Hasta hoy reparar un frigorífico de más de seis años, una caldera de siete o un televisor de ocho era misión imposible. Superados los cinco años que obliga la ley actual los fabricantes se eximen de seguir produciendo repuestos forzando a muchos usuarios a tener que comprar un nuevo aparato por falta de piezas.
Diez años para suministrar repuestos
Con la nueva ley, aprobada en abril en Consejo de Ministros, a partir de enero de 2022 esta situación formará parte del pasado: Los fabricantes tendrán la obligación de suministrar repuestos durante diez años y no, como hasta ahora, en los primeros cinco.
Tres años de garantía
Por otro lado, se amplía el plazo de dos a tres años la garantía que tendrá un producto adquirido por un consumidor particular. En el caso de que el producto sea digital, se mantendrá en dos años, y en un año si el producto es de segunda mano. En transacciones de compra-venta a empresas, el periodo se mantiene inalterable en un año.
Límites a la obsolescencia programada
En cualquiera de los dos casos, los consumidores, y también el medio ambiente, salen beneficiados al equilibrar las relaciones con los fabricantes que verán más complicado implantar la obsolescencia programada e incentivar la compra de nuevos bienes.
El espíritu de la ley se centra en promover la reparación y en alargar, el mayor tiempo posible, la vida útil de los aparatos, evitando su llegada al punto limpio antes de lo necesario.
El medio ambiente sale ganando
En este mismo sentido, si hasta ahora, desde la compra un consumidor tenía seis meses para demostrar su disconformidad con el producto adquirido, la ley 6872 del 28 de abril , aumenta ese plazo a dos años.
De esta manera, la nueva ley garantiza la prolongación de la durabilidad de los bienes, en un claro gesto hacia la economía de los usuarios, y por otro, la sostenibilidad de un sistema de producción de bienes y servicios y de un consumo responsable. Como efecto colateral, el medio ambiente, sale agradecido.
La iniciativa del gobierno de coalición se engloba dentro del marco de la Agenda Europea del Consumidor y de laDirectiva Europea (UE) 2019/771 de 20 de mayo de 2019 que pretende, por un lado, garantizar los derechos de los consumidores y, por otro, favorecer la sostenibilidad del sistema productivo de bienes y servicios.
El alcance de la nueva norma es una incógnita. Queda por determinar si aun existiendo piezas, resultará económica la reparación en un contexto de constante guerra de precios que sacude al sector con ofertas agresivas y muy atractivas para los clientes, de fabricantes y grandes superficies. Hasta ahora, muchos usuarios descartaban la prolongación de la vida útil del bien, al detectar que el coste de su reparación superaba el importe de uno nuevo.
Algunas objeciones a la ley
El nuevo marco regulatorio para las garantías de los bienes es general y abarca tanto a productos que “envejecen” rápidamente por el avance de la tecnología como puede ser un móvil, cuya vida media es de 2-3 años o una tablet o un ordenador, de aproximadamente 5-6 como para un coche o una caldera que pueden funcionar correctamente hasta los 15-20 años.
En consecuencia, la ley es vinculante para todos los fabricantes sin atisbo de matización entre bienes con ciclos de vida diferentes. La aplicación de la norma, en estos casos, puede aparejar la obligación a los fabricantes de contar con piezas en stocks de aparatos que, los clientes, por obsolescencia tecnológica (como por ejemplo en los móviles) descarten la reparación.
La normativa que entrará en vigor en sólo dos meses forzará un reajuste del mercado en la producción y, tal vez, en los hábitos de los consumidores.
