Ya más que sospechas hay evidencias y son con toda probabilidad, presuntas corrupciones las que ha venido practicando el rey emérito Juan Carlos I. Aquella celebre frase: “lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”, fue pura argucia o pantomima, pues la impresión es que desde hace mucho tiempo ha venido realizando este tipo de comportamiento.

El comunicado oficial de la Casa Real, ha pretendido darle “una capa de barniz” al actual monarca Felipe VI, exponiendo no estar al tanto de las conductas y decisiones adoptadas por su padre, haciéndole heredero de parte de su fortuna y participe desde mayo de 2006 de la Fundación Lucum, mediante la cual apareció depositada en el banco privado Miraband de Suiza la cantidad de 100 millones de euros, caso que está siendo investigado por la Fiscalía de ese país. Esa excusa fue la misma que argumentó su hermana la infanta Cristina, cuando fue imputada en el Caso Noos y expuso su desconocimiento, acerca de la corrupción y delitos que cometía su marido Iñaki Urdangarin.

También pretende Felipe VI “lavar su imagen”, haciendo pública “renuncia” a la herencia de su padre. Imposible legalmente hasta que no fallezca éste tal y como está contemplado en el Código Civil. Si tiene potestad y le ha “suprimido” la asignación destinada del conjunto que para la Casa Real, se contempla anualmente en los PGE (Presupuestos Generales del Estado). Es de imaginar “las grandes penurias económicas” que le va a causar a su progenitor, que debido a la codicia y el egoísmo, todo apunta terminará sus días merecidamente criticado y despreciado.

Estos hechos tan sumamente graves que han venido ocurriendo, como consecuencia del problema extremo y emergencia sanitaria que ha causado la pandemia del coronavirus, jugando a favor de la monarquía ha quedado en un segundo plano. Lo malo es vernos como ciudadanas y ciudadanos impotentes y no poder exigir las correspondientes responsabilidades. Nos hace falta una profunda regeneración democrática, para poder hacerle frente con garantías a éstos indeseables comportamientos y situaciones.

Sobre la marcha la reaccionaria derecha representada por el Partido Popular y Ciudadanos y la extrema derecha de Vox, hicieron causa común con el monarca y se prestaron a su blindaje. Pero en el caso del PSOE y su Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, no se comprende su negativa a solicitar con otros grupos parlamentarios una comisión de investigación, para si las hubiera como se está demostrando proceder a las debidas depuraciones.

Éste ha podido ser el principal de los motivos por los cuales Pedro Sánchez, ha faltado a su promesa expresada antes de las elecciones y en reiteradas ocasiones, de que si llegaba a la Presidencia del Gobierno, haría público la relación de personas que utilizando paraísos fiscales, han venido defraudando a Hacienda. Si lo hubiera hecho y en caso de aparecer el rey emérito, como así mismo, algunos destacados políticos incluidos del propio PSOE, sin lugar a dudas, su credibilidad y autoridad moral y la del Partido Socialista, serian reconocidas y podrían salir fortalecidos de ésta grave crisis institucional.

No importa que sea injusta y obsoleta, como tampoco el delito que en sus funciones cometan, pero en España la figura que protege a la monarquía es la inviolabilidad y la tienen los monarcas mientras ostentan el cargo y el rey emérito dejo de tenerla desde su abdicación el 19 de junio de 2014, o sea, que en la actualidad puede ser juzgado como aforado por el Tribunal Supremo.

Tanto tiempo de “democracia”, pero cada vez más se demuestra, sus deficiencias y arbitrariedades y la necesidad de que dispongamos de un verdadero sistema democrático, que erradique el privilegio de la inviolabilidad de la monarquía, o mejor aún, esa modalidad de Jefatura de Estado, por la republicana al ser ésta más democrática, transparente y participativa.

Lo mismo ocurre con los aforamientos, en algunos casos de auténticos indecentes o indeseables, que se parapetan en los mismos, para no tener que ser juzgados como cualquier persona por tribunales ordinarios y en ese sentido se acogen al Tribunal Supremo: los miembros del Gobierno Central y autonómicos, presidente del Congreso y del Senado, diputados y senadores, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo.

El numero de aforados en España es de casi 258.000, siendo el más numeroso con algo más de 232.000 los pertenecientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 17.600 miembros de instituciones del Estado o de la comunidades autónomas, 5.500 jueces y 2.550 fiscales, que no son juzgados por tribunales comunes.

En muchos países no se contempla ésta figura del aforamiento como por ejemplo, Alemania. Reino Unido y los Estados Unidos. En Portugal e Italia sólo la ostenta los presidentes de la República. Lo mismo que en Francia, más el primer ministro y los ministros.

Precisamente en España es con diferencia donde más aforados existe y sin embargo, por tanta corrupción y delitos que se genera, debería ser todo lo contrario. Por higiene democrática, se hace necesario la erradicación de todos los aforamientos.

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Militante de los sindicatos ingleses (Trade Unions) desde 1971 y hasta mi regreso de Londres en 1976. Afiliado a la UGT y al PSOE en Londres desde junio de 1972. Cofundador y coordinador sindical de la F.A.E.E.R.U. (Federación de Asociaciones de Emigrantes Españoles en el Reino Unido). Fundador de la cooperativa de servicios PAILARCA (Pablo Iglesias-Largo Caballero). Miembro de los dos primeros comités regionales del Partido Socialista Canario -PSOE- 1977-1985 y por esas mismas fechas, miembro de las primeras ejecutivas insulares de Gran Canaria del PSOE y de la UGT. Cofundador en 1980 de Izquierda Socialista y su coordinador en Gran Canaria hasta 1989. Miembro del primer Consejo Federal de la Emigración del PSOE. Presidente del 1er. Comité de Empresa por la UGT del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Concejal de deporte y de los distritos: Isleta, Santa Catalina y Guanarteme del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, legislatura 1983.1987. Miembro de la Comisión Permanente de Deporte de la FEMP (Federación Española de Municipios y provincias) y del pleno del CSD (Consejo Superior de Deporte). Cofundador en 1991 de la Fundación Juan Negrín y su secretario durante 23 años (hasta 2014).

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