La Audiencia Provincial de Tenerife ha dictado sentencia contra algunos de los trece encartados en el caso Las Teresitas entre los que se encuentran ex-cargos públicos, funcionarios, y empresarios. Otros acusados han recibido la absolución. La sentencia aún no tiene firmeza, puede ser recurrida en Recurso de Casación en un plazo de cinco días.
El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, ha sido condenado como autor de un delito de malversación del artículo 432 del Código Penal, a una pena de siete años de prisión con accesoria de inhabilitación absoluta durante diecisiete años y seis meses. La sentencia considera igualmente a Zerolo como autor de un delito de prevaricación con una pena de inhabilitación especial para los cargos de alcalde o cualquier otro del ámbito electivo local, insular, autonómico o estatal durante ocho años y nueve meses. Por otra parte, Miguel Zerolo, fue condenado siendo senador por Coalición Canaria (CC), a ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa relacionado con el caso García Cabrera por el Tribunal Supremo en 2014.
Manuel Parejo -que ejercía el cargo de concejal de Urbanismo en el consistorio santacrucero- ha sido condenado en el caso Las Teresitas como autor de un delito de malversación a una pena de siete años de prisión, inhabilitación absoluta durante diecisiete años y seis meses. La condena se extiende a Parejo como autor de un delito de prevaricación con una pena de
inhabilitación especial para cargos de ámbito local, insular, autonómico, estatal durante ocho años y nueve meses.
El exsecretario de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento, Juan Víctor Reyes, ha sido calificado por la Audiencia como cooperador necesario de un delito de malversación y condenado a una pena de prisión de cuatro años y seis meses e inhabilitación absoluta durante catorce años. Considerado también autor de un delito de prevaricación con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años.
Condena para José Tomás Martín -exgerente de la Gerencia de Urbanismo-, como cooperador necesario de un delito de malversación a una pena de prisión de cuatro años y como autor de un delito de prevaricación con una pena de inhabilitación especial de siete años y seis meses.
Los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González reciben condena de cinco años y tres meses de prisión por delito de cooperación necesaria
Los empresarios encartados han sido también condenados por la Audiencia Provincial de Tenerife, liberando a sus respectivos hijos, que han resultado absueltos. Antonio Plasencia ha sido condenado como cooperador necesario de un delito de malversación con pena de prisión de cinco años y tres meses con accesoria a inhabilitación para el ejercicio de actividades empresariales consistentes en la promoción y desarrollo de actividades urbanísticas durante el tiempo de la condena y a una pena de inhabilitación absoluta durante catorce años. Como cooperador necesario Plasencia ha sido condenado por un delito de prevaricación a una pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante siete años. La Audiencia Provincial de Tenerife ha condenado a Antonio Plasencia recientemente por el caso Áridos junto a otros areneros con 208 millones de euros de indemnización y restauración de los Barrancos de Güímar para evitar la cárcel, concluyendo el plazo de restauración impuesto en enero de 2018.
El empresario Ignacio González Martín ha resultado condenado – con la misma pena que Antonio Plasencia- como cooperador necesario de un delito de malversación con una pena de prisión de cinco años y tres meses.
La Fiscal María Farnés en el caso Las Teresitas retiró la acusación contra Carlos Plasencia y Pedro González –hijos de los empresarios condenados- en sus conclusiones definitivas, mientras la Acusación Popular personada con la Asociación Justicia y Sociedad mantuvieron esta acusación hasta el final. La sentencia dictada por la Audiencia exime de toda culpabilidad absolviendo a los hijos de los empresarios definitivamente de delitos de prevaricación y malversación.
Absolución para José Luis Roca Gironés que desempeñaba el cargo de interventor delegado en Gerencia de Urbanismo en 2001, el portavoz del PSOE Emilio Fresco en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Emilio García Gómez, portavoz del PP en el consistorio, Antonio Messía de Yraola (exinterventor general del ayuntamiento), José Eugenio de Zárate (exsecretario general), de los delitos de los delitos de prevaricación y malversación de los que venían acusados.
La condena solidaria a Miguel Zerolo, Manuel Parejo, Juan Victor Reyes, José Tomás Martín, Antonio Plasencia, Ignacio González Martín a indemnizar al ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con 52 millones de euros incrementada con el interés legal de los pagos realizados por el Ayuntamiento. También se condena a Inversiones Las Teresitas, S.L con carácter solidario a indemnizar al ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife junto a la condena solidaria a Promotora Punta Larga, S.A y a Promotora La Victoria, S.L a indemnizar al consistorio con 52 millones de euros.
El fallo de la sentencia impone una condena solidaria a los acusados de 61 millones de euros de indemnización al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
La Audiencia también ha fallado contra Miguel Zerolo, Manuel Parejo, Juan Víctor reyes, José Tomás Martín, Antonio Plasencia, Ignacio González Martín a indemnizar solidariamente al ayuntamiento de Santa cruz de Tenerife con 9 millones de euros.
Se imponen costas para los condenados de un treceavo de la cuantía del procedimiento.
Esta sentencia rubricada por la Sección Segunda Audiencia Provincial de Tenerife, con el Presidente Joaquín Astor Landete, junto a los Magistrados Jaime Requena y Fernando Paredes, sienta un precedente de condena ejemplarizante en el sector urbanístico en Canarias. El proceso comenzó en 2005 con una denuncia de la Asociación Ínsula Viable en la Fiscalía Anticorrupción. El concejal en el ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez (XTF-NC), redactó como abogado el fundamento de la denuncia sobre la que la Fiscal María Farnés ha trabajado durante diez años, hasta que comenzó la vista oral de este juicio en septiembre de 2016.
En 1998 los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González adquirieron el frente de playa Las Teresitas que vendieron al ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por 52 millones de euros en 2001 con un incremento del precio multimillonario. El informe clave de la arquitecta municipal del consistorio, Pía Oramas, valorando estos terrenos en 19 millones de euros fue el motivo de la sospecha de un “pelotazo urbanístico” a pesar de ser aprobada esta compraventa del frente de playa a los empresarios por unanimidad en el ayuntamiento siendo alcalde Miguel Zerolo (CC). La diferencia excesiva entre la tasación de la arquitecta y el precio final de la compraventa desencadenó la denuncia en Anticorrupción que termina con condenas de prisión para algunos de los que participaron en esta operación urbanística. Los terrenos se vendieron posteriormente a Mapfre por 92 millones de euros en 2006.
La Acusación Popular ejercida por la Asociación Justicia y Sociedad, con la participación en el juicio de Las Teresitas aportando una fianza de 28.000 euros solicitada por la Audiencia Provincial al inicio del procedimiento para el ejercicio de esta acción popular, por los abogados José Pérez Ventura y Antonio Espinosa, celebran la sentencia, “pendientes de si las partes condenadas recurrirán”, sostiene Espinosa.
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