El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha reforzado la protección de las familias y de las empresas contra la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, al aprobar la prórroga durante 2023 de varias medidas temporales cuya vigencia terminaba el próximo 31 de diciembre. Entre otras disposiciones, se mantendrá la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables; el precio límite de la bombona de butano; la suspensión del impuesto al 7% de la generación de electricidad o la exención del 80% del importe de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva. Además, para facilitar el despliegue del autoconsumo, se amplía hasta dos kilómetros la distancia máxima entre las instalaciones de generación y los puntos de consumo, permitiendo instalaciones no solo sobre cubiertas o estructuras artificiales, sino también las situadas en suelo industrial.
El pasado octubre el MITECO lanzó el Plan Mas Seguridad Energética (Plan +SE), con medidas para incrementar la protección de los consumidores durante 2023, como la ampliación de la cobertura bono social –el 40% de las familias con menor renta tienen a su disposición precios regulados con descuentos hasta del 80% en la factura de la electricidad– o la extensión de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural a todos los hogares, ya tengan calderas individuales o comunitarias.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que amplía a 2023 otras medidas cuyo vencimiento estaba previsto al concluir 2022, a la vista de las tensiones inflacionistas y de la incertidumbre que persiste en los mercados internacionales por culpa del referido conflicto bélico y por los desajustes de la cadena global de suministros derivada de la pandemia de Covid-19.
Mantenimiento del escudo social
Así sucederá con dos medidas del escudo social establecido durante la pandemia: la prohibición de interrumpir por impago los suministros básicos de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, y la posibilidad de que los trabajadores en situación de desempleo puedan acogerse al bono social.
En materia fiscal se prorroga la suspensión del Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que grava la generación con un 7%, a la que se añade el mantenimiento de los tipos reducidos del IVA en el 5% para la electricidad, el gas natural y la biomasa para calefacción, y el tipo del 0,5% para el Impuesto Especial sobre la Electricidad.
Como hasta ahora, el precio máximo de venta de la bombona de butano (GLP envasado), estará fijado en 19,55 euros.
Protección de la industria
La industria es uno de los principales focos de atención del Ejecutivo y el real decreto ley aprobado incluye la prórroga de la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva y una mayor seguridad a la hora de contratar el suministro del gas natural para empresas y autónomos.
La norma también prevé la modificación durante el primer trimestre de 2023 de aspectos puntuales de la Planificación Eléctrica en el horizonte 2026 para incluir actuaciones estratégicas para la cadena de valor industrial. Estas actuaciones podrán financiarse con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y no computarán a la hora de calcular el límite máximo de inversión anual en la red de transporte, establecido en el 0,065% del PIB.
La revisión del Planificación Eléctrica es una de las medidas incluidas en el Plan +SE, al igual que la ampliación de la distancia entre la instalación de generación y el punto consumo en el autoconsumo: originalmente fijada en 500 metros, fue ampliada a 1.000 metros el pasado mes de octubre y ahora se duplica nuevamente hasta alcanzar los 2.000 metros en el caso de plantas fotovoltaicas sobre cubiertas, suelo industrial o estructuras artificiales cuyo objetivo principal no sea generar electricidad.
