La ola indignación generada por la explicación del presidente Danilo Medina de que la violencia asociada al delito que cubre la República Dominicana de extremo a extremo es causada por los miles de dominicanos deportados de los Estados Unidos supera las fronteras nacionales y estremece a una comunidad migrante de mas de 2 millones de personas que aportan un tercio del presupuesto nacional con sus remesas.

República Dominicana despidió el 2018 con cuatro muertos en una emboscada en el municipio de Guerra, Monte Plata y continuó a todo vapor con tres jóvenes asesinados en el populoso barrio de Cañitas en Santo Domingo; un coronel asesinado en Baní y el hallazgo de tres cadáveres calcinados en La Romana. Otra decena de muertes violentas ocurridas de manera aislada no llaman la atención de los medios que las convierten en estadísticas.

En una de sus escasas reacciones sobre lo que pasa en el país Medina dijo que los deportados y “criminales de cuello blanco” en el negocio de las drogas eran responsables de la situación.

Ni Danilo Medina ni su predecesor, Leonel Fernández, han desarrollado una política para enfrentar la delincuencia y la inseguridad pública que, según la encuesta Gallup de octubre del 2018, es la principal preocupación de la población dominicana. El 34 por ciento consideró que la delincuencia había aumentado en la gestión de Medina.

Aunque en todos los casos de muertes violentas múltiples la investigación policial las atribuye a “tumbes”, ajustes de cuentas, sicariatos y otras actividades vinculadas al narcotráfico rara vez se conocen las causas y en los pocos casos que se llevan a los tribunales aparecen los ejecutores y nunca los autores intelectuales.

Orden de prisión contra dueño de punto de droga no ejecutada nunca por la Policia dominicana

El asesinato del coronel policial, Rafael Ramos Álvarez ocurrida en la sureña ciudad de Baní se ha convertido en una muestra del contubernio de la autoridad con el delito y del dejar hacer para que todo funcione.

La primera reacción de la Policía Nacional ante la muerte del oficial fue que había muerto en un “intercambio de disparos” en un punto de drogas. Un video aparecido horas después mostraba como Ramos Álvarez acudió al lugar en un vehículo privado acompañado de otros dos oficiales quienes huyeron tras dejarlo herido en plena calle.

El video obligó a cambiar la versión policial y produjo la entrega del “dueño” del punto de venta de drogas identificado como “Buche”.

El prontuario de “Buche” un dominicano deportado de los Estados Unidos es largo y da cuenta de la protección que ha recibido de las autoridades que no ejecutaron tres ordenes de prisión emanadas del ministerio público de la provincia.

Una de las curiosidades del caso fue una entrevista que dio un hermano del imputado quien dijo que el incidente fue producto de la “gran aceptación” que tenía el negocio que era el punto de drogas mas importante y mejor surtido de Baní.

Aunque en el caso de Baní hay un ciudadano deportado de los Estados Unidos, el único estudio realizado sobre la situación de los deportados desmiente la afirmación del presidente de la República.

La investigación realizada por el Instituto de las migraciones indica que desde que se tienen estadísticas oficiales de este proceso en el año 1993 hasta el 2017 llegaron al país 66, 669 ciudadanos deportados de Estados Unidos, 9,158 corresponden al período de gestión de Danilo Medina. El estudio indica las causas de la deportación en la que el 43 por ciento ha sido por causas asociadas al trafico de drogas y 25 por ciento por migración ilegal. Las otras causas van desde robo menor, violencia doméstica e incluso infracciones de tráfico. El 98 por ciento de los deportados ha purgado penas menores a 5 años en territorio norteamericano.

La reincidencia en el delito es muy baja y constituyen solo el 4 por ciento de la población carcelaria.

De ahí la irritación generada por la explicación del presidente Medina.

Las acciones anteriores obviamente no han dado resultados y la mayoría de la población no tiene expectativas porque entiende que se trata de acciones cosméticas que no van al fondo del problema y que implica el contubernio de los organismos de seguridad pública con el delito. La corrupción es endémica en dominicana y la Policía Nacional es el mejor ejemplo.

Explicar que el coronel asesinado en Baní supervisaba puntos de drogas en compañía de otros dos oficiales en un vehículo privado no ayuda a la credibilidad de la institución. Un vecino entrevistado por canales de televisión local indicaba que los uniformados iban todas las semanas a buscar lo suyo.

El caso ha motivado un enfrentamiento por las responsabilidades de la Dirección de Control de Drogas, la Policía y el ministerio público. En el camino el director de control de drogas renunció y fue sustituido de inmediato. La renuncia de un director es la única novedad ante los frecuentes estallidos violentos asociados al narcotráfico.

Las otras acciones adoptadas por la administración Medina han sido operativos con la incorporación de militares al patrullaje de las calles y campañas de relaciones publicas en las que se asegura que la delincuencia es un problema de “percepción” y que en realidad ha disminuido.

El anuncio del patrullaje mixto se ha convertido en parte del folclor político y si se busca en los archivos se han anunciado en mas de 40 ocasiones sin que se conozcan resultados. Nunca se informa en el momento en que cesan y simplemente desaparecen de las calles.

Atribuir los temores de la población a la percepción se convirtió en motivo de burlas al extremo que cuando un ciudadano es victima de un delito se dice que fue “apercepcionado”. La delincuencia que no es percepción ha obligado a las iglesias a cambiar los horarios de sus servicios y está generando gastos adicionales a las empresas que tienen horario continuo para garantizar la entrada y salida de sus trabajadores.

Este desborde de la delincuencia violenta ocurre en el país que observa los mejores parámetros económicos del Caribe con un crecimiento que según el gobernador del Banco Central superará de nuevo el 7 por ciento. Los datos del mismo gobierno indican que el desempleo es también el más bajo de la región con un 5,6 por ciento. La metodología para medir esto sugiere que quien ha buscado empleo de manera activa en el último semestre no es un desempleado, aunque no trabaje.

Desde fuera no se nos ve de manera tan optimista. La DEA indica que el 10 por ciento de toda la droga que llega a los Estados Unidos pasa por esta isla. Ese tráfico que paga a los operadores locales en especie ha promovido el microtráfico doméstico.

Los últimos escándalos han provocado la reacción del expresidente Leonel Fernández que en el año 2009 anunció una “Guerra frontal” contra el microtráfico identificando más de 19 mil puntos de drogas en todo el país. No se sabe si la guerra fracasó o si aumentó el numero de puntos de venta, pero Fernández ahora sugiere alta tecnología para enfrentar el problema.

Es obvio que la única política aplicada para enfrentar la situación es mirar hacia el otro lado cuando quien delinque tiene vínculos con el poder. Por el deterioro de la seguridad publica que se vive en RD parecería que los vinculados son muchos.

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