Foto de Agustín Millán.

Uno de los momentos más sentidos para la oposición en la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sido la posible extradición del escritor y periodista turco sueco, Hamza Yalcin, a Turquía. Esta solicitud de información al ministro en aras de que el Gobierno de Mariano Rajoy se posicione respecto a la postura de España ante el Gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en este asunto de calado internacional, ha sido promovida por Unidos Podemos-En Comú Podemos-En Marea y Esquerra Republicana. Pero Catalá no ha resuelto la cuestión de la extradición en su comparecencia, ni delimitó la postura política del Ejecutivo. Tampoco hizo alusión a los cientos de periodistas perseguidos y encarcelados por el régimen de Turquía, en la vulneración de la libertad de expresión.

Mientras tanto, Hamza Yalcin, continua en prisión preventiva en Barcelona, según ha decretado la Audiencia Nacional, por existir riesgo de fuga al carecer de arraigo en España, al residir en Suecia desde 1984. El gobierno de Erdogan decretó una orden de búsqueda y captura contra Yalcin, acusado de “insultar al presidente turco”, y “realizar propaganda terrorista” con la publicación de sus artículos de opinión en la revista turca Odak. Otro periodista alemán de origen turco, Dogan Alkhandi, fue detenido en Granada el pasado 19 de agosto, se encuentra en libertad provisional, al que también se ha solicitado la extradición por parte de Turquía.

El representante de la cartera de Justicia, Catalá, en su comparecencia, se limitó a explicar el funcionamiento de la Ley 4/85 de Extradición pasiva, la jurisdicción de la Audiencia Nacional, y señaló que “es un expediente que se encuentra al inicio, Turquía acaba de enviar la solicitud a España, y existe el compromiso del Gobierno ante la Unión Europea y el Consejo de Europa de velar por la democracia en este país a tenor de los acontecimientos en 2016”. Igualmente, en esta comparecencia, la oposición se ha referido a la detención del representante de Amnistía Internacional en Turquía.

Si hubiera alguna causa abierta por motivos políticos contra el ciudadano turco sueco o el defensor de derechos humanos turco procedente de Alemania, el Gobierno de España seguirá este asunto, y en estos momentos tratamos de resolver a la mayor celeridad posible esta situación”, insistió Catalá, que recordó que en esta comparecencia se hallaban presentes representantes de las Cámaras de Suecia y Alemania pendientes igualmente del proceso de extradición que se celebra en España a petición de Turquía, donde se trata de “ciudadanos europeos”, uno puesto en libertad provisional y otro en prisión provisional. El ministro apeló a que “el Gobierno está siendo responsable en el proceso de extradición”.

Esther Capella, por ERC, -que solicitó la comparecencia del ministro-, apuntó que “la Interpol se ha usado para perseguir por tema políticos”, y recordó al Gobierno de España que “no puede pasar por alto que Turquía ha suspendido el Convenio de Derechos Humanos, con lo que resulta impensable que se celebre un juicio justo para las personas a las que se solicita la extradición”.

La diputada hizo mención a la situación de Turquía, -tras el golpe de estado en 2016-, acerca de la vulneración de la libertad de expresión con 176 medios de comunicación cerrados, 270 periodistas detenidos y otros encarcelados, y alrededor de 10.000 periodistas despedidos. “¿España condena la vulneración de derechos fundamentales en Turquía?, ¿Qué medidas va a tomar para que se cumpla el Estado de Derecho?”, inquirió al ministro Catalá.

La oposición espetó a Catalá que “no se esconda en los procedimientos de los jueces respecto a la extradición que solicita Turquía, cuando la propia canciller alemana Ángela Merkel y Austria han declarado que no se fían de Turquía en este asunto”.

El diputado, Jaime Moya, por Podemos-En Comú, ha insistido en la confianza en el Gobierno, “para denegar la extradición de los dos ciudadanos solicitada por Turquía”. Moya ha recordado todos los periodistas detenidos, de los cuales 178 se encuentran en prisión, y “Turquía se encuentra en el puesto número 155 entre 180 países en cuanto a libertad de expresión”.

“Si pasan los días del plazo de solicitud de extradición caduca el proceso, y Turquía parece que lo ha solicitado después de este plazo tras la detención de los dos ciudadanos que quiere sean extraditados”, explicó el diputado de En Comú. Igualmente, recordó en esta comparecencia “una foto de Rajoy con Erdogan en 2014”, y espetó “sí en este caso el Gobierno va a anteponer intereses políticos por encima de los derechos humanos”.

Mikel Legarda, (Grupo Parlamentario Vasco), ha exigido un pronunciamiento del Gobierno de España, tal como ha hecho Suecia y Alemania. “Turquía manipula de una manera torticera la situación de extradición, y pedimos al Ejecutivo que se posicione políticamente, porque no es ninguna intromisión del Gobierno en la Justicia al ser una cuestión de derechos de ciudadanos europeos”.

El Grupo Mixto también se ha sumado a la reivindicación de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, -un escritor que edita una revista y otro es un defensor de derechos humanos-, y ha condenado al régimen político de Turquía que solicita la extradición de estos dos ciudadanos “como si en España no se aplicaran códigos de derechos humanos”.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Federación Internacional de Periodistas, y la Federación de Sindicatos, solicitaron a los grupos del Congreso su oposición a la extradición de los periodistas Dogan Alkhandi y Hamza Yalcin.

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