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La nueva ley aprobada esta semana, «pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad como es la eutanasia. La eutanasia significa etimológicamente ‘buena muerte’ y se puede definir como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa, con el objeto de evitar un sufrimiento. Así comienza la exposición de motivos.

En este país estamos acostumbrados a avanzar en derechos con un sobresfuerzo añadido para vencer las resistencias de la derecha a cualquier paso que signifique profundizar en la libertad de las personas. «Resistencia que se redobla cuando estos derechos se hacen efectivos por servicios públicos universales y con equidad«. (María Luisa Carcedo, diputada por el PSOE). Estamos hablando de casos en los que ya no existe posibilidades de cura de la enfermedad y que suponen un gran sufrimiento físico o psíquico. La prolongación de la vida se produce a costa un suplicio para la persona y de una gran impotencia para los familiares por no poder ayudarla.

El anterior intento de aprobar una ley de eutanasia −el actual era el quinto− se produjo hace tres años, promovido por Unidas Podemos; entonces los socialistas votaron en contra. Ahora han sido sus impulsores y los que han negociado con los demás. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en Twitter: «La aprobación en el @Congreso_Es de la Ley de #Eutanasia supone una gran conquista social. Avanzamos en libertad, en derechos civiles y en dignidad. Gracias a los grupos que han apoyado esta norma y a las personas y colectivos que han trabajado para conseguirlo».

La izquierda, Ciudadanos y el PNV suman apoyos para permitir que España sea el sexto país del mundo que regula el derecho a la muerte digna. La votación ha salido adelante con 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones; con los votos en contra de PP, Vox y UPN. España se convertirá así en el sexto país del mundo en despenalizar la eutanasia con una ley que establece unos requisitos muy concretos. Es una ley por la que familias, colectivos y particulares llevan luchando décadas y que podría entrar en vigor en la primavera de 2021 tras su tramitación en el Senado, cuando será legal en España que un enfermo incurable solicite ayude para poner fin a su vida.

No es frecuente ver a Inés Arrimadas y a Íñigo Errejón defendiendo juntos los valores liberales. Ni al regionalismo cántabro votar al lado de los independentistas y anticapitalistas de la CUP. Y a todos empleando argumentos no muy diferentes. Para Ciudadanos, la eutanasia supone una de esas banderas que le permiten marcar distancias con la derecha, y de ahí que su líder subiese personalmente a la tribuna para defender la ley y proclamar «Somos liberales, defendemos la libertad». Los distintos portavoces fueron compartiendo los argumentos en defensa de la ley.

No supone una despenalización de la ayuda al suicidio, sino un derecho para enfermos en situaciones irreversibles. La norma es «garantista», la palabra más repetida, porque, entre otras cosas, obliga al paciente a ratificar en cuatro ocasiones, bajo supervisión médica, su voluntad de morir. Permite la objeción de conciencia de los sanitarios. Y, sobre todo, no quita ningún derecho, solo reconoce que «nadie puede obligar a otra persona a prolongar su vida con sufrimiento», en palabras de Carcedo.

Recordemos algunos casos, que por conocidos, dejaron huella; pidieron la muerte digna que la Justicia se les negó. Ramón Sampedro rompió lo que era un tabú en España. Llegó con su caso hasta el Tribunal Supremo y el cine, con Mar adentró le inmortalizó. El diputado del BNG, Néstor Rego, recordó cómo acabó el caso de Sampedro. «Las personas que lo ayudaron a morir (su amiga Ramona Maneiro, en la clandestinidad de un piso, en enero de 1998) fueron perseguidas judicialmente». Otros diputados recordaron Maribel Tellaetxe, Inmaculada Echeverría o al doctor Luis Montes, al que la Comunidad de Madrid acusó en 2005 de provocar la muerte de 73 pacientes terminales en el hospital de Leganés, un caso que los tribunales acabaron desestimando. «Un héroe», lo ensalzo con emoción la diputada de Unidas Podemos Rosa Medel.

María José Carrasco murió el 3 de abril de 2019 en su domicilio cuando tras el deseo «constante» de la enferma de acabar con su vida, su marido vertió en un vaso pentobarbital sódico, y se lo acercó a su mujer, que lo ingirió con una pajita. A los diez minutos falleció. En el escrito de acusación, la Fiscalía relata la historia clínica de la fallecida desde que en 1989 le diagnosticaron Esclerosis Múltiple, «una enfermedad crónica degenerativa e incurable» por la que se le concedió una gran invalidez en 1996, ya que necesitaba ayuda para todas las tareas. Su marido no obtuvo ayudas para el cuidado y el tratamiento de la enfermedad. Ahora, el juzgado madrileño que investiga a Ángel Hernández, ha dictado auto de apertura de juicio oral, que se celebrará en 2021 en un juzgado de lo Penal especializado en violencia machista.

