El Noroeste y Suroeste de la República Dominicana, e igual en Haití, están amenazados de morir de sed a consecuencia de la sentencia que declara inconstitucional el Parque Nacional Manuel Aurelio Tavares Justo, instituido en esta parte de la isla para proteger las fuentes de agua de la Cordillera Central que gravitan sobre esas regiones ubicadas a ambos lados de la súper-empobrecida frontera dominico-haitiana.
El fenómeno minero-destructivo es Continental y viene de atrás. Pero ahora asume una especial gravedad para esta hermosa isla caribeña.
Por primera vez en nuestra historia republicana defender el agua frente a la voracidad de corporaciones mineras y depredadores forestales es considerada inconstitucional.
Los conjurados son la Cámara Minera, Cámara Forestal, Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana-PLD y el Tribunal Constitucional (salvo dos excepciones), que conforma una especie de mafia saqueadora y depredadora.
Esto ni es gracioso ni gratuito. Corre mucho dinero en sobornos.
Los concesionarios favorecidos por su ubicación dentro, en los bordes y proximidades del referido Parque Nacional (parte del descuidado sistema de áreas protegidas), son las corporaciones mineras UNI-GOLD (en su corazón), GOLD QUEST (lado Sur), los Canelones-Yasala Financial SRL-empresas de bienes raíces (cerca de UNI-GOLD, afecta la frondosa loma Nalga de Maco) y también en el Suroeste próxima a GOLD QUEST, LA BULLA-Francisco González Abreu (arenas titaníferas-arriba del Parque), SABANA NOVILLERO-Acero Ruiz (Santiago Rodríguez) y MATAS DE CECIBAO- Cemento Cibao (Parque PIQUI LORA).
INMINENTES CONSECUENCIAS DE LA SENTENCIA CRIMINAL
El crimen es de lesa patria, para ambas naciones, porque la desprotección de esos 351 km2 procura sacrificar el agua y la vida de esas vastas regiones (ya de por sí sumidas en crisis de agua) para engrosar arcas mineras privadas, cajas fuertes de grandes aserraderos y alcancías de capos políticos, mediante la extracción de oro, plata y titanio de las entrañas de la Cordillera Central que cruza longitudinalmente de Este a Oeste la isla; e incluye luz verde a la CARRETERA SUR-NORTE que uniría las principales concesiones a manera de ruta minera, financiada por el Estado dominicano para favorecer esas corporaciones.
Haití sería afectada dentro del régimen de consecuencias funestas de esa decisión en unas de sus pocas zonas fértiles: la Cuenca del Artibonito.
Adiós entonces al sistema de ríos, a las correntías que alimentan Presa de Moción, regadíos y acueductos provinciales en esa parte de la República Dominicana… Adiós producción bananera, ganadera y arrocera…
Una gran mentira es el sustento de esa determinación de muerte lenta, pero masiva, contenida en la sentencia inapelable del referido Tribunal Constitucional-TC, que aplastaría la vida vegetal, animal y humana, imponiendo escasez extrema de agua en esas regiones y garantizando abundancia de oro y dólares para un puñado de magnates.
Esa sentencia bajo el alegato de protección de derechos de comunidades es un mamotreto.
Porque no es verdad que en ese Parque existen comunidades humanas afectadas en sus derechos. Ni siquiera hay asentamientos humanos con características de comunidades y tierras propias.
Las tierras fueron comuneras, hoy son del Estado.
Allí hay menos de cincuenta casas dispersas, algunas de veraneo. La única comunidad próxima es la del Corocito, ubicada en Altos de Mao, fuera del parque.
La propiedad privada que esa sentencia defiende es la poderosa Uni-Gold (vinculada a la Barrick Gold que depreda el centro del país), concedida para exploración minera luego de establecido el Parque (con una extensión violatoria de la ley) y también la de las otras corporaciones espurias.
El “palo asechao”, artero e “inapelable” está en vilo, porque este pueblo, el que defendió el gran reservorio de agua y biodiversidad de Los Haitises y el tesoro natural de Loma Miranda, y defiende el fértil Valle el San Juan de la Maguana, segurito apelará esa sentencia en calles y caminos repletos de multitudes indignadas.
