La gestión de la Fiscalía del Tribunal Supremo en el asunto de las cuentas del rey emérito está dejando mucho que desear. A esta hora nadie ha sabido (o querido) explicar cómo se hizo la famosa notificación a Juan Carlos I para ponerlo al corriente de que se había abierto una investigación contra él. Es más, ni siquiera hay constancia de una notificación oficial más allá de un aviso o conversación telefónica informal entre los fiscales del caso y los abogados del monarca. La cuestión es de una trascendencia capital, ya que el artículo 305.4 del Código Penal establece claramente que la regularización fiscal no tiene validez una vez que el contribuyente ya ha tenido noticia de que se ha abierto una denuncia, querella o actuación administrativa contra él. La posibilidad de regularizar impuestos tiene sentido si hay una voluntad “espontánea y completa” del afectado, o sea sincera, de ponerse al día con Hacienda. Si al investigado le entran las prisas cuando recae sobre él la amenaza de un proceso penal por graves delitos fiscales, pierde legitimidad y razón de ser.
Todo este sumario está resultando demasiado extraño, improvisado, cogido con pinzas, quizá porque existe un respeto reverencial de los fiscales encargados del asunto hacia la figura del gran patriarca de la Transición o bien por hay miedo a las consecuencias que pueda acarrear cometer un desliz, llegar demasiado lejos en las pesquisas o ser excesivamente profesional en la aplicación de la ley contra un personaje del poder y las dimensiones históricas del emérito. Sea como fuere, fuentes judiciales bien informadas aseguran a Diario16 que algo (o mucho) no se ha hecho bien en el procedimiento que nos ocupa. No se trata ya de que la notificación al ilustre contribuyente no se haya cursado en tiempo y forma como establecen las leyes procesales y tributarias, sino que todo el procedimiento está plagado de “zonas oscuras”. Para empezar, la Fiscalía tiene conocimiento desde al menos el año 2017 de los audios registrados durante el encuentro que mantuvieron en Londres, en 2015, el excomisario José Villarejo y Corinna Larsen, la examante del rey. En esas grabaciones ya se habla de comisiones, de dinero negro, de paraísos fiscales y de supuestos testaferros. Desde entonces el asunto ha ido más bien despacio, sospechosamente despacio, y ha tenido que ser la Justicia suiza, por mediación del fiscal Yves Bertossa, y la prensa internacional, quienes indaguen y aireen la fortuna oculta del emérito.
No solo los tiempos procesales se han dilatado enormemente, las formas judiciales también se han relajado sorprendentemente (o quizá no tanto si tenemos en cuenta quién es el personaje investigado). Hace apenas un mes, Fiscalía informaba a los abogados del emérito de que se han encontrado indicios de fraude fiscal. Sin embargo, hasta donde se sabe, no se ha interpuesto la pertinente querella ni siquiera una denuncia, un trámite preceptivo cuando se detecta un agujero tributario en las cuentas de algún contribuyente. ¿Esperaban los fiscales que el caso se resolviera por sí solo? ¿Confiaban en que la tormenta mediática pasara y el asunto se olvidara con el tiempo? Han tenido que ser los letrados del monarca quienes hayan propuesto una regularización “exprés” para curar en salud a su representado y evitarle el riesgo de que la infracción tributaria administrativa termine convirtiéndose en una infracción penal o delito, ya que la cuota defraudada supera ampliamente los 120.000 euros que establece la ley.
Pero el cúmulo de anomalías no queda ahí. Es a fecha de hoy que el caso de las cuentas del rey sigue sin estar judicializado, es decir, sigue sin tener adjudicado un juez de instrucción. El asunto continúa en manos de un grupo de fiscales sin que un magistrado impulse de oficio las diligencias de investigación. ¿Cómo puede ocurrir semejante irregularidad inédita en la historia de la democracia española? Llegados a este punto, hay motivos para empezar a pensar mal. La Fiscalía General del Estado es un organismo dependiente del Gobierno, de manera que mientras el sumario siga en manos de los fiscales es más fácil controlarlo, desactivarlo si se quiere, que dejándolo en manos de un juez independiente e imparcial. Como antecedente inmediato tenemos la valentía y la profesional con la que se desenvolvió el juez José Castro durante la instrucción del caso Nóos, que terminó con la imputación de la infanta Cristina y con el marido de esta, Iñaki Urdangarin, en prisión.
Ayer mismo el nerviosismo por los deberes que no se han hecho empezó a cundir en la plantilla de la Fiscalía del Supremo. Los integrantes del equipo que han tenido contacto con el asunto mantenían una reunión urgente, a la vista de los últimos acontecimientos, en la que han decidido valorar el “alcance de la declaración tributaria” que el rey emérito presentaba el pasado miércoles y por la que abonó algo más de 678.000 euros por los impuestos dejados de pagar correspondientes a ejercicios posteriores a su abdicación en junio de 2014. En un comunicado oficial remitido en la tarde de ayer viernes, la Fiscalía General del Estado anunció que se analizarán, entre otros aspectos, la “espontaneidad, veracidad y completitud” de la regularización presentada por el monarca abdicado. Incluso se insistió en que, pese a la declaración complementaria del afectado, la investigación sigue adelante para tratar de averiguar el origen de cientos de miles de euros que nutrían la tarjeta opaca Royal Black que manejaba el arquitecto de la Transición y de la que supuestamente se han beneficiado sus hijas y algunos de sus nietos. Por supuesto, los fiscales tendrán la obligación de llegar hasta el final en las transferencias y donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y en la presunta participación del coronel Nicolás Murga, exayudante de campo del rey, en calidad de testaferro.
Es evidente que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tiene trabajo por delante si quiere recuperar el tiempo perdido, poner orden en el cúmulo de anormalidades jurídicas que rodean este caso y restablecer la imagen deteriorada de la institución para que el caso deje de parecer a ojos de la ciudadanía como un simple vodevil, teatrillo o paripé. Las alarmas han saltado en Fiscalía porque si bien es cierto que el rey emérito está en apuros, es un problema todavía mayor para el Estado que la Justicia no se emplee a fondo, hasta sus últimas consecuencias, en este turbio asunto. Y a esta hora, resulta cada vez más complicado defender una actuación del Ministerio Público que desde hace al menos 3 años viene siendo más que sospechosa y discutible.
