Ahora que millones de pensionistas aguardan con expectación si el nuevo gobierno cumplirá la promesa de eliminar el copago, esa doble imposición fiscal que supone pagar parte de sus medicamentos y castigar la enfermedad; ahora que se pretende blindar el sistema público de salud como garante de uno de los derechos más relevantes recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos, resulta oportuno reflexionar sobre este recurso terapéutico, el más utilizado en el sistema sanitario, y que, sin embargo, en las últimas décadas se ha convertido en una  de las causas más importantes de enfermedad y de mortalidad, provocando cinco veces más muertes que los accidentes de tráfico y causando unos sobrecostes tan dañinos para la salud de las personas como evitables para los presupuestos sanitarios.

Un buen sistema público de salud debe ser aquel que no solo se financia a través de los impuestos de los ciudadanos. También ha de procurar garantizar, a unos costes razonables, el mayor grado de bienestar a quienes lo sustentan, evitando en lo posible gastos innecesarios. Y esto, en lo que se refiere a los medicamentos, es más que discutible en lo económico, y bastante trágico en lo sanitario. Desde hace años, gracias a investigaciones de la Universidad de Minnesota, se sabe que solo cuatro de cada diez medicamentos prescritos alcanzan los efectos deseados. Esto supone que en un 60% de las ocasiones, en lugar de ser un recurso sanitario es una causa más de enfermedad. Estos datos no son una excepción en el mundo. La Universidad Federal de Rio Grande do Sul ha obtenido unas cifras similares en cuanto a fracaso terapéutico (59%). Y lo peor es que no es una cuestión de mala praxis, de errores de los profesionales o de mala utilización por parte de los ciudadanos. Es evidente que ambas posibilidades se pueden dar, pero la mayor parte de los fracasos terapéuticos suceden después de una prescripción y una utilización adecuadas. Las causas del fracaso merecerían, un artículo aparte, pero básicamente tienen que ver con que no existe ningún medicamento infalible en sus efectos y con que los sistemas sanitarios de todo el mundo están organizados para enfermedades agudas, cuando en la actualidad son las crónicas, y su complejidad de abordaje, las protagonistas.

Desde hace muchos años existe en España una extraordinaria sensibilidad acerca de lo que se ha venido a denominar gasto farmacéutico, que supone en España algo menos del 17% del gasto sanitario total, lo que está en la línea de países de un similar desarrollo. Sin embargo, nada se dice, porque no se sabe, porque no se mide, o porque quien sabe calla, que los costes asociados a medicamentos que no alcanzan el efecto deseado o producen efectos adversos, suponen un gasto que dobla los derivados de la utilización de los medicamentos como recurso terapéutico.

Un estudio reciente realizado en Estados Unidos por la Universidad de California San Diego y publicado en la prestigiosa revista Annals of Pharmacotherapy, pone el dedo en la llaga con unos datos inquietantes. Un país como el norteamericano, que emplea un porcentaje similar de su gasto sanitario en medicamentos, el 16%, debe gastar, según los hallazgos de la investigación, otro 16% adicional de su presupuesto en paliar los daños derivados de que estos sean poco efectivos o seguros. Por tanto, la realidad del gasto farmacéutico, directo o indirecto, es que supone un 32% real de la factura sanitaria. Una cifra espeluznante en lo económico que esconde detrás, porque estamos hablando de salud, un sufrimiento humano no menos aterrador. Porque una gran parte se podría haber evitado si el sistema sanitario incluyese servicios de optimización de la farmacoterapia, unos servicios que, según estudios de la Universidad de Minnesota, podrían elevar la efectividad y seguridad de los medicamentos hasta al 80%, el doble de lo habitual.

El estudio brasileño citado, que copia y refrenda otra investigación realizada en Estados Unidos en 1995, señala que los costes derivados de los malos resultados en los medicamentos quintuplican los empleados en el pago de la factura farmacéutica, porque sus consecuencias no son solo sanitarias, sino también sociales. Esto se puede ver mejor con un ejemplo, simplificado para que pueda entenderse:

Imaginen un paciente de cincuenta años, trabajador por cuenta ajena, diagnosticado de hipertensión para la que toma un medicamento, enalapril, por cuyo tratamiento para cuatro semanas paga de su bolsillo 16 céntimos y el estado, la comunidad autónoma en este caso, 1,45 euros. Si este medicamento no controla bien la presión arterial, y como consecuencia de ello sufre un infarto con ingreso hospitalario, cada día de hospital supondrá aproximadamente unos 700 euros adicionales. Si esta persona necesitase luego, por las secuelas, un marcapasos, el sistema debería pagar unos 9.000 euros por el mismo (ver costes asociados a los diferentes procesos sanitarios en muchas páginas de las consejerías de salud autonómicas). Y si hubiera una baja laboral, o aún peor, las secuelas fueran invalidantes para continuar trabajando, un salario de por vida.

Es muy triste presentar estos datos en términos económicos, porque detrás de ellos hay vidas humanas que sufren innecesariamente. Vidas destrozadas o que se pierden, además de lo que supone malgastar el dinero que todos los ciudadanos empleamos para garantizar nuestro derecho a la salud. Y todo resulta ser aún más desolador cuando existe la posibilidad de incorporar servicios de optimización de la farmacoterapia que palien este sufrimiento. Es factible hoy implantar unos servicios que han demostrado resultados desde 2009, como los que expone de una manera clara una investigación publicada en la revista Pharmacotherapy, que concluyó que por cada dólar invertido en ellos producían un ahorro de cuatro en los costes de la atención sanitaria.

Sí, se habla de servicios públicos de salud, y mucho también de patria. De patriotismo y de patriotas. Y yo me pregunto si un servicio público de salud se puede permitir ignorar servicios así que ahorran dinero y sufrimiento a quienes de verdad pagan la factura. Y también me pregunto si patriota es el que se abraza a una bandera o el que se preocupa por ofrecer lo mejor a sus conciudadanos.

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Manuel Machuca, farmacéutico y escritor, es doctor en Farmacia por la Universidad de Sevilla y profesor en el Master de Atención Farmacéutica y Farmacoterapia de la Universidad San Jorge de Zaragoza. Ha sido presidente y fundador de la Sociedad Española de Optimización de la Farmacoterapia (SEDOF), de 2012 a 2016 y de la Organización de Farmacéuticos Ibero- Latinoamericanos (OFIL, de 2010 a 2012. Ha impartido conferencias y cursos sobre optimización de la Farmacoterapia en Polonia, Suiza, Portugal, España y en 16 países de América Latina. Es académico correspondiente de la Academia peruana de Farmacia y profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado decenas de artículos científicos en polaco, portugués, inglés y español. Como escritor ha publicado cuatro novelas, una de las cuales fue finalista del Premio Ateneo de Sevilla de novela en 2015, y participado en varias antologías de relatos. Aquel viernes de julio (Editorial Anantes, 2015) El guacamayo rojo (Editorial Anantes, 2014) Tres mil viajes al sur (Editorial Anantes, 2016) Tres muertos (Ediciones La isla de Siltolá, 2019)

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