La eutanasia activa es la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este, por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable; asi define la Ley Ógánica en su exposición de motivos. El texto no nombra como tal el suicidio asistido, pero considera dentro de ese «contexto eutanásico» tanto «la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente», como «la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que esta se la pueda autoadministrar, para causar su propia muerte», el suicidio médicamente asistido.

Si la persona no está consciente, puede aplicársele, si ha «suscrito con anterioridad un documento de instrucciones, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos; en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en el documento». En el caso de haber nombrado representante será el interlocutor válido para el médico responsable.

Si la persona está consciente, el interesado debe solicitar la eutanasia primero dos veces por escrito (o por otro medio que deje constancia, por ejemplo si la persona no puede escribir), separados por 15 días y que haga patente que no es «resultado de ninguna presión externa». Después de la primera solicitud, el médico responsable del caso deberá realizar con el paciente «un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita». Por supuesto, el interesado puede detener el proceso cuando quiera.

El paciente debe contar con la aquiescencia de su médico. Este debe pedir la opinión de un facultativo consultivo, que debe tener «formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente» pero no pertenecer «al mismo equipo del médico responsable». La comisión de evaluación deberá nombrar a dos expertos que evalúen el tema (uno de ellos, un jurista). Si ambos están de acuerdo, el proceso seguirá adelante. Una vez se decida que la petición está justificada, se lo comunicará al médico para que proceda a aplicar la eutanasia o facilitar el suicidio. Pueden pasar como máximo 40 días desde la solicitud, hasta que el médico reciba el visto bueno. Pasarán unos días, sin concretar, para el acto de la eutanasia en sí. «La prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el domicilio del paciente».

«Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia», que deberá manifestarse anticipadamente y por escrito. Es deber de la Administración sanitaria velar para que la renuncia no menoscabe «el acceso y la calidad asistencial de la prestación».

El debate sobre la toma en consideración de la Ley de Eutanasia tuvo un momento especialmente bronco durante la intervención del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que ha cargado contra PP y Vox por defender en su lugar una Ley de Cuidados Paliativos. Según Echenique, los cuidados paliativos no aseguran la muerte digna, poniendo como ejemplo el caso de Ramón Sampedro, que no sufría dolores insoportables cuando llevó a cabo su suicidio asistido. Ha cargado contra José Ignacio Echániz, del PP, al criticar que la Ley de Eutanasia abre la puerta a casos graves de mala praxis. «Hemos asistido a un discurso de gente sin escrúpulos«. Ha tenido que oir gritar a un diputado anónimo: «Es repugnante que tú defiendas esto».

En España, los estudios disponibles y las encuestas más recientes muestran que tanto la eutanasia como, en menor medida, el suicidio médico asistido, son prácticas que cuentan con un importante y creciente apoyo entre la población. Entre el 78% y el 88%, según se adopte una definición más o menos restrictiva del apoyo, juzga como bueno que se permita la eutanasia activa voluntaria. Esta cifra oscila entre el 72% y el 85% en el caso del suicidio médicamente asistido. La eutanasia activa y/o el suicidio médico asistido son prácticas legales en países como Bélgica, Canadá, Colombia, Luxemburgo, Holanda, Suiza y en siete estados de los Estados Unidos.

Una ley que reconoce un nuevo derecho al que se opone, una vez más, la derecha reaccionaria, blandiendo retóricas incendiarias que sobrepasan todos los límites del debate político en democracia. Como sucedió con otros derechos anteriores, cuando ellos o su entorno se encuentren en esta situación, se acogerán a él.

Es una ley que combina la garantía del ejercicio de derechos fundamentales, el humanismo, la compasión hacia las personas que sufren y comprensión para sus familiares. Una regulación que tiene especial empeño en garantizar la equidad, la calidad de la prestación y la atención humana a la persona y su entorno.

Ramón Sampedro, Maribel Tellaetxe, Inmaculada Etxevarría, Luis Montes o María José Carrasco, anhelaron durante años una «muerte digna». Todos ellos tuvieron que recurrir a manos amigas para cortar con el sufrimiento. La eutanasia, derecho que ellos creyeron merecer y que nunca pudieron ejercer. Hacia una sociedad más humana y más justa. In memoriam.

Víctor Arrogante

En Twitter @caval100

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