Los principales líderes políticos españoles acaban de presentar oficialmente su declaración de bienes, una medida que permite al ciudadano tener una idea aproximada de cómo gestionan sus patrimonios los padres de la patria. En general, todos los diputados se afanan por parecer monjes franciscanos, gentes austeras, en el momento de rendir cuentas con el Estado. Sin embargo, se sabe que unos esconden datos, que otros los maquillan y los hay que simplemente no dicen toda la verdad. De modo que este tipo de declaraciones sirven como campaña de imagen política, que es de lo que se trata, y poco más.

Lo que debería ser una herramienta eficaz para el control político, económico y moral de nuestros representantes directos, evitando la corrupción, termina convirtiéndose en otro paripé, un quedabien, ya que está acreditado que la mitad de las declaraciones de bienes de diputados y senadores “están incompletas, tienen errores, datos difusos o simplemente omiten información que puede ser importante para el ciudadano”, según fuentes parlamentarias.

Por si fuera poco, la situación de los altos cargos de la Administración es todavía más sangrante, casi bananera, ya que desde el año 2015 sus declaraciones de renta y patrimonio ni siquiera se hacen públicas. Para terminar de completar el descontrol, ni una sola de sus señorías ha sido sancionada en todos estos años –pese a que el Congreso y el Senado han registrado más de 1.300 declaraciones juradas desde 2017–. Una de dos: o todos son muy honrados, cosa que extraña viendo la cantidad de procesos judiciales que se apilan en los tribunales, o aquí está fallando algo. Ni que decir tiene que la falta de un reglamento interno de las cámaras, que aplique sanciones ejemplares a los infractores, hace que todo quede en papel mojado. En resumen: un bonito brindis al sol que contribuye a seguir manteniendo la ficción de la frágil democracia en la que nos movemos.

Con todo, gracias a la obligación de rendir cuentas podemos saber que Pedro Sánchez cobra 30.261 euros del PSOE, 35.299 como presidente del Gobierno y 16.666 por derechos de autor, probablemente los beneficios por su libro Manual de resistencia. Sánchez posee dos viviendas en Madrid, una pagada y otra hipotecada, acciones por valor de 5.856 euros, 40.470 en su cuenta corriente y 104.091 en un plan de pensiones.

A su vez, Pablo Casado ha declarado 30.831 euros en dinero en cuentas corrientes, inversiones por valor de 19.000 y una casa en Madrid con una hipoteca pendiente de pagar por 234.682. Su sueldo del PP asciende a 47.720 euros.

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, acredita 4.500 euros en cuentas y dos viviendas en Barcelona al cincuenta por ciento, de las que aún debe más de 300.000. Su sueldo en el partido asciende a 48.000 euros y percibe 41.373 como diputado.

Pablo Iglesias ha declarado, además de una vivienda en Ávila, el polémico chalé de Galapagar que adquirió con Irene Montero, y del que aún restan por pagar 475.000 euros. El de Podemos es el líder político que más dinero posee en sus cuentas corrientes −114.000 euros− que añade a otros 46.460 generados en sus actividades profesionales por sus apariciones en programas de televisión.

Por su parte, Santiago Abascal asegura haber cobrado 55.148 euros de Vox (no dice si son brutos o netos), no sufre los rigores de hipoteca alguna ni propiedades inmobiliarias y declara un coche y una moto, además de 13.356 euros en cuentas bancarias.

Todos los diputados han cumplido con su obligación salvo apenas una decena, entre ellos el ex vicepresidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto, flamante fichaje de Ciudadanos, e Iván Espinosa de los Monteros, de Vox. El primero no lo ha hecho porque, por lo visto, le faltaban por incluir sus datos de la declaración de la renta de 2018, que tendrá lista a final de mes, según ha informado el partido naranja, mientras que respecto a Espinosa de los Monteros se desconocen los motivos.

Marcos de Quinto, probablemente uno de los diputados con mayor poderío económico tras su paso por la empresa privada, aseguró recientemente que no tenía inconveniente en ser transparente porque todo lo que posee lo ha ganado “honradamente tras 37 años trabajando en la multinacional”. Es decir, unos 50 millones de euros. Reconoció que es cierto que quizá sea el que posee un mayor patrimonio, pero recordó que también es el que renuncia a ganar más dinero por ocupar un escaño. Así que sus señorías ya saben a qué potentado arrimarse cuando llegue la hora de pagar los gin tonics del bar de las Cortes.

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