El presidente andaluz, Juanma Moreno, y el consejero de Salud, Jesús Aguirre.

Los miles de afectados por el brote de listeriosis originado en la empresa sevillana Magrudis, que este verano ha causado tres muertes, cinco abortos,  más de 200 enfermos y más de 2.000 afectados oficiales, se pueden quedar sin recibir una indemnización por los daños causados al no haberse desarrollado una ley de 1984 surgida a raíz del caso del envenenamiento masivo por el aceite de colza desnaturalizado. La empresa causante de este brote de listeriosis, que ya no colabora con ninguna de las administraciones, tiene contratado supuestamente un seguro que no superaría los 300.000 euros, según informó la empresa al Ayuntamiento de Sevilla.

Aquel envenenamiento que causó la muerte de más de 1.100 personas en 1981 obligó al Parlamento a desarrollar y aprobar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta norma de 1984 contemplaba ya en su artículo 30 la creación de un fondo de garantía para cubrir riesgos alimentarios que atenten contra la salud de las personas. Más de dos décadas después, en 2007, el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó un texto refundido de esta ley que actualizaba la necesidad de poner en marcha esta aplicación del seguro obligatorio.

Doce años después de la reforma legal de 2007, todo sigue igual que en 1984 tras la aprobación de la ley. El portavoz de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que “las políticas de defensa de los consumidores siguen estando olvidadas por los gobiernos centrales sucesivos”.

Magrudis, la empresa sevillana que ha causado este brote alimentario, aseguró en el único comunicado hecho público hasta ahora, tras decretarse la primera alerta el 15 de agosto, que había dado parte al seguro de responsabilidad civil, aunque sigue sin aclarar por el momento si está al corriente en el pago del mismo ni tampoco concreta la cantidad de póliza contratada.

El portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez.

Ley de 1984 sin desarrollar

El artículo 30 de la ley aprobada en 1984 señala lo siguiente: “El Gobierno, previa audiencia de los sectores interesados y de las Asociaciones de consumidores y usuarios, adoptará las medidas o iniciativas necesarias para establecer un sistema obligatorio de seguro y fondo de garantía que cubran, para sectores determinados los riesgos de intoxicación, lesión o muerte derivados del mal estado de los productos, servicios o actividades a que se refiere el artículo 28”.

Estos productos que deben tener un seguro obligatorio y un fondo de garantía son “los productos alimenticios, los de higiene y limpieza, cosméticos, especialidades y productos farmacéuticos, servicios sanitarios, de gas y electricidad, electrodomésticos y ascensores, medios de transporte, vehículos a motor y juguetes y productos dirigidos a los niños”, según concreta la ley de 1984.

El portavoz de Facua insiste en que es “irresponsable” que la protección de los consumidores sea “una deuda pendiente” de los sucesivos gobiernos centrales de PSOE y Partido Popular desde su aprobación hace más de tres décadas de la norma que protege los intereses de los consumidores.

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2 Comentarios

  1. Y Facua que se preocupa tanto de los consumidores y usuarios (y no de sus subvenciones) se da cuenta ahora de que no hay ni seguro ni fondo de garantía.

  2. Si los ciudadanos envenenados con la carne se quedan sin indemnización, los políticos que no solucionaron en su momento esta, posible crisis, deberían indemnizarlos ellos, con su fortuna personal. Bien y rápido que solucionaron el «asunto del 135» para pagar las deudas antes que dar de comer a sus ciudadanos.

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