Científicos de la Plataforma 5SY6S estudian acudir a los tribunales para exigir que el Gobierno cumpla la decisión del Tribunal Supremo que le obliga a aplicar los mismos conceptos retributivos para todo el personal científico.
La Plataforma 5sy6s por el cumplimiento de la Ley de la Ciencia está formada por 515 científicos de los OPI lo que constituye más del 60% del personal integrante de las escalas científicas de los OPI especializados, IEO, INIA, ISCIII, CIEMAT, INTA, IGME. Esta Plataforma surgió a finales del 2016 como respuesta al incumplimiento de la Ley de la Ciencia por parte del Gobierno y tiene como fin exigir el cumplimiento del artículo 25 de la Ley de la Ciencia que extiende el sistema retributivo de los científicos del CSIC existente desde 1998 al resto de científicos de los OPI. Las nuevas escalas establecidas por la Ley de la Ciencia para todos los OPI, incluido CSIC, se aplicaron a comienzos del 2012 y desde entonces, ni el anterior gobierno del PP ni el actual del PSOE, han hecho extensivo el sistema retributivo del CSIC al resto de los OPI.
La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011 (Ley de la Ciencia) establecía la equiparación de las retribuciones entre científicos españoles independientemente del Organismo Público de Investigación (OPI) en el que estuvieran trabajando. Esta equiparación tenía que surtir efecto con fecha de 1 de enero de 2014. Sin embargo, a día de hoy y a pesar de las continuas peticiones por parte de colectivos de científicos afectados al Gobierno esto no ha ocurrido, según denuncia la Plataforma 5SY6S.
“El Gobierno desafía la ley”
Según explican los portavoces de esta plataforma, “Hartos de que los diferentes gobiernos hayan incumplido reiteradamente lo legislado en la Ley, 515 científicos de los diferentes OPI han pedido la intervención del defensor del Pueblo, toda vez que ni las sentencias del Tribunal Supremo parecen ser suficientes para que el Gobierno entienda la ilegalidad en la que está instalado”.
Según explican, el pasado 5 de abril de 2018 el Tribunal Supremo sentenció a favor de este colectivo y condenó al Gobierno a cumplir la Ley y a extender el sistema retributivo del CSIC a todos los OPI. El plazo dado por el Supremo se cumplió el pasado 9 de enero sin que el Gobierno muestre un avance claro en cumplir esta sentencia antes de que finalice esta legislatura. El colectivo presentó el pasado 27 de febrero una diligencia ante el Supremo solicitando la ejecución de sentencia. Tras esta petición, este mismo colectivo está ya dando los primeros pasos para interponer demandas por responsabilidad patrimonial del Estado.
Desafío
Con esta desobediencia al tribunal Supremo, el Gobierno desafía la ley consolidada y aprueba, de manera tácita, una discriminación de los investigadores españoles que somos calificados de primera o de segunda clase en función del centro al que pertenecemos, no en base a la excelencia científica que tanto pregona el ministro Duque. Un investigador de un OPI no CSIC puede cobrar en la misma categoría hasta 900 € mensuales menos que un compañero del CSIC o de la Universidad.
El colectivo encuadrado en la Plataforma Quinquenios y Sexenios (5sy6s) manifiesta su estupor ante la situación en la que ha caído la ciencia en España. No se trata solo del problema mencionado de incumplimiento de la Ley de la Ciencia en lo referente a equiparación salarial, es que todo el trabajo científico de los OPI está totalmente supeditado a la burocracia establecida por el Ministerio de Hacienda, que los ha llevado a un estado caótico no solo en lo que a gestión de recursos humanos se refiere sino, también, en lo referido a gestión y operatividad. La ejecución presupuestaria de muchos de los OPI ha caído a niveles insostenibles y los expedientes bloqueados de compra de equipos alcanza niveles astronómicos. De hecho, la
Plataforma 5sy6s
Plataforma 5sy6s se plantea interponer una denuncia ante la Inspección de Servicios para que analice la situación de estos Centros que se están muriendo por la inacción del Gobierno. El Gobierno cree que con la aprobación del RDL del pasado día 8 de febrero de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad el problema está resuelto y eso no es así porque su puesta en marcha va a llevar mucho tiempo dadas las continuas dilaciones y obstáculos que pone el Ministerio de Hacienda en general y los interventores de los centros en particular.
Los OPI no pueden aguantar a que todas estas medidas acaben cristalizando en algo, ya que su situación es tan angustiosa que solo una decidida y férrea voluntad del propio Presidente del Gobierno será capaz de evitar su definitivo colapso.
Imagen del excesivo control que tiene Hacienda sobre cualquier tipo de medida de tipo administrativo es el caso anteriormente mencionado sobre la situación laboral de los investigadores de los OPI, que ni siquiera las sentencias favorables del Tribunal Supremo son capaces de subvertir.
