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Ninguna ley impide que los acusados del ‘procés’ puedan ser indultados tras una sentencia condenatoria

Las advertencias de PP y Ciudadanos en contra de la hipotética medida de gracia para Junqueras y los suyos no tienen base legal, ya que desde el año 1996 los diferentes gobiernos han tramitado 10.000 indultos, algunos de ellos incluso por delitos de terrorismo de Estado y graves asuntos de corrupción

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El país contiene la respiración a la espera de una sentencia dura contra los acusados del ‘procés’ que con toda seguridad agravará la crisis territorial que sufre España desde el año 2012, cuando el Parlament catalán decidió poner en marcha su imparable movimiento secesionista. Casi con total seguridad, el fallo del Tribunal Supremo, inminente según fuentes judiciales, provocará un estallido de indignación social en Cataluña. Habrá grandes manifestaciones ciudadanas de protesta, probablemente incidentes de orden público. Todos los puentes y cauces políticos de entendimiento entre ambas partes quedarán rotos. No habrá ni una sola posibilidad de abrir una nueva vía de negociación a corto plazo mientras Oriol Junqueras y los suyos sigan en la cárcel.

Solo quedará una puerta, un resquicio legal, para tratar de paliar los efectos del desastre político que ha supuesto el juicio al ‘procés’ iniciado por la Fiscalía a instancias del Gobierno de Mariano Rajoy: un acto de benevolencia del Estado mediante la concesión de indultos para los procesados.

Ni que decir tiene que la derecha española (PP/Ciudadanos/Vox) no querrá ni oír hablar de una medida de gracia que a su juicio supondrá la claudicación de España ante un grupo de golpistas. Pablo Casado ya ha anunciado que “con el PP no habrá indultos, ni liberación de presos”. Y Albert Rivera, por su parte, concurrirá a la campaña electoral con un mensaje principal: “No concederemos indultos si hay condena a los independentistas”.

La derecha española no cree en el indulto, salvo cuando es ella la que gobierna. Entonces esa medida de gracia que concede el Gobierno se aplica generosamente, sobre todo en casos de corrupción. No hay más que tirar de hemeroteca para comprobar quién ha sido el rey del indulto a condenados por delitos de corrupción en los últimos años en este país: José María Aznar (entre 1996 y 2004), que concedió nada más y nada menos que 139. Le sigue José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) con 62; y Mariano Rajoy (en el período 2011-2018) con 16.

Según un informe del portal Civio, Aznar fue el campeón del indulto. Dos de sus ministros de Justicia, Ángel Acebes (con 76) y Margarita Mariscal de Gante (59) lideran la lista de los que más veces pusieron su firma al final de un decreto de indulto. Durante su mandato, presidente popular concedió una media de casi 18 medidas de gracia a corruptos anualmente. El año 2000 se llevó la palma (aquel ejercicio se perdonaron 70 delitos de corrupción). El 1 de diciembre de 2012, Acebes firmó 1.328 indultos en un solo Consejo de Ministros. En esa larga lista se escondían 67 condenados por corrupción, entre ellos, un grupo de seis guardias civiles que hacían la vista gorda ante las actividades un grupo organizado de contrabando de tabaco a cambio de comisiones.

El siguiente año con más indultos a corruptos fue 1998, con 43. Fue el momento en que el Gobierno de Aznar rebajó la condena vía real decreto a los sentenciados por el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano francés al que confundieron con un cabecilla etarra en una de las acciones de los GAL, según Civio. El ex ministro del Interior José Barrionuevo; el ex secretario de Estado Rafael Vera; el ex director general de Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal; y los comisarios Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo habían sido condenados por malversación de fondos públicos, según el informe de Civio.

“En ese caso, como en muchos otros, no importa el color del Gobierno de turno. El del PP aprobó sendos perdones para altos cargos de su antecesor, Felipe González, socialista. Y lo mismo ha pasado en sentido contrario” añade el portal de transparencia. Según el citado portal, Juan Hormaechea, expresidente cántabro, fue condenado por malversación de caudales públicos e indultado en dos ocasiones. Primero en 1995, tras una sentencia que le condenó a seis años de cárcel, gracias al Gobierno de Felipe González. Por segunda vez en 2011, por Zapatero, tras la repetición del juicio y la ratificación de la pena de tres años por parte del Tribunal Supremo.

Entre los 16 condenados por corrupción que ha indultado el Gobierno de Rajoy encontramos miembros de su propio partido −un alcalde y tres concejales de Valle de Abdalajís (Málaga)−, del PSOE –una empleada pública socialista de Sevilla− y hasta de la antigua CiU –un ex alto cargo de Pujol condenado por el caso Treball−.

En febrero de 2017, el Consejo de Ministros indultó a seis empleados públicos (un exconcejal y cinco funcionarios, entre ellos el interventor) condenados en el caso ‘horas extra’ del Ayuntamiento de Rota, por el que durante años pagaron a un funcionario vía nómina, en forma de horas extra, trabajos que el Consistorio debía haber adjudicado vía contrato. Los indultos cambiaron sus condenas de inhabilitación por suspensiones temporales, por lo que pudieron volver a sus puestos. Son los últimos de una lista que, desde 1996, suma 227 indultos a condenados por delitos de corrupción.

Estas 227 medidas de gracia suponen solo una pequeña parte de los más de 10.000 indultos concedidos desde el año 1996. Por tanto, la excusa de que nunca deben ser indultados aquellos que cometen graves actos contra el Estado, como la prevaricación o la malversación de caudales públicos, no sirve. El indulto es una medida legal y puede aplicarse con total garantía. Cuestión distinta es que sea un privilegio del pasado, un residuo de las monarquías absolutas que debería ser abolido. Pues prohíbase. Pero mientras tanto es una norma perfectamente regulada y ajustada a Derecho. Por tanto, no habría nada ilegal ni inconstitucional en que los acusados del ‘procés’ se beneficiaran de ella si así lo dictara un real decreto del Gobierno.

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