El ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro no descarta que los organizadores del referéndum del 1-O pudieran desviar fondos públicos para organizar la consulta soberanista. Así lo ha asegurado durante la sesión de hoy del juicio al ‘procés’ que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo. Tras detectar las supuestas irregularidades, su departamento remitió denuncias sobre “presencia de observadores internacionales, actividades de Diplocat en el exterior, publicidad institucional y en general utilización de fondos públicos” para llevar a cabo la consulta. “No se puede descartar que se desviaran fondos. En ese momento temo por el patrimonio público y apoyamos las denuncias con la presencia de la Abogacía del Estado”, ha dicho Montoro.

El exmáximo responsable del ministerio ha acudido a presencia del tribunal con un informe contable de abril de 2018 que llevaba bajo el brazo. Cuando Vox le ha preguntado si todos los fondos públicos estaban bajo control del Gobierno central, Montoro ha recordado que “había un sistema finalista de control de pagos certificados”. “Todos los fondos de la Generalitat estaban sometidos a ese control y se garantizaba la legalidad de esos fondos”, insistió. Es decir, del dinero destinado a Cataluña ese año (28.334 millones de euros) todas las partidas presupuestarias “estaban controladas de acuerdo a sus fines”, ya que a partir de 2017 se implantó para la Generalitat un sistema que “implicaba un control absoluto de todos los pagos, todos los créditos, y eso quiere decir que todo estaba controlado”.

No obstante, según un informe de la Guardia Civil, al menos 1,6 millones de euros fueron destinados a “pagos para organización promoción y celebración del referéndum”. Sobre ese documento, Montoro recuerda que los expertos de las unidades fiscales han contado con el apoyo de personal técnico cualificado del Ministerio de Hacienda. “Se constituyó un equipo humano para asesorar a las fuerzas de seguridad. Una cosa es el control presupuestario y otra cosa la investigación de policía, Fiscalía, tribunales…; eso ocurre en muchos casos, y cuando se detecta algo se denuncia a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas. Se acompañan esas denuncias con asesoramiento técnico”, agregó. Para Montoro es compatible que Hacienda lleve un control de unos fondos públicos y luego se detecten irregularidades. “Ocurre todos los días con el fraude fiscal. La obligación del ministro era facilitar los recursos humanos, por eso todo lo dirigió la abogada jefe del Ministerio de Hacienda”, insistió.

Montoro alegó que su “interés” era que Oriol Junqueras estuviera presente en todas las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera −el órgano encargado en España de la coordinación entre la Hacienda Estatal y las comunidades autónomas en materia tributaria y económica−, pero “por agenda no se podía”. No obstante, Montoro mantuvo contactos con la Generalitat en diversas ocasiones. “Junqueras se reunió conmigo a comienzos de 2016 en el ministerio, vino a visitarme, y después con él en la sede de Fomento de Trabajo en Barcelona y con Soraya Sáenz de Santamaría en una reunión conjunta. Al menos esas tres”, agregó.

El exministro asegura que tras el referéndum de autodeterminación del 1-O vio “indicios” de prevaricación en las conductas de la Generalitat de Cataluña. “Funcionarios públicos que convocan a un acto para el que se abren locales públicos, se destinan fondos públicos para un acto ilegal… Hay motivo de prevaricación”, ha ratificado Montoro, tal como aseguró en su día en unas declaraciones públicas. “Quería transmitir a todos los españoles que un referéndum no se podía celebrar porque la autoridad no tenía presupuestos para ello, además de que era ilegal. Era una situación muy difícil de definir”, puntualizó. “No sé con qué dinero se pagaron las urnas de los chinos ni la manutención de Puigdemont, pero no con fondos de la Administración, porque la Generalitat estaba intervenida”, concluyó.

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