Hace unos años pasé por los pesadillosos concursos de traslados a los que está obligado el funcionariado; siendo profesor, aporté mis publicaciones (no pocas) y se me otorgó la máxima puntuación en el apartado correspondiente, volví a concursar al año siguiente y con la misma normativa y las mismas publicaciones (y alguna más) me dieron cero puntos. No recurrí, me daba igual… pero constaté el peso de la burocracia más perversa, la de no tener esto que llaman seguridad jurídica, y que es un rasgo característico de una democracia avanzada y no de un bananerismo sofisticado.
Oigo una entrevista con una investigadora, Elena Gómez Díaz, dedicada a la malaria, a punto de perder o no sé si ha perdido ya 200.000 euros para su proyecto… y lo que eso puede significar. Por lo visto una cuestión de burocracia, tipo de letra empleado, quizá una firma… la parte contratante de la primera parte.
No niego la importancia del procedimiento, pero mirado desde fuera sorprende que teniendo una Universidad que es un megacadáver intelectual, mayoritariamente, y dedicada a la endogamia mayor, establecida con organismos evaluadores en manos de sabe Dios (esto no es una ironía, investiguen), una Universidad cerrada a la calle y a lo privado y al prestigio profesional, alimentando carreras muchas veces fundamentadas en el aguante de años de explotación sólo para llegar a consolidar una plaza y vivir toda la vida de una Tesis Doctoral irrelevante… que la burocracia asfixie lo que debería ser prioritario es indicativo de algo (y ésta es una de las quejas constante del profesorado cualificado que no está lampando por un cargo dentro o fuera de las Facultades).
La decadencia de España tiene que ver con la mediocridad y, por tanto, con el triunfo de la sospecha profesionalizada. Quien medra, engaña o escaquea, no tiene ni Autoridad ni qué ofrecer profesionalmente; quien ha construido su carrera sobre la nada, sólo tiene cómo objetivo oscurecer a la persona brillante, ejecutiva, eficaz, docta, para protegerse de la evidencia. Prima en todos los terrenos un interés sospechoso por oscurecer las responsabilidades y, como consecuencia, la manía de no mirar los resultados sino la planificación, somos magistrales en el diseño de instrucciones para ¿qué?
El Código Penal no tiene en cuenta las consecuencias para las víctimas a la hora de sentenciar a los culpables, el sentido común se pervierte hasta el extremo de tener en la calle a delincuentes cuyos delitos sumados deberían tenerles encerrados décadas y que, sin embargo, por una literalidad confundida con el Derecho, delinquen a diario impunemente sabiendo cómo hacerlo y amparados por el mismo Estado de Derecho al que pudren… Se regula el acceso a lo Público con un prurito de transparencia procedimental en vez evaluar a las mejores profesionales para incorporarlas, por ejemplo, porque es la manera de mantenerse aislado del funcionariado base y seguir colocándose en todos los sentidos del término. Y jamás se paga por haber nombrado a un inepto, ningún político es responsable penal de una mala gestión, aunque sea evidente, se atienen la Ley no la evaluación posterior (difuminada en normativas infinitas)…
Pongo estos ejemplos para que se vea que esto es una tendencia generalizada, hemos invertido la responsabilidad porque a este Estado infectado por intereses privados le viene mucho mejor controlar para manipular el poder que promover la responsabilidad individual de la ciudadanía… La burocracia siempre sustituye a la libertad, la Ley es el trasfondo necesario del Estado de Derecho pero la adoración por lo legislable siempre tiene detrás a un ignorante o un tirano (suelen coincidir) que impone una indefensión defendiendo, aparentemente a ultranza, la defensa.
El sistema de subvenciones para la investigación o la Universidad no puede estar amparado por el enredo casuístico del normativismo, ha de estar reglado pero lo realmente democrático e interesante sería la valoración a posteriori del trabajo desarrollado, que requeriría verdaderos equipos formados evaluadores, que más allá de los resultados deberían comprobar que se ha trabajado realmente y, en caso contrario, penalizar con la desvinculación perpetua de ese tipo de proyectos, la devolución de los dineros o, incluso, lo penal. Puede parecer duro, pero ahora mismo es al revés: usted aprende y pierde el tiempo solicitando, se lo dan y, más o menos, los mecanismos para lo posterior no importan, ya se buscará la manera de dejarlo morir y pedir otro proyecto…
Suavizo un poco mi postura de cabreo; me advierten amistades que debo cambiar esta propensión cáustica… Entiéndase que lo que propongo es aliviar el peso sobre la ciudadanía en todo, pero que al mismo tiempo aprendamos a asumir las consecuencias de nuestros actos; no puede alguien agredir a otra persona por la calle y a los dos días cruzarse ambos en el mismo lugar, salvo un arrepentimiento real y expresado públicamente, una reinserción real y la advertencia de una ampliación geométrica de la pena por reincidencia… Y poniendo los medios para que esto pueda ser, claro, que eso es Estado de Derecho.
Un país condenado al servicio turístico debería poner en las cámaras legisladoras la responsabilidad de revertir esta derrota negativa, pero para eso ha de haber una ciudadanía exigente… y ahora es época de romerías.
