¿Cuánto dinero gastan los servicios secretos en fondos reservados? ¿Qué cantidades se destinan cada año a pagar confidentes y agentes encubiertos en operaciones contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo internacional. Nadie lo sabe con exactitud. O si se sabe, no se especifica con detalle hasta el último céntimo gastado. Los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, suelen lavarse las manos cuando se trata de indagar o justificar el dinero público de todos los españoles que se maneja sin control en esa parcela de la seguridad nacional. Y no se trata de cantidades precisamente pequeñas. En algunos casos podríamos estar hablando de cientos de millones de euros, incluso miles. Una buena tajada de los Presupuestos Generales del Estado que anualmente se pierde en un mar de oscurantismo, burocracia y falta de transparencia, todo ello bajo el sello oficial de “confidencial” o “alto secreto”.

Los expertos en seguridad consultados por Diario16 creen que el Estado español debería controlar mediante leyes más rígidas el destino que se da a unas partidas presupuestarias que a menudo quedan a discreción del ministro, del alto mando de las fuerzas de seguridad del Estado o del funcionario de turno. Dinero que entra y sale de los diferentes departamentos policiales. Dinero que se esfuma sin dejar rastro. Dinero que podría estar íntimamente relacionado con graves casos de corrupción.

El diario digital Vozpópuli se hacía eco hace unos días de una noticia que tenía que ver con la opacidad que envuelve a todo lo relacionado con los fondos reservados en nuestro país. “Cada centro gestor de fondos reservados abrirá una caja específica y exclusiva para el manejo de dichos recursos, que será gestionada por un responsable designado al efecto, que en el caso de los servicios centrales lo será por el ministro a propuesta del titular respectivo”.

El asunto es tan trascendente que expedientes judiciales como el caso Villarejo tienen mucho que ver, si no todo, con el pago de fondos reservados de una forma arbitraria o cuanto menos poco escrupulosa con la ley. ¿Cuánto dinero se destinó a pagar las actividades ilegales del comisario jubilado? ¿Se sabe cómo se retribuyeron las operaciones secretas y el espionaje de políticos independentistas que supuestamente llevó cabo la conocida como “policía patriótica”? La respuesta sigue siendo una inquietante incógnita, pero que pone en entredicho la gestión y las formas de hacer las cosas del departamento que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz bajo supervisión directa de Mariano Rajoy. “Mensualmente o en función de la situación de las diferentes cajas, el titular del Gabinete del Ministerio o el responsable de la Secretaría de Estado harán una propuesta de disposición de fondo de dicha cuenta corriente al ministro, el cual dará la orden de pago oportuna, pudiendo delegar en la Secretaría de Estado de Interior”, recuerda Vozpópuli en su información.

En base a la orden de pago de los fondos reservados, “se expedirá un cheque contra la cuenta corriente en el Banco de España, el cual irá firmado necesariamente por dos de las tres personas que tienen reconocida su firma en dicha cuenta”. Fuentes conocedoras de estas prácticas apuntan a que la responsabilidad última en la autorización del dinero corresponde a altos cargos de Interior y Presidencia.

La retirada del dinero se hace en metálico, que “se ingresará en la caja del ministro o en la caja de la Secretaría de Estado”. Por la recepción del dinero, en cada una de las cajas, los responsables firmarán un recibí y de este ingreso se hará una anotación en el registro de los fondos reservados, asegura Vozpópuli.

El dinero se reparte después en función de las solicitudes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Plan Nacional sobre Drogas. “A la solicitud que efectúe cada centro habrá de acompañar la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos en la anterior entrega. La salida del dinero de la caja del ministro o secretario de Estado debe quedar reflejada en un registro y el ingreso en las nuevas cajas, también. No obstante, para poder hacer efectiva la distribución de los fondos reservados se exigirá la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos en la anterior entrega”. La contabilidad debe quedar reflejada desde un punto de vista “orgánico, funcional y por operaciones sobre los empleos dados a los fondos reservados”. La norma estipula que la contabilidad estará radicada en el Gabinete de la Secretaría de Estado.

No cabe duda de que existe un procedimiento reglado pero “las fuentes policiales consultadas al respecto admiten que la información que se suele incluir a la hora de detallar el uso de estos pagos rara vez entra al detalle”. Por lo general se suelen recoger a aspectos más bien genéricos. Todos estos criterios se establecieron en 1995 “porque hasta ese momento los fondos reservados no requerían justificación documental y se consideró necesario diseñar un sistema de control interno específico”, añade el citado diario digital. Y en cualquier caso son muchas las veces que los responsables políticos han apelado al secreto de Estado, que por ley ampara al uso del dinero público con fines de seguridad, para evitar dar explicaciones.

En 2004 el Tribunal Supremo concluyó que 645 millones de pesetas (3,8 millones de euros) se esfumaron durante los años de Gobierno socialista. Y otros 206 millones sirvieron supuestamente para retribuir las actividades de los GAL.

No cabe duda: en las cloacas del Estado muchos viven de los fondos reservados. Y viven muy bien.

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