Ayer martes ERC lanzaba una propuesta que no era nueva, pero que sirve para presionar ante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado: la modificación del Código Penal en lo que respecta al delito de rebelión y sedición.
Este debate ya estuvo sobre la mesa hace tiempo y el PSOE se mostró favorable a que nuestra normativa fuera equiparable a la de las democracias europeas de nuestro entorno.
Precisamente esta idea se está negociando en el seno del Ejecutivo, entre el PSOE y Unidas Podemos.
Gabriel Rufián (ERC), sin referirse expresamente a la cuestión de la sedición y la rebelión en concreto, sí lanzó la manzana de la discordia sobre la mesa en su intervención, recordándole a los socios de gobierno que «saben perfectamente lo que tienen que hacer».
Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, respondió en la rueda de prensa posterior que «España podría homologar la definición de este tipo penal a otros países de nuestro entorno». Pero también hizo hincapié en el hecho de que, al tratarse de una modificación de Ley Orgánica, es necesario contar con mayoría absoluta. «Si logramos esas mayorías se puede explorar esa modificación».
Un planteamiento, el de la modificación del Código Penal que iría en línea con la propuesta que ha lanzado el president de la Generalitat, Pere Aragonés (ERC), que precisamente ayer señalaba a la vía canadiense para la realización de un referendum pactado con el Estado como siguiente paso hacia la independencia de Cataluña. Para poder transitar ese camino es necesario que la legislación no pueda volver a aplicarse de la manera injusta en que se ha hecho con el procés, según señalan fuentes independentistas a este diario.
Rodríguez, por su parte, subrayó que la vía para abordar todas estas cuestiones es la mesa de diálogo establecida entre el Govern y el Gobierno central. «Seguimos avanzando hacia la normalidad», señaló la portavoz. Aunque también quiso dejar claro que las posturas son muy lejanas y que «avanzar significa normalizar, recuperar prioridades».
Desde el PSC reconocen que esta cuestión se está abordando, pero con «discreción», pues hasta que no estén garantizados los apoyos necesarios en el Congreso, no plantearán un debate público.
