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“No discutimos que la declaración de independencia sea ilegal, pero sí que sea delictiva”

Entrevista en Diario16 al abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, catedrático de Derecho Procesal en la UB

María José Pintor
Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.
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El abogado de Carles Puigdemont y catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona, Jaume Alonso-Cuevillas, ha reconocido a Diario16 que en el proceso legal contra el president destituido “no discutimos que la declaración de independencia sea ilegal, según la Justicia española, pero sí que sea delictiva”. A su juicio, “no se dan los delitos de rebelión ni de sedición”. Esto puede explicar las causas, desde su punto de vista, por las que desde el Tribunal Supremo se haya anulado la euroorden para el traslado de Puigdemont a España”.

“He tenido la sensación de que mucha Prensa, nada simpatizante a priori con la causa independentista, tiene ahora constancia de que se está criminalizando un conflicto político”.

Amable y directo en sus respuestas a Diario16, Alonso-Cuevillas no milita en el partido de Puigdemont ni le ha conocido personalmente hasta el pasado mes de septiembre, “cuando me viene a ver como catedrático para hacerme unas consultas”, confirma. Por ello, este profesor de la UB evita cualquier valoración política al respecto del procès.

Sin embargo, sí reconoce que, ante la situación de investigado en la que se encuentra Puigdemont, era difícil que la UE apoyara al president destituido. Según explica, “como jurista sí entiendo que es difícil que te apoye un club de Estados”, al mismo tiempo que confirma con rotundidad que ha detectado que la opinión pública y publicada europea ha cambiado en su planteamiento inicial a través de las entrevistas y las conversaciones que medios de comunicación y periodistas han mantenido en estas semanas con el abogado de Carlos Puigdemont. Según sus propias palabras, “he tenido la sensación de que mucha Prensa, nada simpatizante a priori con la causa independentista, “tiene ahora constancia de que se está criminalizando un conflicto político”.

El profesor Alonso-Cuevillas manifiesta, en este sentido, que para que pueda considerarse un proceso de rebelión tendría que haberse producido un alzamiento público y violento que, a su entender, “no se ha dado”. Un ejemplo claro para este delito es el del golpe de Estado del 23F, “cuando un grupo armado entró en el Congreso por la fuerza”.

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El abogado de Puigdemont tampoco comparte que se interpreten los hechos de la Declaración de Independencia desde el Parlament como un delito de sedición, “porque tenía que haberse producido un alzamiento tumultuario, que tampoco se ha dado”.

En la última comparecencia de Puigdemont en los tribunales belgas, su abogado reconoce que “salimos moderadamente optimistas, pero no la teníamos todas con nosotros, porque por regla general sí es habitual que se concedan las solicitudes de euroorden”.

Riesgo para el Tribunal Supremo

Aunque Alonso Cuevillas reconoce desconocer con seguridad las causas que llevaron al Supremo a retirar la euroorden contra Puigdemont, sí sospecha que el Alto Tribunal pudo tomar esta decisión ante el riesgo de que se le denegara. Aun así, le sorprende porque “si mantienes la imputación no tiene sentido retirar la euroorden”.

De esta forma, Carles Puigdemont, según reconoce su abogado, “queda en una situación legal extraña”.

El hecho de que siga abierto el proceso como investigado ya no permitiría una extradición a España pero sí que fuera detenido en cuanto “Puigdemont pusiera un pie en territorio español”. Entonces, según explica el catedrático de Derecho Procesal, “sería detenido y conducido al Supremo, que tendría 72 horas para decidir si queda en libertad o va a prisión”.

El proceso penal contra el ex president y candidato a la presidencia de la Generalitat, por tanto, no tendrá más recorrido hasta que Puigdemont vuelva a España. Así las cosas, este profesor de la UB interpreta que “se ha criminalizado un conflicto político”, ya que, desde su puesto de vista, “no se está haciendo nada para que vuelva a España”.

Alonso Cuevillas asegura, sin embargo, que como abogado no tiene estrategia legal al respecto por el momento, y tras la anulación de la euroorden, ya que “estoy sin trabajo con este caso, porque tengo un cliente en Bruselas al que no se persigue”.

Como ya ha declarado el propio candidato a la presidencia de la Generalitat por Junts per Catalunya, y recuerda a Diario16 su abogado, la intención de Puigdemont es tomar posesión del cargo de president, “pero sabiendo que en cuanto ponga un pie en España será detenido”. A juicio de este catedrático, “ahí se creará un conflicto político”. Para cuando esto suceda, Alonso Cuevillas ya piensa en Estrasburgo.

 

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