La primera oleada de la pandemia hizo que nos diéramos cuenta de la terrible vulnerabilidad de nuestros mayores y especialmente cuando viven en instituciones residenciales. La mitad de las muertes ocasionadas por la pandemia se han producido precisamente en residencias de personas mayores.

Pudimos creer que era un efecto coyuntural de la brutalidad de la pandemia sobre unas sociedades que no estaban preparadas para encajar semejante desastre. Sociedades cuyos gobiernos habían cedido demasiado terreno a la iniciativa privada, abandonando a su suerte a muchos ciudadanos y ciudadanas, especialmente los más débiles.

Pero no, hay algo más que lo coyuntural, hasta el punto de que organizaciones como Amnistía Internacional hayan denunciado las violaciones de Derechos Humanos en las residencias durante la pandemia. El derecho a la salud, el derecho a la vida, a la no discriminación, al respeto a la vida privada y familiar, el derecho a una muerte digna.

El hecho es que tras la experiencia de la primera oleada no se han corregido muchos de los problemas que padecimos durante la primera ola de la COVID19. No existen garantías de que los residentes estén siendo derivados a los hospitales cuando existen serias sospechas de contagio, no se ha reforzado tampoco el personal necesario para atender situaciones extraordinarias como las que estamos viviendo, ni tan siquiera se garantiza adecuadamente la visita de los familiares.

No agradeceremos nunca lo suficiente a las trabajadoras y los trabajadores de las residencias y del sistema sanitario el esfuerzo que han realizado con recursos absolutamente insuficientes para realizar sus tareas en las condiciones adecuadas. Durante la primera ola no contaron ni con los medios de protección adecuados ni para ellos, ni para las personas a su cargo, ni para sus propias familias.

Pero la situación sigue siendo muy preocupante durante esta segunda ola. Es cierto que las residencias de personas mayores son en la mayoría de los casos privadas, muchas de ellas concertadas. Sin embargo eso no debe hacernos olvidar la obligación del Estado de garantizar la protección de los derechos de las personas, de los derechos humanos, en este tipo de centros, ya sean públicos, o privados.

Cada Comunidad Autónoma establece sus protocolos sobre atención médica y gestión de la pandemia en las residencias, ignorando la necesidad de una regulación básica estatal sobre el modelo residencial que asegure los derechos de las personas mayores.

Nuestros mayores han padecido una imposibilidad real, por falta de recursos humanos y materiales, de tener una atención alimentaria, sanitaria, humana. Durante meses se les negó una PCR, o el ingreso en un hospital, condenados a muerte en entornos residenciales donde los propios profesionales iban causando baja al contraer la enfermedad. Cuando los mayores conseguían ser trasladados a un hospital lo hacían a veces en condiciones de desnutrición, o deshidratación alarmantes.

Parecemos haber aprendido poco de la pandemia, de nuestra incapacidad para no dejar abandonadas a su suerte a miles de personas en las residencias, de la negación de los derechos humanos esenciales de nuestros mayores. Personas que no vieron cubiertas sus necesidades sociosanitarias, que no fueron derivadas a centros hospitalarios cuando lo necesitaban, confinados en habitaciones durante semanas, sin derecho a ver a sus personas queridas, sin derecho a morir dignamente.

El problema, lo realmente duro, es que, pasado el primer embate de la pandemia, las cosas no hayan cambiado demasiado. Hay algunos equipos más de protección para los trabajadores, pero sin que se hayan reforzado los efectivos de personal para atender mejor a los residentes.

Sin haber conseguido evitar la soledad, sin haber conseguido mejorar el régimen de visitas de familiares, sin haber solventado los problemas de atención sanitaria. Sin que hayamos tampoco resuelto la carencia de un modelo residencial homologable en todo el Estado, a través de una ley que garantice los derechos de las personas mayores.

Pronto habrá quienes al calor de las prometidas vacunas pretendan volver a un mundo de negocio que sitúa el beneficio por encima de las necesidades de las personas. Hay quienes desde gobiernos como el de Madrid no han perdido nunca la ocasión de convertir la pandemia y sus desastres en negocio para constructoras, empresas de servicios, o para la sanidad privada.

Pero esa es la lógica que nunca debería volver, para ser sustituida por la lógica de los derechos humanos al servicio de la libertad y el bienestar de las personas. Es el momento de aprender de nuestros errores, e impedir que los malos gobernantes sigan convirtiendo las vidas humanas en materia prima para sus negocios.

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