La realidad de la lucha contra la covid-19 en Andalucía va por carriles paralelos y totalmente contrapuestos. En uno de ellos los planes del Gobierno bipartito de Juan Manuel Moreno Bonilla apoyado por la ultraderecha de Vox, que ahora vende un nuevo plan “de contingencia” ante una previsible e inminente avalancha de ingresos hospitalarios. En el otro carril los incontestables datos estadísticos de todo tipo relacionados con la pandemia. Andalucía es, con diferencia, la comunidad que menos pruebas PCR por habitante realiza, también es la comunidad autónoma que más incidencias ha contabilizado en el inicio del curso escolar, con más de una treintena en los primeros días de la vuelta al cole. Y a todo ello se suma que el Gobierno de Moreno Bonilla aún no ha explicado por qué ha ocultado a la ciudadanía que la Costa del Sol malagueña está en cifras alarmantes de contagio comunitario desde al menos mediados de agosto pasado, como así lo ha certificado un documento oficial de su propio equipo de expertos sanitarios, minimizado en sede parlamentaria por el consejero de Salud, Jesús Aguirre.
Andalucía “se adelanta” a la pandemia de nuevo, según el Gobierno autonómico, porque ha preparado “un posible escenario de 3.000 pacientes ingresados por covid-19 en Andalucía”. Los datos oficiales recogidos por la Consejería de Salud este martes son los peores desde que comenzó la desescalada el pasado mayo. Este martes 15 de septiembre, Andalucía ha sumado 22 fallecidos en las últimas 24 horas y un total de 1.038 nuevos casos positivos confirmados por pruebas PCR. El impacto de esta segunda oleada de la pandemia en la comunidad autónoma ya se deja notar de forma visible en los hospitales, donde los ingresos rozan el millar, con un total de 70 nuevos ingresos en las últimas 24 horas y casi 200 más que hace una semana. De todos ellos, 120 enfermos se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos.
Echar mano de la sanidad privada
El Gobierno de Moreno Bonilla se compromete con su “plan” a que todas las provincias estén preparadas para asumir dicha carga asistencial “sin necesidad de activar recursos asistenciales extraordinarios”, aunque en caso de que “se detecte presión asistencial localizada”, la Junta contempla echar mano de la sanidad privada.
En líneas generales, el nuevo plan con el que la Junta de Andalucía dice que se adelanta a la pandemia no es más que la aplicación de los protocolos ya activados en la primera oleada de la enfermedad durante el confinamiento de marzo y abril pasados. Esto es, una reserva de camas de hospitalización, observación, unidades de recuperación postanestésica y UCI, con el fin de tener operativas la mayor cantidad de unidades disponibles, así como de respiradores, y también la suspensión de todas las cirugías no oncológicas que necesiten UCI, reservando su disponibilidad para pacientes afectados por Covid-19; además de la disminución, aplazamiento o suspensión de la cirugía menor ambulatoria en función de la situación epidémica local, y el aplazamiento o suspensión de todas las consultas de revisión no oncológicas, así como de pruebas diagnósticas en pacientes no oncológicos.
Este “nuevo plan de anticipación” del Gobierno andaluz se anuncia precisamente cuando las denuncias ciudadanas y de las centrales sindicales por las carencias de la atención primaria no cesan de aumentar en un momento que este servicio se presupone como elemento fundamental en la lucha contra la pandemia.
