosa hambruna de Bengala de 1943. Al igual que la de Irlanda 100 años antes no fue causada por el Gobierno de Londres, pero en ambos casos la indiferencia y la pasividad oficiales empeoraron gravemente el horror y destruyeron cualquier autoridad moral que los británicos reclaman para gobernar a las poblaciones afligidas”.

Inevitablemente evoqué estos oscuros años de indiferencia e inmoralidad que se están aún, a duras penas, juzgando en los tribunales. Lejos de mi comparar la estatura como estadista de Pedro Sánchez con Churchill. Sin embargo, sí creo pertinente hacer ese paralelismo en las consecuencias de la gestión. Los arbitrarios modos de gobernar del presidente en funciones, desde las declaraciones posteriores al Consejo de Ministros, no hacen honor a una democracia representativa. La ausencia de gobierno es notoria, por mucho que se esfuerce el equipo de comunicación más íntimo de la Moncloa. La realidad de las urnas dejó clara constancia que con 123 diputados no se puede gobernar en solitario, aunque sea con los auspicios de los mismos barones que echaron a Sánchez de la Secretaría General. Tampoco basta con la conformidad de los portavoces del Ibex, la monarquía o la Iglesia.

Me pregunto en esta línea de pensamiento acerca de la autoridad moral de un gobierno que le ofrece a la ciudadanía que “olvide” el maltrato recibido por la aplicación del modelo neoliberal del bipartidismo ideado por Franco para “su” transición. Que dejen de considerar los “daños colaterales” que se han ido produciendo en esta implantación salvaje. Los mensajes desde las ministras y ministros en funciones me hacen recordar al maltratador que reclama a su víctima que no tenga en cuenta el maltrato recibido. Es más. Estos suelen llegar a insinuar a sus víctimas que es su culpa el recibir castigo. Recordemos cuando nos repetían: “han vivido por encima de sus posibilidades”. Hoy nos exigen sometimiento y acatamiento a un gobierno con menos representatividad de la que tenía Rajoy en su última investidura.

No es moral pedir gobernar a cualquier precio. Máxime cuando la gran banca está deseando hacerse con el único activo que nos puede compensar por los millones que les dimos con el rescate bancario. Numerosos sillones de este Consejo de Ministros en funciones no los ocupa por casualidad.

Dicho de otro modo. El caudal electoral es un mandato. No un cheque en blanco en el que el interés general debe prevalecer por encima del partidario o sectorial. Puertas giratorias mediante. Mucho más cuando aún no conocemos el programa de gobierno a implementar. Al tiempo, el ámbito de la justicia nos vuelve a llamar la atención. Vuelve a ser fuente de inquietud. De alarma. Debería serlo de seguridad.

La democracia no es un sistema basado en las creencias fanáticas de los acólitos. Es un espacio para el librepensamiento y el progreso de todas las personas. Por ello. La autoridad moral la confieren los actos de gobierno y sus efectos. Además de un comportamiento personal sin tacha. No el mantenimiento de una legislación penal intimidatoria para la disidencia. La dignidad humana va a resultar pisoteada en aras de un defensismo a ultranza, y los ciudadanos van a verse entregados, no a la seguridad de la norma si no a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a “administrar” la peligrosidad”. La ultraderecha y los fundamentalismos religiosos lo vienen demostrando, bajo la pasividad de este gobierno de 123 diputados. Esto demuestra que no sólo los meros resultados electorales son la clave de la legitimidad de un gobierno. El texto de la legislación penal procura contener una línea represiva para con la discrepancia. Legislar sin los dictámenes preceptivos es otro elemento de escaso rigor institucional. Nos regresa a un tiempo en el que parece que los miembros del gobierno se sienten a gusto. Épocas oscuras. De rechinar de dientes y crujir de huesos. Esta gente critica en otros países lo que se realiza en España. Predica en el templo lo que transgrede en la sociedad.

En 2010 luego del Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos de la ONU, España fue felicitada por las leyes de igualdad y contra la violencia de género, pero según la mayoría de Estados, necesitaba mejorar en el trato a los inmigrantes. En el 2015 se sometió por segunda ocasión al mismo examen. Fueron más de veinte aíses que formularon objeciones de noventa y siete asistentes. Dejaron en evidencia al gobierno Rajoy en la cuestión de las devoluciones en caliente”. Actualmente, España no adopta «medidas efectivas» para garantizar los derechos de los extranjeros. Entre estos destacan la cobertura sanitaria y los procedimientos de asilo de acuerdo con la normativa internacional. La tesis del Gobierno sigue siendo el «rechazo en frontera». Otro eufemismo de este gabinete para referirse a las devoluciones en caliente”. En una, a mi juicio, patética defensa de su actuación. Se sigue sosteniendo que se ejecutan cuando los migrantes no han entrado todavía en España. Argumento endeble. En especial porque en esta era de la imagen. Existen documentos visuales suficientes para probar que en los casos denunciados hayan superado parte del vallado que rodea Ceuta y Melilla.

Es conveniente dejar aclarado que el modelo no es inocuo. El modelo produce víctimas. El modelo tiene responsables. El gobierno que venga en el futuro deberá afrontar esta labor de “rectificación”. Si no la lleva a cabo. La desolación dominará el alma de esta España que nos toca vivir. A Churchill los británicos lo quitaron del poder. No era un Primer Ministro para la paz.

¿De qué serán capaces los españoles?

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