La penosa situación que vive la administración de Justicia en España sigue preocupando y mucho en Bruselas. Todos los informes que salen de la Unión Europea alertan sobre la progresiva degradación de un pilar esencial del Estado de derecho y la democracia. Las últimas trifulcas en el seno del Consejo General de Poder Judicial, donde magistrados conservadores y progresistas han caído en luchas intestinas por el poder, han agravado un cáncer endémico, que no es otro que el de la descarada politización de la Justicia. Tras cuatro años sin renovación de cargos por el bloqueo sistemático del Partido Popular, ha llegado la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, pero este cese, lejos de solucionar la situación, no ha contribuido más que a empeorarla. Cuando ya parecía que PP y PSOE podían llegar a un acuerdo para la designación de los cargos caducados, el equipo de negociación de Feijóo se levantó de la silla en el último momento, alegando que si el Gobierno de Sánchez abolía el delito de sedición del Código Penal (como concesión a sus socios independentistas) el diálogo podía darse por finiquitado.
Esta lamentable situación ha llegado, como no podía ser de otra manera, hasta la UE, que sigue con preocupación los acontecimientos. Todos los informes que emanan de las instituciones europeas son negativos para nuestro país. Así, los expertos de Bruselas entienden que la Justicia española se enfrenta no solo a la nefasta politización de magistrados del más alto rango del Tribunal Supremo y del Constitucional, sino a retos de eficacia, con procedimientos judiciales cada vez más largos. “La situación del Consejo General del Poder Judicial es otro desafío, en particular dado que sus nuevos miembros aún no han sido designados. La relación entre el Fiscal General y el ejecutivo está sujeta a discusión, en particular el régimen de nombramiento y mandato del Fiscal General, así como el registro de las comunicaciones con el Ministro de Justicia”, aseguran los documentos sobre la situación del Estado de derecho en España que emanan de Bruselas.
Los informes reflejan que para abordar el problema de la degradación de la Justicia en nuestro país se están preparando una serie de reformas de la legislación penal cuya eficacia está todavía por comprobar. Otra de las grandes preocupaciones de los responsables políticos de la Unión Europea es la corrupción. Se ha reforzado un marco anticorrupción en los últimos años, tanto en la dimensión preventiva como represiva. Si bien España no cuenta con una estrategia global anticorrupción, la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Grave y Organizada, adoptada en febrero de 2019, tiene como objetivo mejorar la capacidad de investigación y el acceso a las bases de datos financieras y mejorar la cooperación interinstitucional. Aunque el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal se revisaron en febrero de 2019, se está preparando un nuevo proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Penal. Como resultado, España ha puesto en marcha un marco legal mejorado para la integridad en el sector público, reforzando los mecanismos de integridad en el Parlamento, así como reforzando el régimen de divulgación de activos, conflicto de intereses e incompatibilidades de altos funcionarios en el poder central.
Administración del Estado
Ahora existe un plazo de prescripción ampliado para los delitos graves y los delitos relacionados con la corrupción pueden sancionarse con mayor severidad, incluso con un período más prolongado de inhabilitación para cargos públicos, según Bruselas. Se han propuesto, pero aún no se han adoptado, cambios legislativos relacionados con el cabildeo y el fortalecimiento de la protección de los denunciantes, y un proyecto de ley general contra la corrupción. En abril de 2019 se adoptó un nuevo código ético para los miembros del Parlamento, que establece una Oficina Parlamentaria de Conflictos de Intereses para supervisar su implementación.
El uso de medios electrónicos está bien establecido en el sistema de justicia y se están implementando mejoras adicionales, mientras que persisten ciertos problemas, especialmente con respecto a la interoperabilidad entre los sistemas utilizados en las diferentes regiones del país, añaden los expertos de la UE.
La Constitución consagra los derechos a la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho a la información. Si bien los sectores de la televisión y la radio están sujetos a requisitos reforzados de transparencia de propiedad, este no es el caso del sector de los medios impresos. “La información disponible en el registro de empresas (registro mercantil) es la misma que para cualquier otro tipo de empresa en España y es difícil de entender para el público en general. Se expresaron preocupaciones sobre la nueva legislación sobre seguridad pública, que supuestamente restringe la libertad de información y la libertad de expresión”.
El proceso de promulgación de leyes prevé garantías de transparencia y participación de las partes interesadas, en particular a través de consultas públicas. El marco de transparencia continúa aplicándose y todas las regiones españolas cuentan ya con su propio marco legal en esta materia. La iniciativa legislativa del Gobierno y su derecho a dictar decretos-leyes están sujetos al control del Parlamento y del Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo tiene un amplio mandato, que puede ejercer en defensa de los derechos de los ciudadanos. El Gobierno viene desarrollando políticas de gobierno abierto con el objetivo de involucrar aún más a la ciudadanía en el desarrollo de las políticas públicas, añaden los informes de Bruselas.
que les preocupa la degradación de la justicia en España y que pasa con la justicia de la mafiosa unión europea que a validado el robo a 305000 accionistas del banco popular de toda su inversión ojala ardan todos en el infierno
Son leyes. Se arbitra en función de leyes, y son las españolas las que son muy progres en el espíritu y muy difusas en el texto, por eso se cometen todo este rosario de desmanes, incluíndo ó do B. Popular.
Pero fijaos como con cualquier análisis sale a reflexión los tiempos relajados para actuar judicialmente cuando la actuación policial es exquisita en tiempo y forma. Lo de los trailers con papel es la escusa, pués dos adolescentes encuentran sin problema cualquier documento válido y separan la paja y el grano en un plis. La imagen de saturación que venden no casa para nada con los que tardaron en actuar contra el gobierno de Catalunya o «manos limpias» en él juicio del caso Nóos. Lo bien que salia la infanta o lo mal que terminaba la mujer de Bárcenas. Son gentuza, y huelen a puta barata para cobrar tanto pecunio. España es un lupanar inmenso. Que gran país nin que carallo… merda.
El PP, Asociación Criminal para Delinquir. Y sigue delinquiendo y sigue traicionando su, constitución. Un partido cuyo representante dijo y, todos nos enteramos que: No os preocupéis, seguiremos controlando el poder judicial por detrás… Dixit Cosidó. Cuatro años faltando a su obligación como un tahúr. Ahora temen a una juez decente porque saben que tienen muchas cosas que esconder de la justicia justa.