El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de anunciar la imposición de una multa de 15 millones de euros a España, que además, deberá pagar 89.000 euros diarios hasta que transponga correctamente una directiva. La normativa afecta a la protección de datos en el ámbito de las investigaciones penales.
La directiva europea debía haber sido transpuesta el 6 de mayo de 2018, algo que no se hizo por parte de España. La Comisión Europea apercibió al Gobierno en el mes de julio de ese año, sin obtener contestación. Por este motivo, volvió a dirigirse al Gobierno de España en enero de 2019 con un dictamen motivado que, en esta ocasión, sí fue respondido: España explicó que la transposición estaba en curso y que estaría todo terminado en el mes de marzo de 2020. Pero no se hizo.
El TJUE señala que «España ha persistido en su incumplimiento», pues «en la fecha de terminación de la fase escrita ante el Tribunal de Justicia (en mayo de 2020), España todavía no había adoptado ni comunicado las medidas necesarias para garantizar la transposición de las disposiciones de la directiva al derecho español».
El Ministerio del Interior es el responsable de la transposición de dicha directiva europea.
