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Más de 38 años de cárcel y 148 latigazos para una defensora de los derechos de la mujer en Irán

Nasrin Sotoudeh, abogada especializada en derechos humanos, termina en prisión por su lucha contra la discriminación sexista del régimen de Teherán

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análisis

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Las mujeres siguen siendo tratadas como auténticas esclavas sin derechos en Irán. De nada han servido las promesas de reformas del nuevo Gobierno, que sigue castigando duramente a toda iraní que se atreve a ir en contra de la legislación patriarcal impuesta por los clérigos integristas. Nasrin Sotoudeh, como otras tantas miles, está sufriendo en sus propias carnes los desmanes de un régimen totalitario y machista. Según Amnistía Internacional, Nasrin es una abogada que defiende a aquellas mujeres dispuestas a negarse a acatar las degradantes normas religiosas sobre el uso del velo o el hijab. Y su valentía le ha costado caro.

El Gobierno de Teherán prohíbe que las mujeres y las niñas salgan de sus hogares a menos que se cubran el cabello con un pañuelo y los brazos y las piernas con ropa suelta, nunca ajustada. Nasrin, como letrada especializada en derechos humanos, quiso acabar con esa discriminación y ha sido detenida por ello. Las autoridades iraníes interpretan que sus alegatos atentan contra la seguridad nacional o suponen un insulto al “Líder Supremo”. Y le han impuesto la pena más severa y cruel; 38 años de cárcel y 148 latigazos. “La de Nasrin es la sentencia más dura que se recuerde en muchos años contra un defensor o defensora de los derechos humanos”, denuncia Amnistía Internacional.

La represión en Irán no cesa. El pasado mes de mayo, otro abogado, Amirsalar Davoudi, fue condenado a 30 años de prisión y 111 latigazos por denunciar violaciones de derechos humanos a través de la aplicación de mensajería móvil Telegram.

En los últimos meses, las mujeres iraníes han sido protagonistas de pequeños gestos tan valientes como arriesgados. En abril, Yasaman Aryani, su madre Monireh Arabshahi y otras activistas, se quitaron el velo y repartieron flores en el metro de Teherán. Varios vídeos de la escena inundaron las redes sociales y el gesto se convirtió en toda una declaración de principios.

A los pocos días, Yasaman fue detenida, conducida a un lugar desconocido e interrogada. Su madre, Monireh, fue arrestada un día después cuando intentaba averiguar el paradero de su hija. Ambas han sido condenadas a 16 años de prisión tras un juicio injusto en el que “ni siquiera se les permitió el acceso a sus abogados y en el que el presidente del tribunal les gritó e insultó”, denuncia la organización internacional.

En los últimos años, el movimiento de rechazo a las leyes del velo obligatorio en Irán ha llevado a mujeres y niñas, y también a algunos hombres, a protagonizar actos de protesta y desafíos en defensa del derecho de las personas a decidir qué llevar puesto sin temor a ser hostigadas, agredidas, amenazadas o encarceladas. “Actos que han provocado una siniestra campaña de represión que debe parar”, insiste AI.

Hasan Rohaní ganó las elecciones presidenciales en el año 2013 con algo más del 50% de los votos. Millones de iraníes sedientos de cambio, cansados de las políticas y los abusos contra la sociedad civil del ultraconservador Mahmud Ahmadineyad, depositaron su confianza en este clérigo al que algunos expertos en política internacional calificaron de “moderado”. “Cientos de miles de mujeres vieron en su figura la persona que podría cambiar el estatus social al que se ven relegadas, obligadas a ver rebajado su rol en la sociedad por debajo del masculino”, aseguraba entonces un artículo de Periodismo Humano.

Sin embargo, Rohaní no está cumpliendo sus promesas electorales sobre igualdad de género. La subordinación del poder político por parte de la jerarquía religiosa impide que se puedan aprobar leyes igualitarias. Más de 41.000 niñas de entre diez y catorce años contrajeron matrimonio en Irán entre 2013 y 2014, según Justice for Iran. Otros datos de Naciones Unidas revelan que el salario de un hombre en aquel país es casi cinco veces superior al de una mujer. La represión religiosa es la más cruenta en muchos años, sin que las autoridades políticas hagan nada por acometer las reformas necesarias, según denuncian las organizaciones en defensa de los derechos civiles.

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