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Matar periodistas, un negocio muy rentable para los criminales y los corruptos

Más de 1.200 periodistas han sido asesinados en los últimos 15 años y el hecho de que esos casos no se resuelvan ni tengan consecuencias provoca que la impunidad de los criminales propicie más crímenes

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De 2006 a 2020, fueron asesinados en el mundo más de 1200 periodistas, señaló la UNESCO y agregó que sólo uno de cada diez casos se ha resuelto.

Ayer se celebraba el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. La directora general de la UNESCO recordó que la labor de esos profesionales es “esencial para garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión” estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Cuando los periodistas son atacados con impunidad, el sistema judicial y el de seguridad nos fallan a todos”, afirmó Audrey Azoulay.

A esta voz se aunaron tres expertos de la ONU en derechos humanos, alertando sobre la precariedad de la seguridad de los periodistas y sobre la persistencia y magnitud de la impunidad para los delitos que se cometen contra ellos.

Lista de abusos

Los relatores especiales sobre la libertad de opinión y expresión, Irene Khan; sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz; y sobre la violencia contra la mujer, Reem Alsalem dieron cuenta de una vasta lista de abusos infligidos contra los periodistas durante el último año en el mundo.

Dicha lista incluye amenazas, acoso, agresiones físicas, secuestros, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y asesinatos, todos delitos sufridos por los comunicadores por el simple hecho de hacer su trabajo.

La UNESCO aseveró que la impunidad propicia más asesinatos, además de que suele ser un síntoma de agravamiento de los conflictos y colapso de la ley y los sistemas judiciales.

Daño a la sociedad

Además, dejar impunes los delitos constituye un daño a la sociedad porque revela un encubrimiento de transgresiones de los derechos humanos, corrupción y delincuencia.

La UNESCO señaló, por otro lado, que la ausencia de investigaciones adecuadas de los delitos contra periodistas en muchas ocasiones conduce a agresiones más serias y asesinatos con demasiada frecuencia.

América Latina

En este sentido, se refirió al América Latina donde, según un estudio reciente apoyado por la UNESCO, más del 50% de los profesionales de los medios de comunicación asesinados entre 2011 y 2020 había recibido amenazas previas relacionadas con su trabajo.

“Por tanto, es fundamental fortalecer las investigaciones y juicios sobre las amenazas de violencia contra periodistas para prevenir los crímenes en su contra”, puntualizó Azoulay.

América Latina es la región con más periodistas asesinados a causa de su trabajo en 2020. El 80% de esos crímenes en esta parte del mundo durante la última década ocurrió en Brasil, Colombia, México y Honduras. Según los datos de la organización Reporteros sin Fronteras, en esos cuatro países fueron asesinados 139 periodistas y colaboradores de medios durante ese periodo.

El informe detalla que la mitad de los periodistas asesinados en esos países trabajaba como reportero, fotoperiodista o camarógrafo y colaboraba con, al menos, un medio de comunicación. El 39% cubría asuntos relacionados con la política. Otros temas muy socorridos entre esas víctimas eran el crimen y la corrupción. Los principales objetivos de los asesinos son los periodistas sobre el terreno que denuncian y critican la malversación de fondos y los actos ilegales en su región.

Era digital y violencia de género

En un comunicado conjunto, los expertos en derechos humanos llamaron la atención sobre las nuevas formas que han tomado las amenazas contra los periodistas en la era digital, sobre todo cuando son dirigidas a las mujeres.

Argumentaron que, si bien hombres y mujeres reciben amenazas por su trabajo, son ellas las que corren un mayor riesgo de sufrir ataques sexuales y violencia de género on line que incluyen acoso, trolling, doxing, violación y amenazas de muerte.

“Instamos a los Estados a que prohíban, investiguen y procesen la violencia de género on y off line contra las mujeres periodistas. Tanto los Estados como las empresas deben incluir una perspectiva de género en todas las iniciativas encaminadas a crear un entorno seguro y favorable para los medios de comunicación independientes, diversos y pluralistas”, apuntaron lo expertos.

Los relatores añadieron que los delitos contra periodistas, ya sean por medios tradicionales o digitales, buscan intimidar y silenciar a quienes se atreven a indagar y exponer la verdad. “Los ataques a periodistas son un asalto al derecho de la sociedad a estar informada, al derecho a la libertad de expresión y a muchos otros derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la libertad de las personas afectadas”, enfatizaron los tres relatores.

Los Estados tienen la obligación de investigar de forma rápida, imparcial, exhaustiva, independiente y efectiva todos los delitos contra periodistas, en línea o fuera de línea. Cuando no investigan y procesan esos crímenes, están censurando el discurso, amordazando a los que se atreven a denunciar y haciendo callar a los demás. Además, la falta de investigación adecuada de una muerte potencialmente ilegal se considera, en sí misma, una violación del derecho a la vida”, subrayaron Khan, Alsalem y Tidball-Binz.

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