¿Es la red de seguridad alimentaria española realmente eficaz o por el contrario la maraña de organismos oficiales (con duplicidad de competencias entre la administración central y la autonómica) se ha burocratizado hasta tal extremo que en ocasiones es incapaz de detectar crisis de gran envergadura, como el reciente brote de listeria que ha dejado al menos dos fallecidos y 200 personas en el hospital? Uno de los pocos estudios sobre percepción de la seguridad alimentaria fue elaborado en 2005 por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del CSIC. Casi la mitad de las empresas consideró entonces “insuficiente” la reglamentación sobre control en la venta de alimentos en España, frente a una minoría que la consideró “efectiva”. En total, el 65% de las empresas (casi dos tercios del sector industrial de la alimentación) se mostró “descontento” con el sistema de regulación (sumando a quienes en la encuesta respondieron que la reglamentación les parecía “insuficiente” y a los que se les antojaba “inefectiva”). Solo una minoría la consideró “eficaz”. El dato positivo fue que el porcentaje de empresas que desconocía la reglamentación de seguridad alimentaria descendía al 5% en comparación con el 14% que dijo ignorar la regulación europea.
España, un país con un potentísimo sector agroalimentario, ha sufrido graves episodios de epidemias y brotes tóxicos ya en democracia. El caso de la colza, el síndrome del aceite tóxico, fue un punto de inflexión que cambió muchas cosas. Aquella epidemia detectada en la primavera de 1981 demostró que el nuestro era un país tercermundista en lo que se refería a prevención de enfermedades por contagio alimentario. El síndrome tóxico dejó alrededor de 25.000 afectados en una veintena de provincias y más de 300 muertos. Se consideró un episodio de “emergencia pública”, el Tribunal Supremo estimó probada la relación de causalidad entre la ingesta de aceite de colza desnaturalizado y la enfermedad y se condenó a los industriales responsables de la distribución y comercialización del aceite, así como al Estado como responsable civil subsidiario.
Hoy la sombra de la colza retorna de nuevo, esta vez a cuenta de la carne mechada contaminada con la listeria, uno de los agentes patógenos más virulentos con una tasa de mortalidad de entre el 20 y el 30 por ciento. Las alarmas han vuelto a saltar después de que se haya producido una lamentable cadena de fallos, el primero y más grave la gestión nefasta de la Consejería de Salud del Gobierno andaluz y su falta de transparencia. El debate sobre la seguridad de los alimentos que consumimos vuelve a estar encima de la mesa y debemos plantearnos si nuestros organismos de control han funcionado correctamente.
Teóricamente contamos con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESA) para detectar este tipo de brotes alimenticios tóxicos. Una de sus tareas es “coordinar el funcionamiento de las redes de alerta existentes en territorio español y su integración en los respectivos sistemas comunitario e internacional”, así como “la realización de análisis, pruebas y ensayos sobre la calidad y seguridad de los alimentos, bienes y servicios de uso y consumo, la formación y asesoramiento de personal técnico, el desarrollo de métodos analíticos y su difusión”. Organismos como la AESA cuentan, en principio, con mecanismos y resortes para dar respuesta adecuada a una crisis como la originada por la listeria. Sin embargo, está claro que algo en los controles administrativos ha fallado.
Una encuesta reveladora
La cuestión de la confianza de los empresarios y consumidores en el sistema de seguridad alimentaria es crucial, porque fue precisamente esa falta de confianza la que impulsó el radical rediseño del sistema de control alimentario a finales de los años 90. Hoy apenas existen encuestas ni estudios fiables sobre la percepción de la seguridad que tienen los agentes sociales. El estudio elaborado por los expertos del CSIC arrojó datos reveladores pero que probablemente hoy se han quedado viejos.
La encuesta iba dirigida a empresarios y consumidores y reveló que la valoración que la industria de alimentos hacía entonces del sistema de seguridad alimentaria en España y en la Unión Europea era “ambivalente”. Otra conclusión resultó cuanto menos inquietante: los empresarios y ciudadanos sometidos a la encuesta coincidieron en que “las consecuencias para las instituciones encargadas de velar por la seguridad alimentaria, tanto a nivel español como a nivel europeo, pueden ser potencialmente graves”.
Con todo, los expertos aclararon que el nuevo sistema de seguridad alimentaria (resultado del rediseño que se puso en marcha a finales de los años 90) “lleva poco tiempo de pleno funcionamiento y tardará en hacerse conocer entre todos los actores; la falta actual de aceptación se puede convertir en un problema en el futuro”. Eso fue en 2005. Han pasado 14 años y siguen produciéndose episodios de contagio.
