Más de cien familias son desahuciadas cada día pese a que sufrimos tiempos de pandemia. Tres millones de españoles viven de alquiler, o sea con el miedo en el cuerpo y la incertidumbre de no saber cuándo va a aparecer el casero exigiendo cien euros más. El drama de la vivienda en España corre riesgo de convertirse en otro mal endémico, como el paro, el desastre de la Justicia, la ruina de la investigación científica o la pertinaz sequía. Los sucesivos gobiernos conservadores han agravado el problema (Aznar santificó la mafia de las inmobiliarias con su ley de liberalización del suelo) mientras que los progresistas, pese a la buena intención y los esfuerzos, no han conseguido dar con la llave para controlar la ley de la jungla del mercado del ladrillo.
Todas las grandes ciudades españolas sufren los rigores de la burbuja de los alquileres, pero una vez más Madrid, el parque temático del ultraliberalismo feroz de Díaz Ayuso, se lleva la palma de la injusticia social. Para un trabajador o estudiante con una nómina corriente o bajos ingresos es misión imposible encontrar un piso mediamente habitable. Cualquier húmedo zulo sin ventanas ni luz natural cuesta un dineral. Cualquier cuchitril, no ya en el centro, sino en los barrios periféricos del páramo mesetario, lejos de la civilización, vale un riñón o un ojo de la cara. Por no hablar del bandolerismo de las inmobiliarias, que ya no alquilan a cualquiera y exigen tres meses por adelantado, fianzas millonarias y comisiones a todo trapo. Alguien que haya tenido que pasar por la experiencia de vivir en uno de esos estudios bohemios, cubículos inmundos o minipisos con encanto de apenas veinte metros cuadrados, sabe a lo que nos estamos refiriendo: camas plegables dentro de armarios empotrados, el inodoro dentro de la ducha y la lavadora en un altillo. Auténticas ratoneras de dos por dos donde resulta imposible llevar una vida normal.
El problema de la vivienda es una cuestión trascendental, ya que está en juego un derecho constitucional de la máxima protección. Sin un hogar digno no hay democracia. En buena medida, el movimiento del 15M tuvo su raíz en esa batalla que parece perdida de antemano. Estos días los dos socios del Gobierno de coalición tratan de solucionar el sindiós del mercado de los alquileres. Y, tal como era previsible, el debate entre PSOE y Unidas Podemos está siendo a cara de perro. Unos y otros discrepan en la forma de frenar la estafa, las prácticas mafiosas y el atraco sistemático que sufre el sector. Los socialistas, con el ministro Ábalos liderando el grupo de negociación, apuesta por bonificaciones y medidas fiscales ventajosas para el propietario. Unidas Podemos, por su parte, optar por intervenir el mercado de los alquileres fijando un precio o tope máximo. Es decir, estamos ante dos formas diferentes de entender el problema: la que trata de combinar capitalismo y socialdemocracia y la más radical en la mejor tradición de los regímenes intervencionistas.
Ahora bien, más allá de discusiones ideológicas metafísicas entre unos y otros, cabe plantearse qué efecto beneficioso real tendría para los ciudadanos optar por uno u otro modelo económico. Es evidente que el plan Ábalos para los alquileres no resolvería el problema, ya que por mucho que diga la ministra Calviño medidas fiscales e incentivos similares se han tomado en el pasado por gobiernos de uno y otro signo y no han funcionado. Una vez más, Madrid es ejemplo negativo: allí se bonifica a los propietarios que alquilan sus pisos con hasta el 60 por ciento del precio y la burbuja sigue en un momento álgido. De modo que, por ahí, las medidas de Ábalos se antojan más de lo mismo. Los afectados, por boca de Jaime Palomar, del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, lo tienen claro: “Las bonificaciones no sirven para nada”. Pero el PSOE ha decidido sacar su cara más conservadora en este asunto para no enemistarse con la patronal del sector y el Íbex 35. Sin duda, estamos ante una nueva “calviñada” de la ministra más neoliberal del gabinete.
Pese a todo, el estricto control de precios que propone Unidas Podemos tampoco parece ser un remedio infalible ni una panacea, si nos atenemos a lo que ha ocurrido en otras ciudades europeas. En Berlín el intervencionismo con control de precios funcionó al principio, pero pronto se contrajo la oferta de vivienda y los abusos volvieron a dispararse. En París no tuvo los efectos deseados en sus inicios, aunque ahora se están reduciendo mínimamente los precios. Solo en Viena parece que la medida está contribuyendo a destensionar el mercado. Ya hay economistas que advierten lo que podría ocurrir de aplicarse la propuesta de Podemos: el control de precios siempre da lugar al mercado negro, es decir, el propietario propone un contrato según los límites fijados en la ley pero luego le pide un sobre bajo manga al inquilino con un extra adicional. Es decir: estamos alimentando la economía sumergida y el fraude fiscal mientras los arrendatarios siguen indefensos ante el abuso.
¿Qué se puede hacer entonces? Sin duda, el origen de esta burbuja está en la presión que el mercado de los pisos turísticos ejerce sobre el mercado convencional, arrastrándolo al alza, de modo que limitando los excesos bajarían los precios. Y luego hay un aspecto del que se habla poco. España figura a la cola en construcción de Vivienda de Protección Oficial, es decir, adjudicación de obra de casa barata. En 2008 se construyeron casi 70.000 viviendas con cobertura estatal. Diez años después, la cifra apenas llega a 5.000. Recuperar la fórmula podría ayudar a muchas familias a encontrar una vivienda digna a bajo precio y con el aval del Estado. Pero de momento PSOE y Podemos han decidido no explorar esa tercera vía que podría desbloquear la negociación hoy por hoy enquistada. La ministra de Igualdad, Irene Montero, cree que los socialistas van a rectificar porque “lo que se firma es palabra sagrada”. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, sugiere que cumplir los pactos es “sentarse a debatir los contenidos”. Calviño no se retracta en sus posiciones y Pablo Iglesias advierte: los acuerdos están para cumplirlos; Podemos, que ha hecho bandera de este asunto, no va a consentir que nadie le falte al respeto a los ciudadanos. En esta ocasión parece que la pelea de gallos en el Consejo de Ministros no es simple postureo. Hay quien dice que una de las razones de la salida de Iglesias del Gobierno tiene que ver con el agrio enfrentamiento entre ministros a cuenta del espinoso problema de los alquileres. Sánchez debe andarse con cuidado porque esta vez la cosa va en serio.
