El Partido Popular tiene una obsesión con los muertos que es patológica, sobre todo por la obsesiva utilización de éstos, independientemente de dónde vengan, para ganar apoyos electorales y para echarlos en la cara de la izquierda. Desde que murió el dictador Francisco Franco, los ejemplos de ello han sido ya demasiados. Sin embargo, parece que en el PP lo tienen en el ADN. Ahora, en plena crisis del coronavirus, los dirigentes populares no han dudado utilizar a las personas fallecidas por el Covid19 como arma para disparar contra el gobierno.

Uno de los últimos ejemplos se dio en el Congreso de los Diputados, durante la sesión de control al Gobierno, en la que el secretario general del partido conservador ha culpado y responsabilizado al vicepresidente Pablo Iglesias de los mayores muertos en las residencias.

Teodoro García Egea olvida que las condiciones de las residencias de mayores son la consecuencia de las políticas privatizadoras o de conciertos con empresas privadas. Este modelo ha saltado por los aires con la crisis sanitaria y las muertes que se han producido en las residencias. Lo mismo que ha ocurrido con la sanidad y la falta de medios. El secretario general del PP, en vez de acusar a Pablo Iglesias, más bien podría lanzar sus dardos contra su partido y contra las administraciones autonómicas que gobierna en la actualidad porque, al fin y al cabo, son las que tienen las competencias.

Las políticas privatizadoras han provocado que los centros donde viven las personas mayores estén controlados por grandes aseguradoras como Sanitas, Fiatc, Santa Lucía o Caser que, a través de filiales, pretenden competir con grandes multinacionales como Amavir u Orpea, además de los grandes fondos de capital riesgo como ICG.

El sector factura aproximadamente 5.000 millones de euros al año y el coste por residente está situado en 1.900 euros, una cantidad que está muy lejos de cualquier familia española. ¿Qué persona mayor, que ha trabajado durante toda su vida, tiene una pensión de más de 2.000 euros? Muy pocos. Por tanto, es el Estado el que está obligado a cubrir esa necesidad real del pueblo, cueste lo que cueste. Cuando está en juego la vida de una persona, los beneficios empresariales (sobre todo si son de grandes multinacionales) deben quedar en un segundo término. Sin embargo, la ideología neoliberal que alumbra al PP ha antepuesto claramente las ganancias de esas empresas a las necesidades de las personas mayores. Las consecuencias de ese modelo, las hemos estado viendo durante la crisis del coronavirus.

Teodoro García Egea, antes de ensuciar con acusaciones falsas y mezquinas el ambiente del lugar donde reside la soberanía popular, debería mirar a los gobiernos regionales y municipales del PP. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el 71,7% de los fallecidos por Covid19 en la región fueron residentes en centros de personas mayores. Ponemos como referencia a esta autonomía porque es el paradigma del sistema privatizador de las residencias de la tercera edad.

En la Comunidad de Madrid ya sólo quedan 25 residencias totalmente públicas, lo que supone solo un 5,2% del total de los centros. El hecho de que casi la totalidad de las residencias sean de gestión privada deja a los mayores en una situación de dependencia absoluta de la cuenta de explotación de las grandes aseguradoras, multinacionales o fondos que las gestionan.

La crisis del coronavirus ha dejado al descubierto cómo, en muchos casos, no se han suplido las bajas de los y las trabajadoras que se contagiaban del virus, y eso es una consecuencia de la dependencia de la rentabilidad respecto al cuidado de las personas.

En el mes de febrero, por ejemplo, la propia Comunidad de Madrid inició los trámites para la retirada de la concesión de gestión de una residencia en el barrio de Usera a la multinacional DomusVi debido a la acumulación de sanciones desde el año 2014 que sumaban más de 100.000 euros en multas. La gota que colmó el vaso fue la subcontratación de trabajadores, algo que estaba prohibido en los pliegos. Otra gran empresa que superó los límites hasta de la Comunidad de Madrid fue Alaria.

El diario El País publicó en octubre de 2019 un reportaje donde se pudo comprobar que, de los 130 centros sociales sancionados por la autonomía madrileña, 96 eran residencias de mayores y 6 centros de día. Desde el año 2013, según datos oficiales, en Madrid se han abierto 167 expedientes sancionadores por incumplir la ley, a lo que hay que añadir las multas por infracción de los contratos de concesión. Sin embargo, la gran mayoría de estos centros no fueron cerrados, salvo casos excepcionales.

Entonces, señor García Egea, ¿de quién es la culpa de los muertos en las residencias? ¿El vicepresidente Iglesias? Rotundamente no. ¿Las multinacionales que gestionan las residencias o la administración pública que se lo permite? No se puede defender lo que, eufemísticamente, el PP llama «colaboración público-privada» (que no es otra cosa que una privatización encubierta de los recursos del pueblo), y, cuando el sistema falla o provoca muertes, culpar a la izquierda, un método muy propio de la derecha española.

Si el PP está pidiendo que rueden cabezas por la gestión del Gobierno, entonces deberían aplicarse una terapia de autocrítica y reconocer que han puesto en riesgo la vida de millones de personas por las privatizaciones y los recortes. No culpen a Iglesias ni a Sánchez, no vean la paja en el ojo ajeno y obvien la viga en el suyo, algo muy propio de fariseos, como se afirma en el Nuevo Testamento.

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre