En octubre de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anulaba una ley que obligaba a las empresas a incluir métodos anticonceptivos como la píldora en el plan de salud de sus trabajadoras. De esa manera, los empresarios podían negarse a proporcionar acceso gratuito a métodos de control de natalidad si ello iba contra sus “creencias religiosas” o “convicciones morales”. La medida de Trump, que recibió la contundente respuesta en forma de protestas ciudadanas de organizaciones feministas y de defensa de los derechos civiles, fue una venganza más del líder del mundo libre contra el “Obamacare”, el programa de salud pública gratuita que trató de impulsar su predecesor, Barack Obama. Hoy, una jueza federal ha paralizado esa nueva normativa que la Administración del magnate estadounidense pretendía introducir en todo el país con el único fin de limitar el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo y a planificar su maternidad.
Hasta la fecha, más de 55 millones de mujeres norteamericanas se han beneficiado de la normativa que obliga a las empresas a suministrar anticonceptivos gratuitos. En su día, esa fue una de las medidas que más encarnizados debates provocó entre congresistas demócratas y republicanos, aunque finalmente fue adoptada al amparo de la Ley del Cuidado de Salud Asequible, el conocido como “Obamacare”. Eso sí, el plan para la distribución de anticonceptivos generó decenas de demandas de empresarios que alegaron objeciones por “motivos religiosos”.
La normativa Trump para abolir este marco legal iba a entrar en vigor en todo el país de forma inminente, pero una jueza de Filadelfia ha aceptado el requerimiento judicial solicitado por los fiscales generales de los Estados de Pensilvania y Nueva Jersey para su bloqueo, según informa la BBC. La ofensiva de Trump contra la píldora anticonceptiva tendrá que esperar gracias a la firme decisión de la magistrada Wendy Beetlestone, para quien la intención del presidente americano “dificultará que muchas mujeres obtengan acceso a los anticonceptivos sin costo alguno y sería una carga excesiva para los diferentes Estados del país”. Además, el fiscal general de California, Xavier Becerra, ha asegurado en un comunicado: “Estamos en 2019, pero la administración de Trump todavía está tratando de revertir los derechos de las mujeres”. Por su parte, el Departamento de Justicia sigue en sus trece al asegurar en diversos informes que la nueva normativa trata de defender los derechos de los “sinceros objetores religiosos y morales” y les ampara si deciden no llevar a cabo prácticas “que entren en conflicto con sus creencias”. Como cabía suponer, la declaración de intenciones ha provocado la indignación de los colectivos feministas.
Sea como fuere, la batalla judicial entre Trump y la Justicia estadounidense a cuenta del uso de los anticonceptivos femeninos está servida. Pero sin duda, la decisión de la jueza Beetlestone dará oxígeno a la masiva protesta feminista que se prepara en los próximos días en Estados Unidos, donde cientos de miles de mujeres saldrán a la calle como cada año para exigirle a Donald Trump que pare de inmediato los recortes contra los derechos por la igualdad.
En el trasfondo de la limitación de los anticonceptivos está la cruzada que el presidente americano ha iniciado contra los derechos sexuales femeninos en los últimos meses. Trump no solo ha arremetido contra el legítimo derecho de la mujer a regular su maternidad, sino que ha dado algunos pasos legales para empezar a abolir el derecho al aborto, que es la clave de la cruenta pugna desatada entre las organizaciones ultrarreligiosas yanquis y las que defienden los derechos cívicos de las mujeres. El final de ese combate ideológico repercutirá indudablemente en Europa y en España, y de salir victoriosas las tesis de Trump serán rápidamente asumidas por los partidos ultraderechistas. Está por ver cómo afectará la batalla por el uso de los anticonceptivos al otro lado del Atlántico a un partido como Vox que mantiene estrechos contactos con la Administración Trump, tal como ha publicado Diario16.
De momento, el partido de Santiago Abascal mantiene un discreto silencio sobre el asunto, pero no hay más que echar un vistazo a su programa político y a su propuesta de abolición del aborto para concluir que la formación verde podría asumir más pronto que tarde las ocurrencias del millonario norteamericano sobre la píldora. De entrada, Vox propugna la “defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural” y manifiesta su “apoyo decidido a las familias numerosas y a la natalidad en general”, una especie de readaptación de aquel mandamiento bíblico que ordena a la raza humana crecer y multiplicarse. Mal encaje tiene el uso de la píldora anticonceptiva en esa forma retrógrada de pensar que va contra las conquistas sociales de la mujer de los últimos cien años, en especial contra su derecho inalienable a disponer de su propio cuerpo y a planificar su maternidad.
Que Donald Trump siente alergia a los métodos anticonceptivos, tanto femeninos como masculinos, no es noticia. De hecho, la actriz porno Stormy Daniels, con la que Trump mantuvo una relación extramatrimonial, ya ha dicho públicamente que el presidente se negaba a usar el condón con ella. Esa prepotencia machista molestó a Daniels, quien declaró en una reciente entrevista que ella siempre ha tratado de ser “cuidadosa” cuando está con “alguien nuevo”.
