En Diario16 hemos publicado diferentes elementos del elevado riesgo reputacional del Banco Santander que, como no podía ser de otro modo, afecta directamente a sus propios accionistas. Sin embargo, hay hechos en los que, además, se ha denunciado la comisión de presuntos delitos de estafa que afectarían a algunos de los principales directivos, ejecutivos y miembros del Consejo de Administración.

Uno de ellos es la denuncia que la inmobiliaria Inversión Hogar ha interpuesto ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General del Tesoro a Ana Patricia Botín, Rodrigo Echenique, Ignacio Benjumea y a otros directivos de inferior rango en el organigrama del banco por un presunto delito de administración desleal por el cual se podría haber estafado una cantidad aproximada a los 50 millones de euros a los accionistas del Banco de Santander.

En estos días se ha sabido, a través de una información publicada por Vozpópuli, que Andrea Orcel ha acusado al Santander de manipular documentos con la intención de confundir al juez que está instruyendo la denuncia del banquero italiano contra el banco presidido por Ana Patricia Botín. Desde Inversión Hogar nos comentan que este modus operandi también lo utilizó el Santander en el caso de la finca de Mijas. «El procurador del Santander nos envió una copia de la escritura totalmente manipulada en la que aparecían ocultos los timbres y sellos del notario», afirman fuentes de Inversión Hogar.

A la izquierda, primera copia notarial recibida por Inversión Hogar con los timbres y el sello del notario ocultos. A la derecha, la segunda copia remitida con timbres nuevos que ocultan los de la primera copia

Según confirman a Diario16 fuentes de Inversión Hogar, los miembros del Comité Ejecutivo del Santander se aprovecharon de información privilegiada del propio banco y, en un claro conflicto de intereses, se habrían presuntamente apropiado a título personal de una finca en Mijas para cobrar una expropiación de terrenos que se iba a ejecutar en dicha finca para la construcción de la autovía Málaga-Estepona. De este modo ocultaron presuntamente a los accionistas del Santander la compra de la finca y del consiguiente justiprecio devengado de la expropiación.

Los terrenos se vendieron un día antes de la publicación de la expropiación en el Boletín Oficial del Estado a una sociedad testaférrea que ni siquiera se encontraba inscrita en el Registro Mercantil en el día de la compra: Las Vertientes de Calahonda S.L. El precio de venta de la finca fue de 450.759 euros, a pesar de que un tercio de la finca fue justipreciada por el Jurado Provincial de Expropiación de Málaga por más de 20 millones de euros y el mismo tercio fuera valorado por la sociedad testaférrea en 24 millones.

Según confirman las mismas fuentes y la documentación que obra en poder de Diario16, todo ello fue posible por la supuesta utilización de diferentes testaferros españoles y de Liechtenstein, un país catalogado como paraíso fiscal. Los testaferros del principado centroeuropeo, los hermanos Heinz y Herbert Batliner, fiduciarios y banqueros propietarios del banco VP Bank, han sido investigados, entre otras instituciones, por el BND (servicio secreto alemán), por la Asamblea Nacional de Francia, la DEA o el Senado de los Estados Unidos, por su presunta intervención en la evasión y blanqueo de capitales de narcotraficantes de los cárteles de Medellín y Cali, mafiosos, dictadores como Mobutu o Ferdinand Marcos, o los alemanes del Dresdner Bank, además de políticos condenados por corrupción.

Entre los testaferros españoles destacan, además, Jaime Queipo de Llano Comyn, abogado fiduciario ligado al grupo Eurofinsa que fue investigado por la Audiencia Nacional por su relación con Gerardo y Víctor Ruiz y Mauricio Toledano, quienes estaban relacionados con presuntos sobornos a miembros del gobierno de Angola y contratos en Panamá. También destaca Joaquín Alberto Arrupe Ferreira, abogado del propio Santander y de varias empresas del Grupo.

En agosto de 2017 estos hechos fueron denunciados ante la CNMV, el Banco de España y la Dirección General del Tesoro. Ninguno de estos organismos, salvo el Banco de España, que efectuó actuaciones acordando remitir la denuncia al BCE, han llevado a cabo ninguna actuación ni han contestado a Inversión Hogar. También se remitió la documentación de la denuncia a todos los directores y a los miembros del comité consultivo de la CNMV y al presidente y secretario general de la AEB. Tampoco se ha recibido respuesta, informan desde Inversión Hogar.

Además, en las Juntas de Accionistas del Banco de Santander se ha interpelado a la propia Ana Patricia Botín al respecto de este asunto sin que se recibiera una respuesta por parte del Consejo de Administración.

Las denuncias y los documentos acreditativos han sido remitidos también a los consejeros independientes del Santander solicitándoles que insten la destitución de los miembros del Consejo denunciados, además de que, desde la propia Inversión Hogar, se ha solicitado en varias ocasiones la remoción del actual Consejo de Administración presidido por Ana Patricia Botín. Comportamientos tan poco éticos como los denunciados afectan tanto a la imagen del Santander como a la de sus accionistas, tanto mayoritarios como minoritarios.

Por tanto, además de los escándalos que ya hemos publicado, nos encontramos con este de la finca de Mijas en el que se podría comprobar cómo la actuación del Santander ante los tribunales se mueve por patrones similares, escándalos que están provocando un daño muy importante a los accionistas, tanto a los mayoritarios como a los minoritarios.

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