Las desgracias nunca llegan solas, apunta el dicho. Que se lo digan a los poco más de 5.000 habitantes del pequeño municipio de Nerva, en la milenaria cuenca minera de Riotinto, en Huelva. En los últimos dos años, sobre las maltrechas espaldas de una población con un paro endémico galopante y una masiva emigración juvenil se ha tenido que sobrellevar un pavoroso incendio forestal a sus puertas, unas inundaciones estremecedoras el pasado diciembre y hasta el zarpazo de la pandemia del coronavirus se ha llevado la vida de varios de sus vecinos, con una tasa elevada de contagios. El colmo ha llegado cuando sus habitantes han conocido de tapadillo que el eufemísticamente denominado Centro de Gestión de Residuos Industriales de Nerva y popularmente conocido como vertedero de residuos tóxicos y peligrosos, uno de los más grandes de todo el continente con unas instalaciones saturadas un 300% desde hace años y ubicado a escasos 700 metros del pueblo, ha iniciado en pleno estado de alarma por la pandemia del coronavirus los trámites administrativos para su ampliación.
Este vertedero se encuentra totalmente saturado y colmatado desde hace años, según vienen denunciando reiteradamente diversas organizaciones ecologistas y formaciones políticas. Los residuos tóxicos y peligrosos comenzaron a llegar a estas instalaciones a finales de los años 90 pese a la intensa oposición vecinal y de grupos ecologistas. Los desechos llegaron de todos los puntos de España y también de otros países europeos como Italia, Malta, Portugal o Francia.
Los sucesivos gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía respaldaron la puesta en marcha de este polémico vertedero y el actual bipartito del popular Juan Manuel Moreno Bonilla ha mostrado ya su plena disposición a la ampliación de sus instalaciones pese a los continuos incidentes e incendios registrados y las evidencias de saturación y peligrosidad medioambiental para los vecinos de Nerva y de toda la Cuenca Minera, tras constatarse vertidos y filtraciones al río Tinto.
Fractura social de Nerva
La fractura social que se produjo en Nerva entre los que creyeron que este proyecto traería aparejado numerosos puestos de trabajo a la zona tras el cierre del milenario yacimiento minero de Riotinto y los que sólo vieron un peligro medioambiental sigue hoy supurando por la misma herida más de veinte años después. Pero el tiempo transcurrido ha clarificado una serie de evidencias. Los datos son contundentes si alguien albergaba dudas aún de los supuestos beneficios económicos que traería para Nerva y el resto de la cuenca minera de Riotinto la puesta en marcha del vertedero. Sólo 39 personas trabajan actualmente en estas instalaciones que recogen y almacenan residuos tóxicos y peligrosos de todo tipo. De ellos, un importante porcentaje ni siquiera son vecinos del pueblo. Nerva ha registrado el pasado abril una tasa de paro del 22,31% y llegó a rozar el 40% durante la pasada crisis económica de 2008.
Además, la actividad minera se ha reiniciado con éxito en el yacimiento de Riotinto, con lo que la influencia económica del vertedero en el desarrollo socioeconómico del municipio es prácticamente nula en estos momentos salvo por las compensaciones económicas que dispensa la empresa a las arcas del Ayuntamiento de Nerva, gobernada por el PSOE, alrededor de medio millón de euros anuales.
Ampliación en plena pandemia
El pasado 17 de febrero, los nervenses se levantaron con la sorpresa de que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) acababa de publicar la decisión de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva de la Junta de Andalucía de abrir un periodo de información pública dentro de un procedimiento simplificado para la Autorización Ambiental integrada del centro de gestión de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva, lo que de facto venía a suponer el pistoletazo de salida para la ampliación de las polémicas y saturadas instalaciones del vertedero de residuos peligrosos.
Este procedimiento incluye consultas tanto al Ayuntamiento de Nerva, que ha mostrado un sepulcral silencio al respecto, como a la Consejería de Salud, ya que las modificaciones previstas en el proyecto suponen un nuevo y agresivo impacto medioambiental en la localidad minera y obliga a extremar las cautelas sanitarias, en unas instalaciones que se encuentran a menos de un kilómetro de distancia de Nerva y ya han causado problemas también a otros municipios como El Berrocal, cuyos vecinos se han quejado en reiteradas ocasiones de los malos olores procedentes de estas instalaciones.
