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Mujeres a las que la administración arrebata a sus hijos crea la asociación contra el síndrome de alienación parental

La iniciativa surge en Bizkaia, donde Irune Costumero ha conseguido que los tribunales imputen al servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia por dar por válido este síndrome no reconocido en ninguna organización profesional del mundo

María José Pintor
Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.
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Nace en Bizkaia la primera asociación contra el síndrome inexistente de alineación parental, concepto no reconocido por ninguna organización profesional del mundo pero que ha servido para que determinados servicios de Infancia de la Administración retiren a las madres la custodia de los hijos en favor del padre.

Es la primera vez que se constituye un equipo técnico formado por afectadas de este inexistente síndrome de alienación parental y profesionales de distintas disciplinas: sanitaria, escolar, trabajo social, periodístico y asociaciones civiles.

Como ya adelantó diario16.com , esta forma de actuar del Servicio de infancia de la Diputación de Bizkaia ha servido para que todo el equipo, incluido el actual Diputado, Sergio Murillo, estén imputados.

Mientras la Justicia sigue su curso, de forma lenta, Irune Costumero sigue esperando a que le devuelvan a su hija.

Duro auto

Los máximos responsables del Servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia, con su diputado de Acción Social a la cabeza, Sergio Murillo, están imputados en espera del juicio penal por arrebatar a una menor de cinco años a su madre, Irune Costumero, y entregársela al padre. Un juez de la Audiencia Provincial ha emitido un duro auto por estos hechos sin que, según confirman en prensa de la institución a diario16.com, vaya a variar -hasta que se dicte sentencia- el alejamiento de la niña, que ya tiene ocho años, y la decisión de retirar la custodia a una madre coraje que sigue luchando por recuperar a su pequeña.

Los técnicos de la Diputación culpan a la madre del aparente rechazo de la niña a su padre, para ello se basan en el inexistente síndrome de alineación parental, y por ello deciden arrebatar a la pequeña de los brazos de la madre, produciendo incluso lesiones a ambas físicas y psicológicas.

En este supuesto síndrome de alienación parental está basada la decisión de los técnicos del Servicio de Infancia de la Diputación, que ha supuesto la imputación a Sergio Murillo, el actual diputado de Acción Social, a María Antonia Giner, jefa de valoración del servicio de Infancia, y Consuelo Alonso, jefa del Servicio de Infancia. Los tres están imputados por prevaricación. Además, la trabajadora social Maika Urutxurtu está imputada por delitos de lesiones cuando trataba de arrebatar a la niña de los brazos de su madre.

Más casos

Pero el de Irune y su hija no es el único caso. En varios servicios de infancia de España se opta por esta vía no reconocido profesionalmente.

En 1985, el médico estadounidense Richard Gardner acuñó el síndrome de alienación parental (SAP) para describir una situación en la que, supuestamente, un progenitor, normalmente la madre, aliena a su hijo contra el padre, alegando en la mayoría de los casos falsas acusaciones de agresión sexual o malos tratos. Este síndrome ha pasado por una supuesta dolencia no avalada por la comunidad científica ni por el Consejo General del Poder Judicial.

las fundadoras del colectivo han presentado un manifiesto en el que critican la labor en este tipo de casos de los jueces, los equipos psicosociales, los servicios sociales de base y los servicios de infancia argumentando que «todas las actuaciones –de estos servicios– obedecen al mismo patrón: no se escucha a los niños y se culpabiliza a las madres».

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