¿Más impuestos a la comida basura? Los pagarán los que menos tienen

Garzón, no el que fue juez, sino otro con el mismo apellido y que ahora es ministro, ha anunciado que desde su departamento, de formato Little Box, se está estudiando el duplicar el tipo de IVA actual a lo que se denomina comida basura, hamburguesas, pizzas y otros, por afectar negativamente, se aduce, a la salud de los ciudadanos.

Si la iniciativa llegara a convertirse en norma legal ocurriría que a la hora de pagar una hamburguesa pasaríamos de abonar un 10% de IVA, actual, al 21%.

El posible daño o no para la salud de aquellos que ingieran esos alimentos y, sobre todo, el grado en que resultan afectados y de que forma,  corresponde decirlo a los científicos y no a los políticos. Sí es responsabilidad de estos últimos, como todo el mundo conoce, decidir y aplicar las políticas públicas que mejor convengan a los intereses de los ciudadanos, pero no debatir acerca de asuntos de índole científica.

Señala Garzón, el ministro no el juez, en defensa de su proyecto punitivo que en todo aquello que tiene que ver con la comida basura, » hay un elemento de clase: evidentemente, la gente con menos recursos consume peor comida». (Sic) Por eso mismo resulta   incoherente incrementar el precio de ese tipo de alimentos porque son, precisamente, los que consumen las personas con menos capacidad adquisitiva. Más que un beneficio parece un castigo.

Existe una imagen idílica de los establecimientos que expenden este tipo de preparados alimenticios: Una familia, todos guapos, sonrientes, hasta incluso y en apariencia felices, que se zampan esos bollos de pan rellenos carne picada y que tal parece que les produzca hasta el éxtasis total.

Luego existe no una imagen, sino una realidad que es la que se ve en estos sitios a diario cuyos clientes son operarios, oficinistas y estudiantes que eligen este tipo de comida porque sabe bien, es saciante y, fundamentalmente barata. Y punto.

¿Preferirían un menú de 13, 15 euros, con primer plato, segundo, postre, vino y café? Pues claro, no son tontos, lo único que les ocurre es que no tienen mucho dinero

Palo al consumidor

El actual responsable de lo que consumimos los españoles y los que nos visitan (130 millones de personas, 47 nacionales y casi 84 forasteros) alude a uno de los puntos que constan en el acuerdo de Gobierno al que llegaron Unidas Podemos y el PSOE: “estableciendo «obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una revisión de la fiscalidad de los alimentos ultra procesados o ricos en grasas y azúcares». Correcto, pero, ¿a quién se le ocurre leer lo que dicen las etiquetas de los productos alimenticios? Creo que a pocos y pocos quizá son, somos los que entienden, entendemos lo que pone. Por ejemplo, cojo en la despensa de mi casa un bote de melocotón en almíbar y en su etiqueta, además de las frutas, y “Producidos en España, Calahorra, La Rioja”, figura lo siguiente en el capítulo de ingredientes: acidulante, ácido cítrico, endurecedor, cloruro cálcico, antioxidante y ácido ascórbico.

Como para que se te quiten las ganas de comer los melocotones y dando por hecho que esos aditivos no solo serán legales sino también no nocivos para la salud. Vamos a pensar que si.

Es justo en el etiquetado en donde también inciden UP y PSOE al hablar de estos comestibles de vertedero: «Reducir el impacto de la comida basura, al establecer obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una revisión de la fiscalidad de los alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares”.

Lo de revisar la fiscalidad de los alimentos ultraprocesados ya sabemos lo que quiere significar: subir los impuestos. Sin embargo, eso del semáforo nutricional a mi, por lo menos, me resulta difícil de entender. ¿Habrá un guardia que dejará pasar a unos alimentos y a otros no? ¿O multará a unos alimentos y a otros no? Ahí parece estar la cuestión, ni se trata de prohibir sino de castigar fiscalmente al que los consume.

Si un determinado alimento o preparado alimenticio se constata fehacientemente que resulta ser maligno para la salud de las personas lo que quizá se debería hacer es prohibirlo y no engordar la Hacienda pública a costa de la vida de los contribuyentes.

Veamos, esto entonces es como la hipocresía del tabaco, que la Ley obliga a poner en las cajetillas que mata, pero se vende libremente. Y con todo esto el Gobierno gana, ingresando un dinero que se ha empleado en adquirir un producto que ha acabado con la vida de miles de personas.

Desde la industria, y a través de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), su director general Mauricio García de Quevedo ha señalado a propósito de estos proyectos fiscales: «No hay evidencia científica de que ese tipo de medidas sean eficaces porque desde la fiscalidad no se cambian hábitos y comportamientos. Consideramos por tanto, que este tipo de medidas tiene un carácter recaudatorio que solo tiene como efecto disminuir la renta de los ciudadanos, especialmente a los de rentas más desfavorecidas. Los términos comida y basura son incompatibles».

Se acepta que a un ministro le urja prisa comenzar a difundir urbi et orbe la relevancia de sus importantes decisiones y el aporte de las  mismas a la Politología universal, pero por darle un poco de tiempo a la reflexión no solo no pasa nada sino que, lo más seguro, salgamos todos beneficiados, incluso Garzón, no el juez, el ministro.