La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha enviado un claro mensaje al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra: la inyección de 16.000 millones de euros para que las comunidades autónomas puedan paliar los efectos de la epidemia de coronavirus se repartirán con arreglo a criterios “objetivos, equitativos y justos”. No obstante, ha anunciado que el Gobierno se reunirá con Torra para evaluar la situación.

El mensaje del Ejecutivo central trata de contestar a unas recientes declaraciones del líder independentista, que en las últimas horas ha reclamado al Estado 4.000 millones de esos 16.000 contemplados en el llamado Fondo de Recursos no Reembolsable, una partida estatal a fondo perdido, por lo que no supone un préstamo a devolver. Este inmenso paquete de ayudas anunciado por Montero es la mayor inyección de dinero público destinado a las comunidades autónomas de la historia de España. El criterio que el Gobierno ha seguido es el de dotar a las regiones de una cantidad suficiente de liquidez para hacer frente a los gastos por el covid-19. Al menos 10.000 millones de esos fondos serán destinados a inversión por gastos en Sanidad; 1.000 millones a gastos sociales; y los restantes 3.000 a paliar la caída de ingresos propios de las comunidades autónomas.

Montero ha advertido que el reparto entre los diferentes territorios se distribuirá según criterios de “gasto y población”, siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad del Estado de Bienestar cuya quiebra “el Gobierno no va a tolerar”. “El Estado de Bienestar no es una rémora, como dicen algunos, sino el principal aval para enfrentar los retos que tenemos por delante”, ha asegurado la ministra, que ha recordado que España tiene un tejido productivo fuerte y productivo que le permitirá salir de la crisis. El Gobierno sigue confiando en que la salida de la economía española tras la crisis del covid-19 se hará en forma de “uve asimétrica”, es decir, remontando el vuelo paulatinamente. Así, confía en que el año próximo el PIB aumentará un 6,8 por ciento, de modo que el país crecerá un 1,6 por ciento hasta alcanzar el nivel que tenía en febrero de este año, antes de estallar la crisis a causa de la pandemia.

El segundo gran anuncio de la portavoz del Gobierno es que el Estado ha dado luz verde a una tercera línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para autónomos y pymes, con un primer tramo dotado con 24.500 millones de euros “con la previsión de poder llegar a 100.000 millones”. El objetivo de esta nueva línea de avales es la de “dotar de liquidez” a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos ante la crisis por la pandemia. Montero ha recordado que hasta la fecha se han aprobado dos tramos de línea de avales ICO de 20.000 millones cada uno, de los que 30.000 millones se han reservado para pymes y autónomos. Las líneas de avales han servido para cerrar 265.841 operaciones, de las que el 98 por ciento han sido para las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores empleados en el régimen de autónomos.

Por tanto: igualdad territorial en el reparto de las ayudas contra el coronavirus por encima del chantaje independentista; fortalecimiento del Estado de Bienestar (sobre todo del sistema sanitario y del sector público); y liquidez para las familias y pequeñas empresas, que van a ser las más castigadas por la crisis. Tres pilares fundamentales sobre los que, por encima de demagogias y fanatismos localistas, sin duda se puede empezar a hablar de una reconstrucción del país en los próximos meses.  

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