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Miles de mujeres reclaman presupuesto y compromiso contra la violencia machista

El movimiento feminista, partidos de izquierda y sindicatos reclaman los 120 millones que faltan comprometidos por el Gobierno en el pacto de Estado contra la violencia de género

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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Miles de mujeres, convocadas por el movimiento feminista Plataforma 7N, bajo el lema “compromiso igual a presupuesto. La lucha sigue, nos vemos en la calle. Ni una menos”, han salido a la calle para protestar frente al Ministerio de Sanidad y han recorrido el camino hasta el Congreso para reclamar los 120 millones de euros que faltan por presupuestar, y que estaban pactados, en el pacto de Estado contra la violencia de género.

900 asesinatos de mujeres en los últimos 15 años, así como los 169 huérfanos menores de edad

Las manifestantes reclaman que no sean los ayuntamientos ni las comunidades autónomas las que tengan que asumir este presupuesto.

La convocatoria también ha tenido en cuenta los 900 asesinatos de mujeres en los últimos 15 años, así como los 169 huérfanos menores de edad y también quiere que se tenga en cuenta la huelga feminista histórica del 8 de marzo.

La protesta ha rechazado el “lazo morado” que se puso el Gobierno después de las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer con la huelga feminista.

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Durante la manifestación se han repetido frases como “vivas y libres”, “no falta dinero, falta voluntad y vergüenza”. Además, han exigido a Rajoy que financie el ambicioso plan contra la Violencia machista.

Foto Agustín Millán

Los 100 millones negados a las Comunidades Autónomas, afectan a 47 de las 214 medidas del Pacto

En Educación, imposibilitan la prevención, detección precoz y atención a casi 10 millones de estudiantes (8,13 millones en Infantil, Primaria, Secundaria, y 1,5 Universidades), específicos para las diferentes violencias sexuales, con profesorado con formación y dedicación e informes de seguimiento del Consejo Escolar, la Inspección y las Unidades de Igualdad, así como desincentivar la demanda de prostitución en jóvenes.

En Sanidad no se aplicarán las medidas para Centros de Salud y hospitales y su coordinación con los servicios de atención jurídica, psicológica y social, policía y Juzgado de VG en la Unidad de Apoyo Local, el plan de atención psicológica e integral a los hijos/as de víctimas mortales y la atención a víctimas de trata sin papeles.

En los servicios sociales, jurídicos y psicológicos de proximidad, sin dinero no de pondrá en marcha un nuevo sistema -compartido por Comunidades Autónomas y Entidades Locales- de acreditación de la condición de víctima de violencia de género, a efectos de protección socioeconómica y de seguridad, incluyendo las zonas rurales; la atención a huérfanos de víctimas, Puntos de Encuentro Familiar, atención a la violencia sexual y a mujeres que ejercen la prostitución y aplicar las nuevas medidas para mujeres mayores, transexuales o transgénero, Asistencia Personal a mujeres con diversidad funcional/discapacidad y migrantes sin papeles.

Los 20 millones de euros negados a los ayuntamientos afectan a 12 medidas del Pacto

En primer lugar a la medida 61, para la restitución a los ayuntamientos de la competencia en igualdad y violencia de género, máxime cuando el Gobierno tampoco ha presentado el Proyecto de Ley para modificar la Ley 27/2013 que se la quitó, permitirles la contratación de personal para ello y garantizar en todo el territorio servicios profesionales, estables y de proximidad, de atención jurídica, psicológica y social de calidad a todas las mujeres víctimas y a los menores bajo su patria potestad o custodia, tanto si viven en una comunidad u otra, o en un municipio urbano o rural, peninsular o insular. Sobre ellos han de crearse Unidades de Apoyo Local integradas por dicho personal, la policía o Guardia Civil y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de su ámbito, con independencia de la interposición de la denuncia, para el seguimiento social y de seguridad individualizado. Actualmente el Ministerio del Interior está transfiriendo, a coste 0, la protección de las víctimas a la Policía Local.

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