Extraños movimientos de la Junta
El proceso administrativo iniciado en febrero y paralizado por el estado de alarma ha registrado extraños movimientos por parte de la Junta de Andalucía, que desde un primer momento está facilitando a la empresa gestora del vertedero los trámites legales para llevar a buen fin la ampliación del vertedero que ha solicitado Ditecsa.
El BOJA daba un plazo de veinte días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su publicación (2 de abril de 2020), en pleno confinamiento domiciliario, para que cualquier persona física o jurídica pudiera examinar el proyecto o cualquier otra documentación que conste en este procedimiento y presentar alegaciones ya sea sobre el impacto ambiental de la ampliación planteada como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que se integraran en el nuevo proyecto. La Junta de Andalucía ha recibido ya varias alegaciones tanto de personas físicas como de organizaciones de distinto tipo. Aunque el estado de alarma paralizó todos los plazos burocráticos, con el desconfinamiento se volvió a iniciar la cuenta atrás el pasado 1 de junio.
Los vecinos de Nerva han comenzado a movilizarse de nuevo más de veinte años después de las primeras protestas, contra este proyecto que ahora pretende ampliar sus instalaciones pese a las deficiencias medioambientales denunciadas reiteradamente por los colectivos ecologistas. Asociaciones como la Alianza por el Cierre del Vertedero y la Protección del Río Tinto han iniciado una recogida de firmas en el portal change.org, donde llevan ya más de 6.000 apoyos.
Nerva, Salud y Dignidad nace como una alternativa ciudadana de vecinos para promover una consulta popular vinculante que lleve al cierre definitivo del vertedero
También se ha creado una alternativa ciudadana de vecinos del municipio onubense denominada Nerva, Salud y Dignidad, cuyo objetivo prioritario es frenar la ampliación de este vertedero y lograr su cierre definitivo mediante la creación de una mesa de diálogo de todas las partes implicadas que lleve a una consulta popular vinculante sobre la idoneidad o no de que el vertedero mantenga y amplíe su actividad.
Esta nueva agrupación ciudadana está convencida de que la ampliación del vertedero de Nerva, junto con las nuevas instalaciones previstas en él, “lo que pretende es trasladar la idea de que la actividad del complejo busca la ‘economía circular’ y una mejor gestión, control y reutilización de residuos. Sin embargo, tras esa capa superficial de ‘buenas intenciones’ o ‘mejores técnicas disponibles’ se observa que la verdadera intención es aumentar en gran medida la capacidad de almacenar más residuos, tanto tóxicos como peligrosos”.
Desde la agrupación ciudadana Nerva, Salud y Dignidad se asegura que el municipio onubense “no sólo poseerá un vertedero de más capacidad, con nuevos residuos amontonados sobre los actuales, sino que igualmente será un ‘mercadillo de los residuos’, pues se busca el recibir y el vender algunos residuos como subproductos, tras ciertos tratamientos en las instalaciones que son también contaminantes”.
Estos vecinos que inician una nueva etapa de movilizaciones contra el vertedero aseguran que “en Nerva quedará más tráfico pesado (traerán y llevarán residuos) y, por desgracia, los residuos con los que ya no se pueden hacer nada con ellos, los peores. Estos residuos se quedarán en los nuevos ampliados vasos de por vida”.
Vertidos tóxicos al río Tinto
El proyecto de ampliación abierto por la Junta de Andalucía a instancias de la empresa reconoce dos nuevos focos de emisión a la atmósfera, nuevos puntos de vertidos al cercano río Tinto, generación de nuevos residuos peligrosos y mayor consumo energético, por lo que los vecinos deberán afrontar “más olores, más molestias acústicas, más riesgo de contaminación del suelo y de las aguas, más riesgo en el tráfico, más riesgo al medio ambiente y a los vecinos, en unas instalaciones que no llegan ni al kilómetro de distancia del núcleo urbano y encima en un entorno protegido como Bien de Interés Cultural. ¿Dónde está la Utilidad Pública o el Interés Social tras tantos años?”, se preguntan en Nerva, salud y dignidad.
