Lucía Avilés, portavoz de Mujeres Juezas, avala la decisión del Gobierno socialista de considerar delito cualquier acto sexual que se realice sin consentimiento expreso. Para Avilés, la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez va en la línea de lo que ya se está haciendo en “el ámbito europeo” y en países como Suecia, donde “solo un sí de la mujer es un sí”. En este país nórdico se ha aprobado una ley que considera cualquier relación sexual sin consentimiento expreso como una violación.
Para Avilés, el anuncio de la ministra de Igualdad, Carmen Calvo, de que a partir de ahora el enjuiciamiento de un delito sexual no dependerá de la interpretación subjetiva que hagan los jueces es “coherente” con el convenio de Estambul, que pone el énfasis en si hubo o no consentimiento de la mujer violada a la hora del contacto sexual.
“Hasta ahora se presumía que hubo consentimiento y tenía que ser la mujer la que demostrara que no lo hubo. A partir de ahora el peso del proceso no recaerá exclusivamente en la víctima”, subraya la portavoz y socia fundadora de Mujeres Juezas. “Con esta reforma penal España se pone las pilas en la persecución de los delitos sexuales. El cambio llega cuando llega, todo se puede hacer antes, pero si ha sido ahora bienvenido sea”, alega.
“Hasta ahora se presumía el consentimiento y tenía que ser la mujer la que demostrara que no lo hubo. A partir de ahora el peso del proceso no recaerá exclusivamente en la víctima”
La introducción del consentimiento como requisito básico no servirá en principio para reducir el índice de agresiones sexuales, ya que el Código Penal está para reprimir mientras que “para prevenir está la educación, los poderes públicos y la aplicación de la normativa en materia de igualdad”.
Avilés recuerda que aunque se ha producido un repunte en los delitos sexuales en los últimos meses, ello no se debe a que “haya más casos, sino a que se detectan más y mejor y a que las mujeres están perdiendo el miedo a denunciar”. La magistrada concluye que estamos ante “un auténtico problema social, no algo que afecta solo a las mujeres”, y añade que el requisito del consentimiento es el camino para reducir los errores judiciales.
La decisión del Gobierno se produce tras la polémica suscitada por el caso de La Manada, en el que cinco jóvenes abusaron de una muchacha de 18 años en un portal de Pamplona durante las fiestas de San Fermín de 2016. Uno de los tres magistrados de la Audiencia Provincial que enjuiciaron los hechos consideró que no hubo agresión sexual en las conductas de los implicados, sino que en todo momento se apreciaba “un ambiente de regocijo y jolgorio”, dando por sentado que la víctima aceptó mantener relaciones sexuales con los cinco procesados. La condena de nueve años de prisión, considerada por muchos como un castigo insuficiente, provocó manifestaciones de repulsa masivas en todo el país, protestas que se han agravado después de que el tribunal haya ordenado la puesta en libertad de los encausados.
“La Justicia es machista porque juezas y jueces formamos parte de la sociedad y somos su reflejo. No somos ajenos al machismo que lo impregna todo y que es fruto de una empresa colectiva de enseñanza y aprendizaje por la que se interiorizan desde la infancia los llamados estereotipos de género”, asegura la magistrada Lucía Avilés.
